El gobierno interino de Brasil anunció que enviará al Congreso una propuesta para limitar por 20 años la expansión del gasto público, en una medida que busca atacar el creciente problema del déficit fiscal.

El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, dijo que la iniciativa -bajo forma de una enmienda constitucional- pretende ajustar el gasto primario al techo que establezca la tasa de inflación del año precedente.

"No hay posibilidades de que sigamos en Brasil gastando mucho más de lo que la sociedad puede pagar. Es importante que revirtamos ese proceso y por eso presentamos un nuevo régimen fiscal, que limita los gastos públicos", dijo Meirelles en una rueda de prensa.

El gobierno del presidente provisorio Michel Temer espera que la enmienda entre en vigencia en 2017 y prevé la opción de modificar el método de cálculo en el décimo año. Antes, deberá pasar el filtro de un Congreso que se ha mostrado favorable al nuevo gobierno, pero que deberá reunir una mayoría especial por tratarse de un cambio a la Carta Magna.

"Es un proceso que puede demandar algún tiempo (...) El objetivo es aumentar el potencial de crecimiento de Brasil", resumió Meirelles.

El proyecto contempla castigos para los poderes que no cumplan con el techo fijado, como prohibir ajustes salariales de servidores públicos, incrementos de la plantilla o la realización de concursos públicos.

La economía brasileña descarriló en 2015, cuando cayó 3,8%, con una inflación de dos dígitos. En 2016, el desempleo saltó hasta un récord de 11,2% y el gobierno proyecta que cerrará con un enorme déficit fiscal primario cercano a los 47.000 millones de dólares.

El PIB se contrajo 0,3% en el primer trimestre de 2016 y los operadores esperan que el año cierre con una caída de 3,6%, en momentos en que el país se encamina hacia su peor recesión en más de 80 años.

Brasil también está en medio de un controvertido proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, suspendida en mayo por el Senado por supuesta manipulación de las cuentas públicas, y reemplazada por su vicepresidente, que conducirá el país hasta que se defina el caso a mediados de agosto, en pleno desarrollo de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.

Si Rousseff es finalmente condenada, Temer terminará el mandato, que culmina a fines de 2018.