Cuando el entonces presidente César Gaviria Trujillo se posesionó, el país se debatía en medio del mayor reto narcoterrorista de la historia. No obstante, su consigna de “bienvenidos al futuro” permitió generar una dosis de optimismo que, inclusive, tomó mayor auge una vez se puso en marcha el proceso hacia la Asamblea Nacional Constituyente. En esa época, el M-19 acababa de dejar los fusiles y pese al asesinato de su máximo líder, Carlos Pizarro, la agrupación se mantuvo en la civilidad y el segundo a bordo, Antonio Navarro Wolf, hizo parte del primer gabinete en la cartera de Salud. 

En esos primeros seis meses, mientras se adelantaba lo que se denominó la judicialización del narcoterrorismo, a través de varios decretos que permitieron la entrega de varios narcotraficantes a cambio de la no extradición, los esfuerzos se dirigieron particularmente a la convocatoria de dicha Asamblea, que estaba prohibida en las cláusulas de la Constitución de 1886.

Entonces, la Corte Suprema de Justicia permitió sorpresivamente, con diferencia de un solo voto, la realización del evento, sobre la base de que la Asamblea Constituyente debería servir de plataforma para un tratado de paz y la reconciliación de la sociedad colombiana a partir de ella. Todo esto se tomó con base en la doctrina del tratadista italiano Norberto Bobbio, según la cual toda constitución, a fin de cuentas, lo que significa es un pacto de convivencia entre los nacionales, dentro de un territorio dado, a fin de que las leyes dadas dentro de un consenso político produzcan un orden que todos los asociados se comprometen a defender.

Para ello, en principio, Gaviria nombró una Comisión Exploratoria confidencial a fin de indagar el interés de las guerrillas colombianas, aglutinadas en lo que se conocía como la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), en la participación en la Asamblea y un camino a su desmovilización. De la CNG hacían parte las Farc, el Eln y los sectores disidentes del Epl que no se habían desactivado al mismo tiempo del M-19.

La Comisión Exploratoria, integrada por personalidades de los diferentes partidos y también por un delegado de la Iglesia Católica, el obispo auxiliar de Bogotá, monseñor Enrique Sarmiento, se reunió con la comandancia de la Coordinadora, es decir Manuel Marulanda Vélez, por las Farc; Manuel Pérez, por el Eln; y Francisco Caraballo, por el Epl, además de lugartenientes como Alfonso Cano y otros más. La cúpula guerrillera se manifestó, entonces, dispuesta a participar en el proceso constituyente, aunque pendiente de establecerse cuál sería el número de sus integrantes, dejando deslizar la posibilidad de 20 participantes: 10 por las Farc, 5 del Eln, 3 del Epl y eventualmente 2 para otras de las pequeñas organizaciones vigentes. 

La Constituyente, a su vez, estaba estipulada para un número de 70 delegatarios que en un plazo de 6 meses debería darle a Colombia una nueva Constitución, cambiando la de 1886.

Casi al mismo tiempo, sin embargo, las Fuerzas Armadas, soberanas en todo el territorio nacional, produjeron el bombardeo de La Uribe y sus zonas aledañas, como el EMBO, dispersando por completo el enclave subversivo pero sin que se hubiera producido alguna captura o abatido a los comandantes guerrilleros.

Ese mismo día, 9 de diciembre de 1991, los constituyentes fueron elegidos, mientras que durante el resto de diciembre y comienzos de enero las Farc protagonizaron una violenta escalada, especialmente contra las torres de energía eléctrica en la Costa Atlántica.

Aun así, en las sesiones iniciales de la Asamblea Constituyente, cuando se discutió el reglamento, se dejó previsto en uno de los artículos del comienzo, que la guerrilla podría participar en una forma y un número por determinar. El ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, quien había remplazado a Julio César Sánchez para dirigir el delicado proceso constitucional, cambió entonces el tono contra la guerrilla, a la que venía  tratando de “perros rabiosos” por la escalada terrorista. La idea, ciertamente, como lo había dicho la Corte Suprema de Justicia, era que la nueva Constitución se convirtiera, en efecto, en un tratado de paz. No obstante, al interior del Gobierno, se desestimó por completo que la participación guerrillera pudiera darse con 20 delegados, lo que suponía un 25% de la Asamblea y sin que, por lo demás, se hubiera dato un trámite electoral.

Aun así, a mitad de las discusiones en la Asamblea Constituyente, se propuso la intervención de Marulanda Vélez, comandante de las Farc en una de las sesiones. El debate se dio entonces en si lo haría o no uniformado, mientras que el Secretariado desestimó la posibilidad por materia de seguridad. 

