El debate en torno a si debe darse vía libre a la posibilidad de que los gobernadores y alcaldes puedan ser reelegidos de manera consecutiva, no es nuevo. Todo lo contrario, es una de esas polémicas cíclicas que a cada tanto se pone sobre la mesa pero nunca es resuelta de forma definitiva.

En los últimos años son varios los proyectos de reforma constitucional, que proponían autorizar la reelección regional y local, que se han hundido en el Congreso. Una veintena en total.

El gobierno Uribe, que jugó gran parte de su capital político en viabilizar la posibilidad de seguir en el poder en 2006 y 2010, se convirtió en entusiasta promotor de que los mandatarios departamentales y municipales pudieran repetir cargo de forma inmediata.

Sin embargo, pese a que durante ocho años la coalición uribista dominó la agenda parlamentaria, las iniciativas que radicadas y discutidas sobre este controvertido asunto, siempre tuvieron el mismo destino: el hundimiento.

En plena campaña electoral, el entonces aspirante de La U Juan Manuel Santos también se mostró a favor de que gobernadores y alcaldes pudieran tener la posibilidad de postularse a seguir en el poder.

Pero un proyecto de acto legislativo que así lo proponía terminó archivado sin pena ni gloria, pese a que la Casa de Nariño, a través de la coalición de Unidad Nacional, domina más escaños en Senado y Cámara que los que hacían parte de las mayorías gobiernistas en el mandato Uribe.

El proyecto de origen gubernamental no pasó de primer debate en la Comisión I de la Cámara. Otra iniciativa, impulsada por La U, alcanzó a ser aprobada en octubre pasado, con una votación de 11 votos a favor y 2 en contra, en Comisión Primera del Senado.  No obstante, al final de cuentas terminó siendo archivado por vencimiento de términos en la plenaria. Y eso que la iniciativa sólo entraría a aplicarse a partir de 2015, es decir que no cobijaba a los gobernadores y alcaldes que entregan el poder el próximo 31 de diciembre.

Premisas de vieja data

Precisamente el debate sobre la conveniencia o no de la reelección a nivel regional y local está de nuevo sobre la mesa. Esta vez por cuenta de los altos índices de favorabilidad y calificación de gestión de varios gobernadores y alcaldes de ciudades capitales e intermedias.

El hecho de que varios de ellos estén dejando sus cargos con porcentajes de aprobación superiores a 60, 70 u 80 por ciento, pone a pensar a muchos sectores políticos sobre si no resulta un contrasentido democrático que la Constitución les niegue la posibilidad de someterse de nuevo al dictamen de las urnas y que allí la ciudadanía los premie por su buena gestión.

Quienes defienden la reelección regional y local inmediata sostienen que mediante esta figura se garantiza la posibilidad de que en departamentos y municipios se apueste por programas de gobierno y proyectos de largo plazo y envergadura, puesto que ya no se estaría hablando de hacer todo en cuatro años, periodo que privilegia el cortoplacismo, sino que siempre queda abierta la eventualidad de gestiones de ocho años. 

No hay que olvidar que una de las principales críticas que se hace a las administraciones departamentales y municipales es que no tienen visión de largo plazo y apuestan por programas y proyectos de corto alcance y coyunturales. De esta forma, la posibilidad de continuidad de agendas estructurales, complejas y de envergadura queda muy reducida.

Pero…

El alto índice de aprobación con que están saliendo de sus cargos un reducido número de gobernadores y alcaldes de ciudades capitales (al decir de las encuestas y estudios de opinión) permite abrir una nueva óptica respecto al interminable debate sobre su reelección inmediata.

Esa nueva visión se basa, fundamentalmente, en que si el titular de una administración departamental o municipal puede estar cuatro años en su cargo y terminar con índices muy positivos de aprobación de gestión, se evidencia que en el lapso de un cuatrienio sí es posible completar la implementación de un programa de gobierno o, en caso de no hacerlo, cumplir, al menos en gran parte, con las expectativas de los gobernados.

Sería absolutamente ilógico concluir que los mandatarios regionales y locales que encabezan las encuestas de calificación de gestión, no pudieron cumplir de manera sustancial con lo que prometieron en campaña o, al tiempo, no supieron reaccionar a las distintas coyunturas que se les presentaron, por más difíciles que hayan sido.

Igualmente, los balances positivos que se están haciendo reflejan que el nivel de transparencia de las administraciones fue medianamente bueno, pues, según se deriva de las mismas encuestas, los gobernadores y alcaldes que se vieron rodeados de graves escándalos de corrupción o señalamientos por ineficiencia o impotencia ante distintas crisis, son los que tienen las peores calificaciones.

Por más estrategia y programas populistas que tenga un titular departamental o municipal, lo cierto es que éstos tienen un impacto limitado y no cobijan a toda la población. Pero, cuando los universos de las encuestas son lo suficientemente amplios y los porcentajes de aprobación de tal o cual gobernador o alcalde son positivos, queda claro que la gestión tuvo un ámbito de beneficio más allá de los sectores políticos, sociales e institucionales que hicieron parte de la “administración de turno”.

Como se ve, el hecho de que haya mandatarios departamentales y municipales que estén saliendo con altas calificaciones de sus gobernados, implica que se puede cumplir una buena gestión en cuatro años y que las tesis según las cuales un cuatrienio es insuficiente para hacer un gobierno positivo, tiene muchos flancos débiles.

La polémica por la reelección consecutiva en gobernaciones y alcaldías seguirá interminable. Sin embargo, poco a poco se suman nuevas ópticas para romper algunas premisas que se han sentado como inamovibles en el debate, pero que no resultan serlo tanto.