Por Luis Felipe Henao Cardona
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio
Los eventos de estos últimos años en municipios como Yopal, Manizales y Santa Marta hicieron que el país comprendiera la importancia de contar con procesos de planeación en el sector de agua potable y saneamiento básico, que permitan estar preparados ante los diferentes eventos o fenómenos que desencadenan una afectación directa sobre la población o la infraestructura asociada a la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
De acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas, se estima que los desastres naturales actualmente son los causantes de la pérdida de 100.000 vidas al año y, teniendo en cuenta el incremento en la frecuencia e intensidad de estos desastres, para el año 2050 esta cifra podría llegar a 300.000 muertes anuales asociadas a esta causa.
Sólo en el último evento climático del Fenómeno de La Niña ocurrido en Colombia entre los años 2010 y 2011, se calcularon pérdidas económicas por más de $525 mil millones de pesos en el sector de agua potable y saneamiento básico de acuerdo con cifras reportadas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Esta situación ha hecho que el Gobierno Nacional genere una estrategia dirigida a reducir los impactos de desastres sobre el sector y disminuir la población afectada por desabastecimiento de agua para consumo humano o la interrupción de los servicios de alcantarillado y aseo.
Los servicios de agua potable y saneamiento básico son de vital importancia para la calidad de vida de las poblaciones no sólo como parte fundamental de las condiciones de salud, sino además para la ejecución de las diferentes actividades del diario vivir. Por tal motivo, cuando un desastre impacta en los sistemas de acueducto y alcantarillado se producen consecuencias negativas con un efecto multiplicador de grandes proporciones.
Un ejemplo de esto, fue el caso de Manizales en el año 2011 donde la ciudad estuvo más de 15 días sin agua, la economía y el desarrollo se vieron altamente comprometidos, a pesar de ser un municipio que tenía avances en materia de prevención y manejo del riesgo de desastres. En el marco de esta emergencia, algunas empresas debieron suspender labores, así mismo colegios y universidades paralizaron sus jornadas académicas, y como si fuera poco se debió destinar grandes sumas de dinero para lograr la provisión del líquido en los hogares, afectando la sostenibilidad financiera de la empresa de servicios.
Un país que le apuesta al desarrollo debe, por lo tanto, apostarle al manejo del riesgo como línea transversal y eje central de las políticas públicas, y en este sentido, para este Ministerio esta apuesta es una realidad a través de herramientas e inversiones para la gestión del riesgo de desastres en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
Actualmente, este Ministerio desarrolla inversiones por $171.218 millones para proyectos de prevención y gestión del riesgo en el país. Uno de estos proyectos es el que se ejecuta en la ciudad de Manizales por $12.739 millones financiados con recursos del Gobierno Nacional por $8.000 millones y $4.739 millones con recursos de Aguas de Manizales. Este proyecto permite evitar el desabastecimiento y asegurar la calidad y la continuidad del servicio de agua potable en caso de ocurrir una emergencia que afecte la planta de tratamiento de agua potable -PTAP- Luis Prieto Gómez.
Es importante destacar el dinamismo que el sector de agua potable y saneamiento básico le ha aportado a la construcción en el país. Según lo reportado por el DANE en el Indicador de Obras Civiles (IIOC) en el cuarto trimestre de 2013, los desembolsos reales efectuados para la construcción de obras civiles registraron un aumento de 14% frente al mismo periodo de 2012.
Este resultado obedece en gran medida al comportamiento del sector de agua potable y saneamiento básico, el cual aportó 6.5 puntos porcentuales de la variación total. Específicamente, los desembolsos del sector de agua potable y saneamiento básico continúan con su tendencia creciente al lograr un incremento del 48.4%, frente al último trimestre de la vigencia 2012; con lo cual, se alcanzó el mayor nivel histórico de este indicador desde 1998.
Estas cifras evidencian el esfuerzo que el Gobierno Nacional ha desarrollado para impulsar el sector de agua potable y saneamiento básico así con el gran interés de avanzar en la sostenibilidad de las inversiones realizadas. En este orden de ideas, para asegurar un avance en los indicadores de coberturas, las inversiones que se requieren deben ser sostenibles, disminuyendo el riesgo de tener que reponer y rehabilitar infraestructura y poder así contar con más recursos para mejorar y ampliar la calidad de los servicios.
En conclusión, es imposible pensar en un desarrollo económico y social si no se incluye dentro de los procesos de planeación el manejo del riesgo. Los recursos asignados a la disminución de la vulnerabilidad de los sistemas se ven reflejados en la disminución de los costos por rehabilitación de los mismos, la atención eficaz de la emergencia y sobre todo al crecimiento sostenible del país.