<INTERTIT>Otro intento 

<BODY TEXT>Tiempo antes de terminar el evento constitucional, sin embargo, una célula guerrillera, comandada por Daniel Aldana, se tomó las oficinas de la embajada de Venezuela y pidió una delegación de la constituyente para entablar conversaciones e iniciar un proceso de paz. La Constituyente, con anuencia del Gobierno, nombró a algunos delegatarios que, así mismo, se reunieron con delegados de la CNG en la población de Cravo Norte (Arauca), donde se estipuló que se abrieran conversaciones formales, en Caracas, para establecer un cese al fuego bilateral y, una vez logrado esto, eventualmente volver a Colombia para continuar las negociaciones.

Fue así que se llevaron a cabo los diálogos de Caracas y luego en Tlaxcala (México), a donde se trasladaron por efecto de la crisis venezolana en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bajo la batuta de Humberto de la Calle, todavía Ministro de Gobierno, se adelantaron las conversaciones con la coordinación de los comisionados de paz, Jesús Antonio Bejarano y Horacio Serpa, y una pequeña comisión de paz representativa de los partidos mayoritarios de la Constituyente.

El tema central, entonces, era el cese al fuego bilateral, y en ese marco se habló por primera vez de las zonas de concentración, inventadas desde esa época por el brigadier general Jorge Enrique Mora Rangel, 

comandante de la brigada en Norte de Santander, y que se han repetido en el proceso de La Habana. Zonas que iban tomando forma en sentido muy similar al de hoy, como pequeños recintos territoriales de campamentación, verificación y  posterior dejación de armas. Y lo mismo que en la actualidad, la CNG pidió en esa época 64 lugares y se estaba en trance de acordar los mismos 23 de este momento. La discusión central radicaba en si la Policía estaría o no dentro de ellas, cuando se produjo el atentado al presidente del Congreso en receso, Aurelio Iragorri, y el Epl, integrante de la Mesa de Conversaciones, secuestró al exministro Argelino Durán Quintero, en Norte de Santander, donde murió. 

Ello llevó a que el perfeccionamiento de la Constitución como un tratado de paz se viniera a pique y paulatinamente se rompieron los diálogos, hasta que los comandantes guerrilleros, encabezados por Alfonso Cano, de las Farc, y Antonio García, del Eln, volvieron clandestinamente al país y se disolvió la Coordinadora, mientras que Pablo Escobar, luego de fugarse de la Catedral, era dado de baja. 

 

 

De nuevo al frente

En el último discurso de César Gaviria como presidente, no obstante, se decía que era hora de retomar los diálogos. Luego sería elegido como  Secretario General de la OEA durante un largo trecho. Solo hasta hoy, después de décadas en las que no fue promotor ni partícipe de las conversaciones con las guerrillas, ha celebrado y ha sido el principal escudero del presidente Juan Manuel Santos en los diálogos de La Habana. 

De hecho, al anunciarse el protocolo del cese el fuego bilateral, en Cuba, el jueves pasado, emitió un comunicado en el que se encarga de dejar en claro que tanto el Presidente como el proceso son de estirpe netamente liberal y que con ello se está cumpliendo el anhelo de que la Constitución se convirtiera en un tratado de paz, sin recurrir a ningún proceso constituyente adicional, y exclusivamente por vía de las instituciones allí establecidas. Y en los últimos días fue la figura central de las entrevistas en los periódicos y la radio, dejando entrever las mismas tesis. 

Fue Gaviria, precisamente, quien le dio la primera oportunidad de participar en política al hoy presidente Juan Manuel Santos, cuando no solamente lo nombró como el primer Ministro de Comercio Exterior, sino que igualmente dio su guiño para que fuera elegido Designado por el Congreso la República, la figura de entonces similar a la del Vicepresidente. Y tal vez fue por ello, también, que el propio presidente Santos, tantos años después, escogió al principal gavirista, Humberto de la Calle Lombana, su otrora colega de gabinete, como jefe negociador del proceso de paz de La Habana con las Farc. Nombramiento que el país recibió positivamente, tanto por sus experiencias en negociaciones de paz como por su perspicacia constitucional, y eventualmente por haber ejercido la Vicepresidencia.

No deja de ser curioso, por lo demás, que la verdadera cercanía del presidente Gaviria con la familia Santos, entonces propietaria de El Tiempo, era a través de Enrique Santos Calderón, periodista nato y alérgico a cualquier dignidad estatal, que prefirió no ceder a las ofertas hechas por el Primer Mandatario y este recurrió, entonces, a Juan Manuel. Hoy, como se sabe, los dos hermanos se han convertido en un verdadero tándem en el proceso de paz, con Gaviria de gran sombrilla política.

