En medio de una sensación de desgobierno y de varios indicadores en rojo, se presenta una coyuntura histórica y atípica: posible escogencia de nuevo Alcalde, Congreso y Presidente en un lapso muy corto. ¿Qué está en juego y qué puede pasar? Análisis

¿Un alcalde para año y medio?

Tras el fallo del Consejo de Estado que advirtió que la tutela no podía ser utilizada para bloquear un fallo disciplinario, y que lo procedente es acudir a la acción de nulidad, las posibilidades de que Gustavo Petro siga en el cargo son muy pocas, pues es claro que el resto de recursos de amparo que continúan pendientes de decisión en el máximo tribunal de lo contencioso administrativo así como en el Consejo Superior de la Judicatura se enmarcarán en la misma ruta jurisprudencial.

En ese orden de ideas a Petro sólo lo salvarían de salir del cargo dos opciones. En primer lugar, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara medidas cautelares en las próximas tres semanas pidiéndole al Estado colombiano que no haga efectivo el fallo de destitución. Sin embargo, dichas medidas no son de obligatorio cumplimiento para el Presidente de la República, más aún cuando es claro que el Alcalde sí tiene medidas de defensa en el orden interno. Y, en segundo lugar, que aceptara la realidad del fallo de la Procuraduría e interpusiera de inmediato una acción de nulidad contra el mismo ante el Consejo de Estado, esperando que el alto tribunal al analizar la admisión de ese recurso decidiera, como medida cautelar de urgencia, disponer el congelamiento de la destitución hasta tanto no tome una decisión de fondo. Sin embargo, no sólo Petro se niega a someterse al fallo, sino que no está claro que los magistrados adopten en cuestión de semanas una decisión tan importante como suspender la salida del cargo.

Así las cosas, la posibilidad de que los bogotanos tengan que ir a las urnas antes de junio para escoger a un nuevo Alcalde que gobierne alrededor de año y medio (hasta diciembre de 2015) es cada día más alta. Y es claro que en esa elección la ciudad se jugará gran parte de su futuro, pues parece haber perdido el rumbo si se suman los efectos nocivos del escándalo por el carrusel de contratación que sacó del cargo al exalcalde Samuel Moreno y ahora el proceso disciplinario contra Petro, que le ha impedido concentrarse en gobernar en los últimos meses, además de todos los problemas de gestión e inestabilidad del gabinete distrital.

Aunque sólo se trate de escoger a quién llevaría las riendas de la ciudad por un poco más de 18 meses, es claro que tras los problemas de Petro con el Concejo Distrital, sus fuertes desencuentros con el sector privado, el nulo trabajo en equipo con el Congreso y los líos  con el Gobierno nacional en temas tan sensibles como la construcción de vivienda, el mandatario que asuma por ese corto lapso tendría como primera tarea corregir el rumbo y volver a darle dinamismo al ritmo de una administración que lleva más de dos años en medio de tumbos y decisiones polémicas.

Estabilidad y reinstitucionalización, esas serían las dos grandes tareas del alcalde por 18 meses. Incluso, el periodo podría ser más largo si se demorara la confirmación del fallo de destitución y finalmente se pudiera votar la revocatoria del mandato a Petro, en donde podría determinarse, por voluntad popular, su salida del cargo.

Un re-engranaje con el Congreso

Una de las grandes falencias de la marcha de Bogotá en los últimos años ha sido que la ciudad y el Congreso andan por senderos distintos que raramente se cruzan. Esa situación no deja de ser paradójica si se tiene en cuenta que la capital del país tiene la cuota más alta en la Cámara de Representantes, al tiempo que son muchos los senadores que tienen muchos fortines electorales en la ciudad. Pese a ser significativo el volumen de votos que en los comicios parlamentarios pone Bogotá, lo cierto es que el Parlamento y la Administración Distrital no tienen un trabajo conjunto.

