Para atender los requerimientos de la investigación que adelanta en su contra la Fiscalía y no afectar la gobernabilidad de Cundinamarca, son los argumentos que dio el gobernador Álvaro Cruz al presidente Santos al renunciar al cargo a partir del 18 de agosto. El Mandatario es investigado por su presunta participación en el carrusel de la contratación en Bogotá por hechos anteriores a que fuera elegido.

Como consecuencia, el Jefe de Estado tendrá que designar un gobernador encargado para que cumpla el periodo de cuatro años de Cruz, que va hasta el próximo 31 de diciembre, de una terna que le presentará el Partido Cambio Radical.

En este periodo de gobierno Cruz es el primer gobernador que renuncia, sin embargo, ya un total de siete de ellos han dejado el cargo así como dos alcaldes de ciudades capitales.

Para el próximo 2 de septiembre fechó el Tribunal Superior de Bogotá la audiencia en la cual la Fiscalía le imputará al ya para esa época exgobernador Cruz, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar y ofrecer, y abuso de confianza calificado.

La Fiscalía explicó que “los hechos se circunscriben a que durante los meses de diciembre de 2009 a febrero de 2010, Álvaro Cruz Vargas entregó dineros a funcionarios públicos de la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial de Bogotá, y a concejales de la ciudad que manejaban la mencionada entidad, con el fin que se favoreciera en la ejecución de los contratos de suministro de asfalto y emulsión asfáltica a la Unión Temporal Asfaltos 2009 compuesta por las empresas ICM Ingenieros e Incoasfaltos, la cual fue adjudicataria del contrato 193 de 2009, por un valor total de 23.000 millones de pesos”.

Los dineros presuntamente entregados ascendieron a la suma aproximada de 800 millones de pesos y fueron obtenidos del anticipo entregado por la entidad pública para la ejecución del mencionado contrato, indicó la Fiscalía.

Hay varios testigos que aseguran que Cruz se vio favorecido del carrusel de la contratación, el mayor hecho de corrupción en la ciudad que se produjo durante el gobierno del alcalde Samuel Moreno, quien está acusado de orquestar este fraude en el que participaron el contralor distrital, funcionarios de la administración, varios concejales y contratistas, la mayoría de ellos ya condenados. 

El condenado contratista Julio Gómez dijo que Cruz se reunió en varias oportunidades con el contratista Emilio Tapia, también hoy condenado, en las que aseguró éste le ofreció dádivas si le ayudaba a terminar la pavimentación de la calle 153 en Bogotá.

Por su parte, el contratista Manuel Sánchez dijo que recibió una comisión que le entregó Cruz para que se le entregara a ICM ese contrato.

El Gobernador aceptó que asesoró a ICM en la estructuración de dicha licitación, pero negó que hubiera ofrecido dineros para su adjudicación. “Lo que puedo decir es que hay una persecución política. Tengo enemigos políticos muy fuertes. Pero prefiero no dar nombres, por una sencilla razón: uno termina investigado”, dijo Cruz en abril pasado al diario El Tiempo.

Sin embargo, la semana pasada el Gobernador de Cundinamarca estuvo en la Fiscalía General, según su propio abogado, buscando llegar a un acuerdo que le entregue beneficios jurídicos, como sería acogerse al beneficio de oportunidad.

 Mandatario fuera del cargo

Un total de siete gobernadores y dos alcaldes de ciudades capitales que fueron elegidos para el periodo 2012-2015 han salido del cargo.

En julio de 2014 quedó en firme la destitución e inhabilidad por 11 años del gobernador de Caquetá, Víctor Isidro Ramírez, por irregularidades en la contratación.

Antes había salido del cargo el gobernador  del Valle, Héctor Useche, por una decisión de la Contraloría General, al encontrarlo responsable, junto con otros funcionarios del departamento, de un detrimento patrimonial por 40.767 millones de pesos.

Igual suerte corrió la gobernadora del Huila, Cielo González, por cuenta de un fallo de la Procuraduría tras ajustar tres sanciones disciplinarias en su contra.

La Procuraduría también destituyó e inhabilitó por 14 años al gobernador de Casanare, Nelson Mariño, por irregularidades en la contratación.

Mientras que al gobernador de Caldas, Guido Echeverri, el Consejo de Estado le tumbó su elección al considerar que estaba inhabilitado para desempeñar el cargo. En tanto que al gobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo, el Consejo de Estado le declaró la nulidad de su elección por estar inhabilitado para ocupar el cargo porque fue condenado penalmente en el año 1997.

 Finalmente el gobernador de La Guajira, Francisco Gómez, fue destituido por la Procuraduría e inhabilitado por 18 años por irregularidades en la contratación. Igualmente el exfuncionario es investigado por varios crímenes.

En tanto que el alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, falleció el 22 de abril del año 2013 como consecuencia de una enfermedad terminal. Mientras que el alcalde de Yopal (Casanare), Willman Celemín, fue destituido por la Procuraduría por demoras para solucionar el problema de desabastecimiento de agua en este municipio.

os estimando es un proceso de capacitación largo, complejo, difícil, hay que reeducar a la sociedad. Por eso las universidades son tan importantes para nosotros, tenemos que convertirnos en socios estratégicos, en aliados de manera permanente. Yo creo que con educación vamos a empezar a cambiar la perspectiva en el manejo del recurso. El tema de cultura y gobernanza debe ser un propósito de todos, instituciones públicas y privadas, todos debemos hacer un manejo responsable del agua”, puntualizó Omar Franco, director de la institución.