De la Calle, por su parte,  ha logrado congregar en torno de sí la opinión favorable de tirios y troyanos. Ha sabido sacar avante un proceso de paz de suma dificultad sin reclamar protagonismos y pendiente también de una interlocución con la sociedad colombiana.

Es, por supuesto, la carta gavirista para las próximas elecciones presidenciales sobre la base de que es el dirigente liberal de mayor peso y, así mismo, quien tiene la bandera de la paz con las Farc en sus manos. Como tal es, igualmente, el baluarte del gavirismo en el proceso.

 

 

Resto de la avanzada

Pero el gavirismo también tiene otras aristas adicionales y de importancia en el proceso de paz. Una de ellas, justamente, Manuel José Cepeda, quien comenzó su carrera jurídica como consejero para asuntos constitucionales en el gobierno de Gaviria. Fue aquel quien, con base en la Constitución española, produjo los primeros borradores a discutir en la constituyente, bajo la batuta de De la Calle. La obsesión jurídica de Cepeda consistía, además, en incorporar la acción de tutela a la Constitución a fin de que las leyes constitucionales no fueran inertes, sino de aplicación inmediata. Y en tal sentido se encargó de institucionalizar los derechos fundamentales y el amparo de los mismos a través de la tutela.

Fue Cepeda, en el actual proceso de paz, quien como asesor presidencial y en conjunto con otros juristas, se encargó de construir la denominada Jurisdicción Especial de Paz (JEP), no exenta de múltiples controversias. Ha sido siempre uno de los baluartes gaviristas, incluso magistrado y presidente de la Corte Constitucional, y actualmente es el encargado de explicar ante los altos tribunales el tema de la justicia transicional, tal como ocurrió recientemente en la Corte Suprema de Justicia. Allí el máximo tribunal colombiano mostró hondas preocupaciones y seguramente será Cepeda quien siga haciendo de interlocutor en la materia.

De otra parte, está el exministro Rafael Pardo, actual Alto Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad. Persona muy cercana al expresidente Gaviria, reemplazó en esa posición al general retirado Oscar Naranjo. Tiene en sus manos una tarea de la mayor importancia como lo es estructurar y articular la financiación y los elementos propios para que las zonas más azotadas por la violencia tengan redención futura, de acuerdo con los planteamientos de los acuerdos de La Habana. En tal sentido, es parte de la columna vertebral gavirista en el proceso, sabido por lo demás que fue comisionado de paz y ministro de Defensa de aquel. Fue, como se sabe, fundamental en la desmovilización del M-19.

Al lado suyo está quien despunta como uno de los herederos gaviristas, Simón Gaviria Muñoz, parte también de la columna vertebral antedicha. Como Jefe de Planeación fue el encargado de estructurar el Plan de Desarrollo destinado a sentar las bases del posconflicto y generar las condiciones económicas y sociales para que el Estado cure las fracturas regionales y pueda declararse la soberanía plena. En sus manos se mantiene, pues, la coordinación en los propósitos señalados.

 

Adentro y afuera

A ellos se suman, desde afuera del Gobierno, dos de los encargados para generar condiciones favorables, desde la empresa privada, en procura de consolidar los dictámenes de los acuerdos habaneros. Uno es el exministro de Gobierno de Gaviria, Fabio Villegas, quien hoy lidera la fundación Todos por la Paz, donde busca congregar la mayor cantidad posible de empresarios en favor de la iniciativa. El otro es el exembajador Ricardo Santamaría quien, de la misma manera, fue nombrado recientemente en la fundación Reconciliación Colombia, una entidad creada por consorcios y empresarios para cumplir un papel clave en el posconflicto.

Todo lo anterior, a su vez, tiene como coordinador de Comunicaciones, con la paz de fundamento, a Camilo Granada, quien recientemente fue nombrado en la Casa de Nariño, y es otro reconocido gavirista.

El punto ahora es la campaña por el plebiscito de acuerdo al fallo y los ajustes que haga la Corte Constitucional. Pero desde ya se vislumbra, ciertamente, que será el expresidente César Gaviria la voz más activa en favor de los acuerdos de La Habana y quien se enfrentará en las urnas al jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

Como se ve, el gavirismo ha sido la clave en los diálogos de La Habana. Es fácil dilucidar que poco a poco accedió a los puestos de avanzada del proceso de paz y es el corazón de la paz liberal pregonada por el propio expresidente Gaviria.