El gobierno español dejará de financiar más de 450 medicamentos, una nueva medida de austeridad, criticada por médicos y consumidores, en el marco de los recortes en el sector para tratar de ahorrar unos 7.000 millones de euros.

La nueva medida, que la ministra de Sanidad, Ana Mato, propondrá este miércoles por la tarde a las regiones, busca ahorrar 440 millones de euros, según el documento de la propuesta hecho público por la prensa española.

"Se han identificado un total de 456 medicamentos susceptibles de ser excluidos de la financiación pública", según ese documento, que afirma que los médicos podrán seguir recetándolos "si bien deben saber que los pacientes tendrán que satisfacer la totalidad de su precio".

Contactado por la AFP, el ministerio de Sanidad español rechazó dar detalles remitiendo a la rueda de prensa posterior a la reunión de la tarde en la que las regiones, a las que están transferidas las competencias en Sanidad, serán informadas por la ministra Mato de este tema, entre otros.

"En conjunto, nos parece adecuado racionalizar la oferta del sistema público en España", dijo a la AFP el doctor Bernardo Sánchez, de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

"El problema es que en la lista se han colado algunos medicamentos que si son realmente útiles para patologías concretas" como la codeína o la acetilcisteína, afirmó.

Para el doctor Sánchez, coordinador en Andalucía de la FADSP, se corre el riesgo de que algunos de los medicamentos que se van a retirar "se sustituyan por otras alternativas que sí son más caras".

"El ejemplo claro es la codeína. Utilizada como analgésico es muy barato, si se retira los médicos pueden utilizar otros más caros", advierte.

Lo mismo piensa la asociación de consumidores FACUA, que asegura que "numerosos médicos recetarán, como sustitución, fármacos que sí estén financiados, indicados para dolencias más graves y generalmente más caros".

Además, "los usuarios pagarán íntegramente cientos de fármacos de uso común que antes estaban financiados", insistió la asociación en un comunicado, que considera que la medida "continúa el proceso de desmantelamiento de la sanidad pública".

La iniciativa se une a las distintas medidas de ahorro en el sector, como el copago de medicamentos en función de la renta, que entrará en vigor a partir del domingo en España, o el cierre o privatización de algunos centros sanitarios llevados en regiones como Cataluña o Baleares.

Además, a partir del 1 de septiembre, los inmigrantes irregulares sólo tendrán derecho a pediatría, asistencia al embarazo y atención de urgencias, una medida con la que el gobierno espera ahorrar 500 millones de euros, pero que ha sido cuestionada por varias comunidades autonómicas.

Estas iniciativas han llevado a varias movilizaciones de médicos y usuarios, la última la que mantienen desde el martes y hasta el jueves los profesionales sanitarios de la comunidad de Madrid en protesta, principalmente, por el nuevo recorte salarial del 3,3% a los empleados públicos decidido por el gobierno regional.

El sindicato médico AMYTS, convocante de la huelga, manifestó "su profunda preocupación por los recortes y +repagos+" farmacéuticos, considerando que se pone en peligro el sistema público de salud.

Las medidas de ahorro sanitario se enmarcan en la política de austeridad del gobierno español, que quiere reducir el déficit público del 8,9% en 2011 al 5,3% este año.