Para combatir los delitos de la delincuencia organizada internacional como el narcotráfico y la trata de personas y migrantes, el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, propuso la creación de un tribunal penal de la Unasur .

"La propuesta de crear una corte penal de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) está fundado en el interés de nuestros países de enfrentar los delitos y a las organizaciones de las cuales provienen esos delitos, en la mayoría organizaciones criminales internacionales", dijo Chiriboga en Buenos Aires al participar como observador en una reunión de fiscales del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y donde presentó la iniciativa.

El funcionario, ex embajador de Ecuador en España, señaló que el ámbito específico de esa corte serían "los delitos transnacionales relacionados con la delincuencia organizada" e identificó entre ellos "el tráfico de estupefacientes, trata de personas, tráfico de migrantes, hechos de corrupción e incluso tráfico de bienes culturales y delitos cibernéticos".

"Dentro de las iniciativas de la Unasur que deben concretarse en un plan de lucha contra la delincuencia organizada, una de esas iniciativas puede ser la corte penal internacional" del bloque regional, planteó Chiriboga.

El fiscal general ecuatoriano fundamentó la propuesta en que "las organizaciones internacionales dedicadas al crimen operan al mismo tiempo" en la región y en ese sentido abogó porque el espacio sudamericano tenga "una institucionalidad mucho más internacional, que abarque a todos los países".

"La idea básica para el funcionamiento del tribunal es que los fiscales generales de los 12 países de la Unasur actúen como fiscales adjuntos de la corte, y además contar con un fiscal general que atendería los casos que lleguen en apelación a la corte", explicó Chiriboga.

Desestimó que las funciones del eventual tribunal de Unasur se contrapongan con las de otros organismos de competencia regional como la Organización de Estados Americanos (OEA).

"En muchas de las organizaciones jurídicas internacionales son los estados los que están sujetos a la revisión de sus conductas. La diferencia con este tratado es que no serán los estados los que sean llevados a la corte, sino que estos llevarán a la corte a las organizaciones criminales", afirmó Chiriboga, también ex ministro de Minas y Petróleo de Ecuador.

Agregó que el tribunal regional no tendrá competencia en hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos porque ya existen otros organismos, como la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana.

No obstante, admitió que el proceso hacia la constitución del organismo regional es "complejo desde el punto de vista diplomático, jurídico y político" y requiere "una decisión política" de las naciones de la región a través de un acuerdo de los jefes de Estado.