Varios aspectos de lo que sería el proyecto de reforma a la justicia q1ue el Gobierno tiene en la cabeza y que discutirá con las altas Cortes, fueron anticipados ayer por el ministro Alfonso Gómez Méndez en Cartagena en el marco del Primer Conversatorio Internacional de Consejos Superiores de la Judicatura, Gobierno y Disciplina Judicial.

Gómez Méndez tocó temas álgidos y polémicos de la rama judicial como son la función electoral que tienen las altas Cortes, la supresión o no del Consejo Superior de la Judicatura así como la edad de retiro forzoso de los magistrados y la supervivencia o no de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Todos estos temas fueron abordados por la reforma a la justicia que el Gobierno consensuó durante más de un año con las altas Cortes, pero que finalmente sufrió un descalabro a mediados del año pasado, cuando el Congreso en sesiones extras archivó el proyecto por pedido del presidente Santos, quien en un hecho inédito hasta ese momento se negó a promulgar un acto legislativo aprobado por el Congreso argumentando que fueron introducidos varios ‘micos’ en la etapa de conciliación.

De ese momento a hoy, el Gobierno cada vez más ha insistido en la necesidad de hacer esta reforma, incluso se ha aventurado a dar fechas. “Vamos a hablar de los problemas de la Rama y, dentro de un proceso de diálogo como lo hemos manifestado, también vamos a trabajar para conseguir los insumos necesarios que nos permitan tener en lo posible un anteproyecto de reforma a la justicia para el mes de marzo”, manifestó hace dos semanas Alfonso Gómez.

Qué dijo el Ministro

Precisamente con un primer debate abierto entre la Rama Judicial y el Gobierno de lo que debería ser la reforma a la Justicia, inició el Primer Conversatorio Internacional sobre Consejos Superiores de la Judicatura. En el evento, el Ministro de Justicia aseguró que ante la crisis, el poder judicial tiene que salir fortalecido para que siga siendo el poder legítimamente garante del Estado Social de Derecho.

“De acá saldrán ideas para que podamos salir de esta encrucijada. Debemos aprovechar esta crisis para que Gobierno, Rama Judicial y Congreso encontremos la mejor salida, sobre el supuesto de que debemos encontrar de qué manera funcionen los controles internos y externos y mantener la legitimidad que siempre ha tenido el poder judicial en el funcionamiento del Estado”, indicó.

Durante su intervención, el Ministro de Justicia reveló su posición frente a puntos clave de la pretendida reforma a la justicia, como el quitarle la función electoral a las altas Cortes: “Esto las ha distraído de su función central que es la de fallar los asuntos de su competencia”, indicó. También manifestó su intención de revisar si la estructura constitucional con la que funcionan la Sala Administrativa y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura realmente ha funcionado.

“En el tema de la Sala Disciplinaria se necesita un ente que de un lado resuelva los conflictos de competencia entre las diferentes jurisdicciones y que discipline a jueces y altos funcionarios. (…) Se necesita un sistema disciplinario pronto y oportuno: ha pasado en todos los regímenes disciplinarios, que buscaban ser ágiles, que se repite la pesadez del proceso penal. Y muchas veces sale primero la sentencia penal que la disciplinaria”, dijo el Ministro ante los presidentes de las altas cortes e invitados al conversatorio.

Gómez Méndez también se mostró partidario de que la edad de retiro forzoso de los magistrados se aumente a los 70 o 75 años y que se cambie el esquema constitucional de 1991 mediante el cual los magistrados de las altas Cortes y los miembros del Congreso de la República quedaron en posición recíproca de investigados e investigadores. “En todo Estado de Derecho se necesita un sistema de control interno que funcione, no hay ningún funcionario que pueda estar encima de la posibilidad del control”, dijo.

En cuanto  a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara dijo que “el sistema de los colombianos de juzgar a los altos funcionarios del Estado por parte del Congreso no ha funcionado por múltiples razones. Este es el único país en el mundo en donde no han prosperado procesos contra presidentes y expresidentes de la República”.