El gobernante Partido Popular (PP, derecha) mantuvo durante al menos dieciocho años una contabilidad paralela al margen de la oficial, afirmó el juez Pablo Ruz al cerrar su instrucción sobre el caso, informó este lunes la Audiencia Nacional, principal instancia penal española.

El magistrado, que propone abrir juicio por este caso a tres exresponsables de la formación, así como a otras tres personas, considera que el PP "desde 1990 y hasta al menos 2008 se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal", operando con "varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido".

El juez Ruz considera que durante esos años el PP, que actualmente preside el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, recibió donaciones y realizó distintos pagos por medio de esa caja "B".

El magistrado constata la "existencia y circulación en el seno del Partido Popular a cargo del gerente y tesorero nacional de diversas corrientes financieras de cobros y pagos continuas en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública, integrando sistemas  paralelos de funcionamiento y gestión económica-financiera de la formación política a modo de contabilidades opacas o 'cajas B'.

Sin embargo, matiza que la legislación española no contemplaba como delito la financiación ilegal de partidos en el momento de la comisión de la irregularidades, por lo que el PP es considerado sólo responsable civil subsidiario.

Simultáneamente, propone juzgar por delitos contra la Hacienda Pública a los extesoreros y al antiguo gerente de la formación conservadora, Luis Bárcenas, Alvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, así como a los dos responsables del estudio de arquitectos Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.  

Este escándalo de financiación oculta, conocido como "los papeles de Bárcenas", salpicó hasta a Rajoy, que en octubre pasado pidió perdón por los casos de corrupción y, antes en 2013, había reconocido haberse equivocado al confiar en Bárcenas/AFP.