EL fallo era el esperado. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ratificó que la República Popular China no tiene derechos históricos ni base legal para reclamar su creciente influencia sobre el Mar de China Meridional, donde espera obtener el 90% del control entre islotes, arrecifes y rocas que en algunos casos se encuentran a más de 2.000 kilómetros de sus costas. Empero, la respuesta también era la esperada. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino, a través de un comunicado, manifestó que su país no acepta ni reconoce el fallo, hecho que agudiza la ya precaria situación en el sudeste asiático, donde Filipinas, Vietnam, Brunei, Malasia y Taiwán reclaman para sí diferentes partes del territorio dominado por Pekín.
Mientras el mundo occidental centra su atención en el conflicto en Siria, los atentados de ISIS o los problemas migratorios en Europa, China ha desplegado una estrategia efectiva de control sobre el Mar Meridional, aún en detrimento de los intereses de otros Estados como Filipinas, que decidió llevar una denuncia formal a La Haya en 2013, al considerar que la presencia china a menos de 225 km era una amenaza para su soberanía y una clara violación al derecho internacional. En efecto, el mar que alberga más de 200 islas, ha constituido el principal reto geopolítico del gobierno chino de cara a consolidar su hegemonía en el Pacífico.
A pesar de los reclamos y haciendo gala de su mayor realismo político, China ha ejercido acciones contundentes sobre la llamada “línea de los nueve puntos” para demostrar que sus intereses están por encima de las decisiones adoptadas por organizaciones externas. En primer lugar, la construcción de más de cuatro kilómetros cuadrados de islas artificiales ha generado tensiones con sus vecinos e incluso ha despertado la sospecha del gobierno de Estados Unidos. So pretexto de estar protegiendo sus derechos territoriales y su flota pesquera, China ha impuesto un posicionamiento territorial cuya ventaja se centra en hacerse cada vez con porciones mayores de mar, pues un Estado que posee una isla es el dueño de 22 kilómetros de mar territorial y puede disponer de los recursos que allí se encuentren, según las leyes establecidas por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982).
Además de reforzar los reclamos de soberanía, la construcción de las islas sirve a un interés geopolítico particular: crear una presencia militar y civil de carácter constante. De hecho, una de las principales preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados se centra en que hace dos años China desarrolló un submarino para misiles balísticos, armado con 12 ojivas nucleares, por lo que adentrarse en aguas más profundas es menester para que el Ejército Popular de Liberación pueda realizar las pruebas respectivas.
Sin duda, el posicionamiento sobre el Mar de China Meridional tiene una clara vocación geoestratégica. Además de ser una zona privilegiada para el comercio internacional (por allí transitan por año mercancías con un valor de 8.000 millones de dólares), es un área rica en recursos naturales y una fuente importante de gas y petróleo. Según cifras de la Universidad de Hong Kong, en la zona sur de China se encuentran al menos 1.500 millones de barriles y otros 490 millones en cercanías a Filipinas (justamente en el Arrecife de Scarborough), además de miles de millones de metros cúbicos de gas.
Este problema ha dejado entrever dos cuestiones fundamentales. Por una parte, la creciente relevancia que ha tomado el mar en las disputas internacionales (sin desconocer, desde luego, los diferendos de antaño), haciendo que los Estados demuestren el potencial e importancia de los recursos estratégicos y la exposición de su arsenal militar. La otra cuestión más preocupante es que si bien la Corte Internacional de Justicia no tiene una competencia ejecutora de los fallos, se ha convertido en tendencia que los Estados que consideren decisiones en detrimento de sus intereses, desconocen la autoridad de La Haya aún si las medidas son vinculantes.
En contravención de la sentencia de la Corte, Pekín ha tomado vías de hecho para asegurar su control territorial y de paso demostrar las transformaciones profundas que ha tenido el mundo en cuanto a la distribución del poder político. Esta decisión de la República Popular China, ha evidenciado una vez más la importancia secundaria que tienen los tribunales de justicia internacionales en comparación a los intereses reales de los Estados (sobre todo de las grandes potencias).
Con todo, la geopolítica de posicionamiento desarrollada por China ha despertado la inquietud de sus vecinos que, recurriendo a Estados Unidos, India y Japón, buscan evitar el poderío de Pekín en el Mar Meridional, pues eso significaría el control monopolístico de la pesca y el petróleo. No obstante, China ha respondido a estos cuestionamientos aumentando su flota marítima y creando más islas artificiales, lo que ha hecho retornar a los manuales clásicos de geopolítica que hablaban del control fáctico del territorio.
(*) Joven Investigador y Profesor de cátedra de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.