El gobierno ecuatoriano rechazó el martes el pedido de medidas cautelares que formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de tres opositores prófugos, incluido un legislador, sentenciados a prisión por injuriar al presidente Rafael Correa.
En un comunicado, la cancillería deploró la solicitud de la CIDH y criticó la que llamó "creciente politización" de la Comisión, un organismo adscrito a la OEA cuyas decisiones no son consideradas de obligatorio cumplimiento por el Estado ecuatoriano.
Quito "deplora que la CIDH haya solicitado estas medidas cautelares sin haber revisado correctamente la información suministrada y que no considere todos los elementos necesarios del juicio", indicó el ministerio en un comunicado.
El caso que nuevamente tensa las relaciones entre el gobierno de Correa y la CIDH -criticada por Quito por su supuesta subordinación a Estados Unidos- involucra a un diputado y otros dos opositores que fueron condenados a prisión por injuriar al presidente.
El viernes, la justicia ecuatoriana ordenó la captura del diputado Cléver Jiménez, su asesor y periodista Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa, tras un proceso iniciado en 2011 por injuria judicial contra Correa.
El legislador y los otros dos implicados denunciaron al mandatario ante la fiscalía por supuestos delitos de lesa humanidad, a raíz del rescate militar de Correa de un hospital donde se refugió tras una revuelta policial que dejó diez muertos en 2010.
El gobernante fue acusado de ordenar su liberación a sangre y fuego, lo que la fiscalía consideró como una denuncia "temeraria" que dio pie a la contrademanda de Correa.
En su pronunciamiento, la cancillería dijo que en este caso "se cumple el debido proceso judicial -que es absolutamente legítimo y no puede ser interferido-", por lo que no caben medidas de protección a favor de los sentenciados.
Acompañado de Figueroa, el legislador de Pachakutik, brazo político indígena, todavía no ha sido apresado, y según su abogado está bajo la protección de grupos nativos en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (sureste), mientras Villavicencio está en Estados Unidos.
Jiménez tilda de político el proceso en su contra, y asegura que le fue violada su inmunidad parlamentaria.
Además de la CIDH, el sistema interamericano está conformado por una corte de derechos humanos cuyas sentencias son vinculantes para los Estados miembros.
Correa, que ha alentado juicios y sanciones de órganos de control contra medios y periodistas por injurias, ha amenazado varias veces con separar al país de la CIDH por su supuesta parcialidad con la oposición ecuatoriana.