El aumento de los esquemas de protección que brinda el Estado colombiano está significando unos costos exorbitantes, a tal punto que entre 2011 y 2014  la Unidad Nacional de Protección –UNP ejecutó recursos por $1,12 billones (precios de 2014) para atender a los beneficiarios de los mismos y que entre los 2013 y 2014 los gastos por esquema se incrementaron un 85%.

La situación puede convertirse en una vena rota para el erario, asegura un estudio de la Contraloría General de la República publicado en la más reciente edición de la revista Economía Colombiana, publicación institucional del organismo de control.

La CGR señaló la necesidad de rediseñar la política pública en este campo, dada las implicaciones que este gasto acelerado está representando para el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección –UNP.

El estudio, realizado por la Contraloría Delegada para el sector Defensa, Justicia y Seguridad, cobija los esquemas de protección y contratación asociada de la UNP durante el período 2012-2014.

El organismo de control encontró que si bien se ha presentado una disminución en el número de solicitudes de protección de la UNP entre los años 2012 a 2014, el número de esquemas y el gasto destinado para cubrirlos se incrementaron.

Pese a que el incremento en el número de esquemas prestados entre 2013 y 2014, fue de 51%, el gasto por esquema se incrementó en 85%, explicado especialmente por el aumento en los gastos por vehículos convencionales.

Además, los incrementos en gastos por concepto de hombres de protección, conductores y vehículos blindados, se encuentran muy por encima del IPC del año 2014.

 

Esfuerzo presupuestal y población beneficiada

El Estado colombiano ha realizado grandes esfuerzos presupuestales con el fin de atender a la población beneficiaria de protección por parte de la UNP.  Es así como, de acuerdo con la información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, durante el período 2011-2014 la Unidad Nacional de Protección ejecutó recursos por $1,12 billones (precios de 2014).

Tomando como parámetro el número de esquemas proporcionados, la gestión de la UNP ha estado concentrada en cinco grupos poblacionales: servidores y ex servidores públicos; víctimas de violaciones a los DDHH; dirigentes y activistas sindicales; dirigentes representantes o activistas de organizaciones de DDHH, cívicas, comunitarias o campesinas; y miembros de la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

 

Costos adicionales de los esquemas de protección

Durante el período de análisis de este estudio de la CGR (2012-2014), la UNP recibió un total de 39.672 solicitudes de protección.

Las solicitudes que cumplieron los requisitos establecidos en el Decreto 4912 de 2011 ascendieron a 31.383 (79% del total).

En términos de solicitudes por año, se evidencian más de 11.000 en los años 2012 y 2013, y una reducción de 17% en 2014 con 9.200.

 

Incrementos de esquemas por grupos de beneficiarios

En el análisis de las principales variaciones por grupos de población, se encuentran incrementos importantes en los servidores públicos que tienen o han tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de la política de DDHH y Paz del gobierno nacional, los cuales pasaron de 9 casos en 2012 a 94 en 2013, disminuyendo a 3 casos en 2014.

En cuanto a dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, se pasó de 24 solicitudes en 2013 a 229 en 2014.

Otros grupos que presentaron incrementos entre 2013 y 2014 fueron los dirigentes, representantes o miembros de grupos étnicos (de 343 a 719) y dirigentes o activistas políticos (de 111 a 206).

Los beneficiarios de las medidas de protección pasaron de 6.384 en 2012 a 9.638 en 2014 (24% del total de los requerimientos recibidos y 31% de las solicitudes que cumplieron requisitos en el período analizado), lo que representó un incremento de 51% (3.254) en el número de esquemas prestados entre 2012 y 2014.

En el año 2014, el 51,6% de los beneficiarios fueron servidores y ex servidores públicos, seguidos por víctimas de violaciones a los DDHH con 15,9%, dirigentes, representantes o activistas de organizaciones de DDHH, cívicas, comunitarias o campesinas con 7,4%; los dirigentes y activistas sindicales con 6,2%, y los dirigentes, representantes o miembros de grupos étnicos con 4,7%.

