Tener hasta 40 gramos de marihuana mensuales a consumidores registrados y seis plantas a quienes las cultiven y 90 a clubes de consumidores, fijará el gobierno de Uruguay según el texto para regular la producción y venta de cannabis que comenzará a ser estudiado hoy en una comisión legislativa.

El proyecto de 36 artículos completado luego de tres meses de debates entre el Poder Ejecutivo y legisladores del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) será presentado formalmente el jueves a la Comisión especial de adicciones de la Cámara de Diputados para comenzar a debatirlo, y que pueda ser sometido a votación en el plenario antes de fin de año, dijo a la AFP el diputado oficialista Julio Bango, integrante de la comisión.

"El Estado (...) asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de cannabis o sus derivados", sostiene el texto, al que accedió la AFP y que defiende la aplicación de una "política orientada a minimizar los riesgos y reducir los daños del uso del cannabis".

El proyecto prevé la creación de un organismo público no estatal, el Instituto Nacional del Cannabis (INCA), que regulará desde la plantación hasta la distribución y expendio de la marihuana, además de fiscalizar el cumplimiento de la norma.

Según el texto, se permitirá el cultivo doméstico de cannabis con un límite de hasta seis plantas y de hasta 480 gramos anuales producto de la recolección.

El INCA también autorizará la creación de clubes de membresía, que podrán tener un máximo de 15 socios, 90 plantas y cosechar un tope de 7.200 gramos anuales.

Actualmente el consumo de marihuana no está penado en Uruguay y queda librado a los jueces cuánto puede tener una persona para consumo propio para no ser castigada penalmente.

Quienes no sigan el mecanismo legal de consumo, producción o autocultivo seguirán siendo pasibles de sanciones penales, aclaró Bango.

"Si alguien compra en el mercado negro, queda sometido a las disposiciones penales que van a seguir rigiendo", enfatizó. En caso de que quienes estén autorizados no cumplan con las normas de seguridad o permisos, serán pasibles de una multa que irá desde USD 600 hasta USD 60.000./AFP