A la espera de que el Gobierno nacional emita el decreto que lo retira del cargo se encuentra el gobernador de Caquetá, Víctor Isidro Ramírez, para solicitar ante el Consejo de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares frente a la decisión de la Procuraduría General de la Nación, que los destituyó e inhabilitó por 11 años por incurrir supuestamente en irregularidades de contratación.

En ese sentido el mandatario caqueteño acudiría a una estrategia jurídica similar a la que empleó el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, frente a la decisión del Ministerio Público, que a mediados de enero pasado ratificó la sanción de destitución así como inhabilidad por 15 años.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a Petro protegiendo sus derechos políticos mientras que se emite un fallo de fondo sobre este caso, por lo que solicitó suspender la sanción emitida por la Procuraduría. No obstante el presidente Santos no acogió estas medidas de este organismo y procedió a firmar la destitución, argumentando que “el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es complementario y alternativo por lo cual solo debe operar en el evento que no funcione o haya una falla en el sistema interno”.

De forma paralela, la ofensiva jurídica de Petro se orientó también al Consejo de Estado presentando una tutela, la cual no fue acogida porque el alto Tribunal consideró que existían otros mecanismos por agotar como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Como consecuencia el alcalde bogotano presentó ante el Consejo de Estado una acción de nulidad contra la decisión de la Procuraduría, que en parte ya rindió frutos a su favor, pues en mayo pasado el alto Tribunal concedió medidas cautelares mientras que se produce un fallo de fondo al respecto, el cual se conoció un par de semanas después de que el Alcalde Mayor fuera restituido al cargo atendiendo un  fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que atendiendo una tutela que presentó un ciudadano ordenó acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Gobernador

El 17 de junio pasado, la Procuraduría General confirmó la sanción disciplinaria del gobernador Ramírez, resolviendo de esta forma un recurso de apelación que fue presentado por la defensa del gobernante territorial.

Dicha decisión ya fue notificada por edicto al gobernador, pero se está a la espera del decreto gubernamental que lo aparte del cargo y de otra parte designe a un funcionario mientras que se oficia sobre el particular al Movimiento MIRA para que proceda a presentar una terna de la cual el presidente Santos designe un gobernador en calidad de encargado hasta que finalice el periodo del mandato, tomando en consideración que a esta colectividad le cabe este derecho, pues avaló a Víctor Isidro Ramírez para los comicios de octubre de 2011, cuando fue elegido gobernador.

Por otra parte, el secretario de la Gobernación del Caquetá, Jaime Vargas, indicó a EL NUEVO SIGLO que el Mandatario regional usará los recursos legales para defender los derechos que considera fueron conculcados por la decisión del Ministerio Público. “Es obvio que el señor gobernador Víctor Ramírez, quiera hacer uso de las herramientas jurídicas y los precedentes que se han dado en otras entidades y quiera utilizar las mismas herramientas para defenderse. En estos momentos los abogados están llevando el caso de él, está accediendo a todos los requisitos y reuniendo todos los documentos pertinentes para presentar las diferentes acciones judiciales”.

El  funcionario explicó que la defensa del Gobernador solicitará “medidas cautelares” para suspender los efectos de la decisión de la Procuraduría General.

Por el momento el gobernador Ramírez se mantiene en el cargo mientras que se produce el decreto presidencial que haga efectiva su destitución, sin embargo, en estos días está al frente de la gobernación la secretaria de Agricultura, Alina Vanessa Aguilar, pues el titular cumple una incapacidad médica.

Por otra parte el presidente del Movimiento MIRA, senador Carlos Baena, le dijo a este Diario que “el gobernador va a agotar todos los procedimientos que terminó el alcalde Petro. O sea el gobernador va a invocar ante la Comisión Interamericana todos sus derechos y también ante el Consejo de Estado”.

En cuanto a la terna que debe presentar MIRA para que de ahí el presidente Santos escoja un gobernador encargado, Baena dijo que “en el momento en que el Gobierno nacional le notifique al gobernador el nombramiento del gobernador provisional, ahí nosotros vamos a enviar la terna”.

Comicios

La Constitución Política determina que "siempre que se presente falta absoluta a más de 18  meses de la terminación del período, se elegirá gobernador para el tiempo que reste”. En caso de que faltare menos de 18 meses, el presidente de la República designará un gobernador para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido.

Al respecto el secretario de la Gobernación del Caquetá, Jaime Vargas, indicó que “ya no hay elecciones atípicas porque el decreto presidencial tendría que haber salido antes del 30 de junio, que es el que lo separa del cargo y el que define que hay vacancia absoluta del cargo, y el que define si hay elecciones atípicas”.

El funcionario añadió que como hasta la fecha no se ha producido dicho decreto, se entiende que no habrá elecciones atípicas. Agregó que “tenemos otros casos, como el de la gobernación del Valle y el Huila, que la separación del cargo por parte del presidente es la que determina si hay o no elecciones atípicas”.

Alcalde de Yopal

El alcalde de Yopal (Casanare) fue el otro mandatario regional afectado por decisiones de la Procuraduría en los últimos días. Willman Enrique Celemín fue destituido y suspendido por 11 años por irregularidades que se habrían presentado en la contratación. Contra esta decisión cabe el recurso de apelación.

La investigación señala que Celemín Cáceres suscribió varios contratos, todos enmarcados dentro del sistema de estímulos de la administración pública, entre ellos, el 1353 del 26 de diciembre de 2012 para el “suministro de 157 paquetes de relajación estético-corporal para poner en práctica el Sistema de Estímulos Colectivos para los servidores públicos de la administración municipal (…)”.

Al respecto la Procuraduría señaló que actividades como la exfoliación corporal, relajación estético-corporal, entre otras, no contribuyen a mejorar la vida laboral, “ni mucho menos a crear un mejor ambiente laboral al interior de las entidades, en la medida que no reconocen objetivamente el desempeño de los servidores públicos que se encuentren en los niveles de excelencia y de mejores equipos de trabajo”.

En consecuencia, el Ministerio Público consideró que Willman Enrique Celemín Cáceres es responsable de la suscripción de este contrato cuyas actividades no estaban encaminadas a la protección y servicios sociales, ni a mejorar el quehacer laboral de los empleados.

Celemín también afronta otro proceso disciplinario por la responsabilidad que podría tener en que después de más de tres años no se ha reestablecido en Yopal el servicio de agua potable, luego de un daño que sufrió por el invierno la planta de tratamiento.