De acuerdo con lo anterior, las solicitudes se redujeron pero el número de esquemas se incrementó en 51%, lo que sugiere que hay inflexibilidad en los esquemas de seguridad aprobados y dificultad de decidir sobre el retiro de medidas para lograr estabilidad en la demanda y mantener un gasto sostenible en la gestión institucional.

 

Componentes de los esquemas de protección

Al hacer el análisis por esquema de protección, se tiene que, dependiendo de su tipo, estos se componen de: vehículo convencional, vehículo blindado, hombres de protección, conductor, chaleco antibalas y medio de comunicación.

En este sentido, los principales ítems de incremento entre los años 2013 a 2015, fueron los vehículos convencionales (28%), seguido de hombres de protección  y conductores (8%) y los vehículos blindados (5%), porcentajes que contrastan con el aumento en el IPC (3,66%). Como excepción se encuentran los medios de comunicación, que presentaron una reducción en costo del 35%.

 

La funcional misional está tercerizada

De acuerdo al estudio de la CGR, el personal de la Subdirección de Protección de la UNP, dependencia encargada de prestar los esquemas de seguridad, se compone en un 14% de funcionarios (470 vinculados a la planta de personal) y 86% de contratistas, dentro de los cuales se registran 2.810 escoltas del operador privado y 77 de personal administrativo, para un total de 3.357 personas que laboran allí.

Según estas cifras, la funcional misional de la UNP, en cabeza de la Subdirección de Protección, se encuentra tercerizada, por cuanto 84% se presta por medio de un operador privado.

 

Deficiente planeación presupuestal

El presupuesto inicial aprobado para la UNP durante el período 2012 – 2014 presentó variaciones significativas, especialmente en 2013, cuando alcanzó 61% de incremento debido a adiciones presupuestales, denotando debilidades en el proceso de planeación presupuestal de la Entidad, como consecuencia de aumentos en el número de esquemas de protección y comisiones de servicios autorizados a los operadores privados, por cuanto se carecía de procedimientos para su aprobación.

La apropiación vigente para 2015 alcanza $371.352 millones, reflejando un incremento de 68% respecto de 2012, explicado principalmente por el rubro de horas extras, días festivos  e indemnización por vacaciones con 1.012%, seguido por servicios personales indirectos con 340%.

Del total del presupuesto de las vigencias analizadas, en el rubro Adquisición de bienes y servicios se ejecutó 89% ($1,1 billones). Por este rubro se ejecutan los contratos de servicios de protección, renta de vehículos y armamento, lo mismo que las comisiones de servicio de los esquemas de protección prestados por los operadores privados.

Para la Contraloría, la planeación presupuestal de la UNP presenta deficiencias significativas por cuanto las adiciones presupuestales recibidas en cada una de las vigencias analizadas fueron relevantes, en especial en 2014 y el primer cuatrimestre de 2015, lo cual impone la necesidad de mejorar los procesos aplicados para la planeación de su presupuesto.

 

Órdenes judiciales agudizan la situación fiscal

Aunado a la deficiente planeación, toda esta variación presupuestal tiene origen igualmente en las acciones de tutela promovidas por los ciudadanos que solicitan esquemas de protección y que están motivadas por distintas razones, que van desde inconformidad con el estudio de riesgo y mantenimiento de las medidas cautelares hasta peticiones de reubicación.

De acuerdo con la UNP, sólo en el período enero-abril de 2015, los recursos que deben destinarse al cumplimiento de órdenes judiciales que resuelven tutelas, ascienden a $1.431,5 millones.

Los accionantes de las tutelas buscan que se amparen sus derechos y  se destinen recursos para su protección, lo cual genera una importante gestión por parte de la Entidad, que en tiempo perentorio debe dar cumplimiento a las sentencias, priorizando su atención.