El gobierno estadounidense invocó motivos de seguridad nacional para pedir al juez militar de Guantánamo que "reconsidere parcialmente" un pedido que hizo a las autoridades para que entreguen información sobre las prisiones secretas de la CIA.

Durante una audiencia preliminar del juicio del presunto cerebro del atentado contra el "USS Cole" cometido en 2000, el fiscal Mark Martins evocó "exigencias de seguridad nacional" para justificar la posición contraria del gobierno estadounidense a brindar la información pedida por el coronel James Pohl del 14 de abril.

Pohl ordenó al gobierno que entregue a la defensa del acusado varias informaciones sobre el programa secreto de detención e interrogatorios de la CIA, incluyendo nombres, fechas y lugares de las prisiones secretas donde estuvo él, así como también de acusados por los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El saudí Abd al-Rahim al-Nachiri, que podría ser condenado a muerte por el atentado contra el navío estadounidense en Yemen en el que murieron 17 personas, fue sometido a duros interrogatorios durante su detención en una prisión secreta entre su arresto en 2002 y su traslado a Guantánamo en 2006.

Martins planteó ante el juzgado militar de Guantánamo un recurso para "repensar ciertas cosas" porque "algunos intereses significativos del gobierno están en juego" y ciertos asuntos están clasificados como secretos.

Los abogados de los cinco acusados del 11-Setiembre, que también habrían sufrido torturas en las prisiones de la CIA, indicaron a la prensa que habían pedido al juez James Pohl que solicitara la misma información para sus caso.