Hoy finalizó el plazo para que los candidatos entregaran sus cuentas a la organización electoral.

Uno de los primeros temas que figura en la carpeta del Consejo Nacional Electoral a mediados de enero próximo, tras el receso de fin de año, es revisar las cuentas de campaña de los candidatos que participaron en las elecciones regionales del pasado 30 de octubre, con el fin de verificar que se respetaron establecidos por la normatividad.
Ayer venció el plazo que tenían los partidos, movimientos políticos y movimientos significativos de ciudadanos para entregar al Consejo Electoral las cuentas de los ingresos y egresos de las campañas de sus candidatos. Sin embargo al cierre de la jornada se evidenció que un buen número de candidatos no entregaron esta información, exponiéndose de esta forma a las sanciones previstas en la ley.
Sin embargo ésta no es la única fuente de información que tendrán los nueve magistrados que componen el Consejo Electoral para verificar los registros contables de los aspirantes que participaron en los pasados comicios, pues también está el aplicativo Cuentas Claras así como los informes de la veeduría que hicieron los 24 tribunales de garantías que implementó este organismo en igual número de departamentos.
El aplicativo Cuentas Claras fue implementado por el Concejo Electoral por primera vez en los comicios regionales pasados, que obligaba a los candidatos a las gobernaciones y a las alcaldías de capitales de departamento, así como a quienes se inscribieron como promotores del voto en blanco en estas circunscripciones, a llevar su libro de ingresos y gastos en este medio, al cual tenía acceso cualquier ciudadano.
En tanto que aún los 24 tribunales de garantías no han terminado de consolidar la totalidad de la información del monitoreo que en tiempo real adelantaron a las cuentas de los candidatos.
Es decir que a mediados de enero próximo el Consejo Electoral tendrá que contrastar las cuentas de campañas que entreguen lo candidatos por intermedio de los partidos, contra la información del aplicativo Cuentas Claras y por supuesto los informes de los 24 tribunales de garantías electorales.
Hace algunas semanas el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Joaquín José Vives, le explicó a EL NUEVO SIGLO los retos que tendrán los magistrados elegidos para este organismo por el Congreso el 15 de diciembre último: “Primero quedan pendientes todas las investigaciones que adelanta el Consejo por violación del régimen de propaganda electoral, por violación del régimen de financiación, medidas aquellas orientadas a verificar violación de topes, que generaría la pérdida de cargo o investidura de los candidatos”.
Por el momento el CNE estudia 12 denuncias por violación de gastos de campaña, para lo cual serán consideradas también las cuentas que hagan llegar al organismo los candidatos en cuestión.
Haciendo referencia a las pasadas elecciones, el magistrado Vives señaló que “podemos afirmar que los dineros visibles correspondientes a actos públicos, correspondientes a la publicidad, estuvieron mucho más controlados que en otros procesos electorales. Se habla de enormes cantidades de dinero entregadas a los distintos líderes, pero son platas que no se vienen expresando públicamente en las campañas, que es difícil de identificar, pero frente a las manifestaciones exteriores de financiación han cumplido (los tribunales de garantías) un efecto disuasivo muy importante”.

Estricta normatividad
Con la Reforma Política de 2009, las violaciones a los topes de gastos de campaña dejaron de ser un saludo a la bandera, que se castigaba con multas.
Por contravenir esta norma el Consejo Nacional Electoral multó a cinco candidatos que participaron en las elecciones regionales de 2007.
Sin embargo a partir de los comicios regionales de octubre pasado, en los cuales participaron más de 100 mil candidatos, la violación a los gastos de campaña tiene severas sanciones, que en el caso de los candidatos elegidos les hace perder de forma automática la investidura.
En tanto que los partidos y movimientos políticos que violen o toleren la violación de los ingresos o gastos de campaña pueden ver suspendida o privada la financiación anual que entrega el Estado para su funcionamiento; la suspensión o cancelación de la personería jurídica; la suspensión del derecho a inscribir candidatos o listas en la circunscripción en la cual se cometió la falta.
En ese sentido el Consejo Nacional Electoral tiene por delante a partir del enero del próximo año, la revisión de las cuentas de los candidatos para verificar si fueron respetados los límites de financiación.