Las entidades del Gobierno que fueron llamadas por la Fiscalía para participar como víctimas en el proceso que sigue por la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las Farc, tienen el deber de atender el llamado del ente investigador, declaró ayer el ministro de Justicia y del Derecho Juan Carlos Esguerra.

“Se trató de una determinación que adoptó en primera instancia la Fiscalía General de la Nación, que decidió, de acuerdo con lo que señala la ley, citar a la Presidencia de la República y a otras instituciones del Estado: Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, y algunas otras, para que se hagan presentes como víctimas dentro del trámite del respectivo proceso.

Eso significa que en su momento se verá si en efecto tuvieron o no la condición de víctimas y qué efectos produjo esa condición en materia de unos eventuales perjuicios”, afirmó el alto funcionario.

Esguerra indicó que las entidades que fueron citadas tienen la obligación de comparecer y atender la citación de la Fiscalía: “Si se determina que hubo ese detrimento patrimonial y que estas entidades no se hicieron parte dentro del proceso en esa condición de víctimas para efecto de hacer valer sus derechos, desde luego contra esas personas se vendrá el peso íntegro de la ley por no haber cumplido con sus obligaciones”.

El ministro Esguerra aclaró también que dentro de esta investigación que adelanta la Fiscalía determinarán si las entidades realmente tuvieron la condición de víctimas y quién fue el autor o grupo contra quienes se dirigirá el respectivo cobro de este detrimento patrimonial.
“De parte de la Fiscalía no ha habido ni está habiendo persecución política de ninguna naturaleza, sino el cumplimiento de su deber respecto de la necesidad de investigar, como corresponde, aquellos casos en los que tiene conocimiento o tiene indicios o tiene información más o menos concreta sobre la posibilidad de que se hubiera cometido un delito y de que lo hubiera cometido determinada persona”, puntualizó.

“Prejuzga”: Uribe

Mientras tanto, el ex presidente Álvaro Uribe insistió ayer en que el presidente Juan Manuel Santos presiona a la Justicia colombiana al constituirse en víctima dentro del caso que tiene como principal acusado al ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.

Uribe reaccionó, como lo había anunciado desde el pasado viernes, considerando como una obligación del Presidente “discrepar de la justicia, no obstante su independencia, cuando los hechos y decisiones lo ameriten”.

Para Uribe, “anunciar la Presidencia que se constituye en víctima sin un análisis de los hechos y del material probatorio que se supone la Fiscalía debe revelar en la audiencia de acusación, equivale a prejuzgar en contra del doctor Restrepo y de integrantes del Ejército Nacional incluidos en la noticia de imputación, o pudiera interpretarse que la Presidencia posee información privilegiada en contra del doctor Restrepo”.

Además, según Uribe, “la decisión de la Presidencia avala, sin análisis, la determinación de formular la imputación, con lo cual se transmite el mensaje de estar de acuerdo con la Fiscalía en contra del doctor Restrepo y de los integrantes del Ejército, que a su vez se convierte en una presión a los jueces para aceptar la imputación, encarcelar y condenar a estas personas”.

Hipótesis

El valor del detrimento patrimonial puede verse a partir de los 1.260 millones de pesos con los que la Nación había beneficiado a los falsamente desmovilizados, a razón de 7 millones de pesos durante seis años a cada una de las 30 personas que recibieron salud, educación y vivienda.

Mildred Harmann, abogada de Restrepo, aseguró que su cliente no descarta la posibilidad de pedir una veeduría internacional, argumentando que la Fiscalía no le ha otorgado garantías judiciales: “Yo creo que cuando uno no puede solicitarle al Estado que le expida copia de documentos públicos o de documentos suscritos por mi cliente estamos hablando de falta de garantías porque no vamos a poder defendernos”.

Lo que debe determinar la justicia es si el Estado, incluyendo a Restrepo y los coroneles Jaime Joaquín Ariza y Hugo Castellanos, fueron víctimas de un engaño por parte del controvertido ex guerrillero Raúl Agudelo, alias Olivo Saldaña, quien se voló de las Farc con miles de millones de pesos producto de extorsiones, en conjunto con familiares y con el narcotraficante Hugo Alberto Rojas.

La otra hipótesis, que es la más fuerte en este momento para la Fiscalía, es que dentro del complot no solamente participaron Agudelo y su grupo, sino que de él habrían sido cómplices Restrepo y los dos oficiales.