Es más, ha hecho carrera en la última década que los mandatarios capitalinos rara vez van al Congreso a debates de control político o a rendir cuentas. Incluso si van, suelen hacer énfasis en que el Estatuto Orgánico prácticamente es una constitución local y que el margen de acción del Legislativo sobre temas de la ciudad es muy relativo. A ello se suma que tanto los Representantes a la Cámara y los senadores con alta votación en la ciudad tampoco es que se hayan distinguido con la defensa férrea de los intereses de la capital del país en la discusión de leyes y reformas constitucionales que pueden afectar los recursos de Bogotá… A diferencia de otras bancadas regionales que, por encima de los colores partidistas, a la hora de cerrar filas por temas de sus departamentos lo hacen con vehemencia y solidez, la bancada parlamentaria capitalina nunca actúa de manera conjunta y hasta suele decirse que la ciudad no tiene dolientes en el día a día del Legislativo.

¿Puede cambiar en algo esa situación con la elección de Senado y Cámara el próximo 9 de marzo? Ha sido tan grave la crisis de la ciudad en los últimos seis años que los analistas creen que ahora sí Bogotá tendrá un peso más específico en la agenda del Congreso, más aún cuando asoman reformas que tocarán temas que tocarán directa e indirectamente los intereses de la ciudad, como es el caso de los proyectos sobre ampliación de periodos de alcaldes a seis años o –en su defecto- la reelección de mandatarios en periodos cuatrienales; nuevo ajuste al régimen de distribución de regalías; la creación de la figura de ciudad-región en el centro del país; las reformas a las CAR, el Código Minero, la educación superior; las modificaciones a la Ley de Reparación a Víctimas, siendo la capital del país una de las urbes que más recibe desplazados por la violencia… Y qué decir de temas tan complejos y de gran importancia para la ciudad como la posibilidad de acabar con la circunscripción nacional para senadores y volver a la figura del senador departamental y el distrital.

Como se ve, el Congreso que se elija el 9 de marzo y la Administración de Bogotá, esté quien esté al frente, tendrán que necesariamente trabajar de la mano en temas muy complejos. Está visto que las agendas separadas que uno y otra han tenido en los últimos años no han llevado a nada bueno ni productivo. La época de las islas separadas y sin puentes de comunicación debe acabar.

Un Presidente y un Alcalde acompasados

Por lo general cuando un Presidente de la República asume en la Casa de Nariño, el titular del segundo cargo más importante de la ciudad ya lleva más del 70% por ciento de su periodo, razón por la cual la posibilidad de que haya empatía entre las agendas políticas, ideológicas y programáticas de uno y otro es muy difícil.

Y esa realidad se ha vuelto más patente en el caso de Bogotá en los últimos años, pues mientras en la Presidencia desde 2002 han estado Jefes de Estado de la centro-derecha, al frente del Palacio Liévano se sucedieron tres alcaldes de izquierda o centro-izquierda (Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno –ambos del Polo- y luego Gustavo Petro -que venía del Polo pero se separó de esa facción-).

Si bien no es necesario ni obligatorio que exista empatía política, ideológica ni programática entre el Presidente y el Alcalde, sí tienen que existir una conjunción en las agendas de los gobiernos Nacional y Distrital, dada la importancia y peso político, económico, social e institucional de la capital del país a nivel nacional. Cuando ello no ocurre se termina en lo que ha pasado en el mandato Petro, en donde los encontrones y polémicas entre los ministros y altos funcionarios del gobierno Nacional con la administración Distrital han sido no sólo reiterados sino muy lesivos para los bogotanos. Para la muestra un botón: uno de los programas bandera de la presidencia de Santos ha sido el de la política de vivienda y en especial el de las 100 mil casas gratis para personas de bajos recursos. Sin embargo, la posibilidad de que el Distrito y el Ministerio del ramo lograran acordar una agenda de trabajo fue casi imposible, y hoy la ciudad es una de las menos beneficiadas con los resultados de la política de vivienda que, en otras ciudades y departamentos, sí ha dado réditos muy importantes. Igual ha ocurrido en otros sectores en donde ha sido bastante complicado llegar a consensos sobre políticas, proyectos y obras entre los niveles nacionales y distritales.

Es allí en donde la coyuntura de este primer semestre de 2014 resulta tan atípica como histórica. Si se confirma la salida del cargo de Petro, ya sea por efecto del fallo disciplinario o por un eventual resultado adverso al mandatario en la votación de la revocatoria (que sigue programada para el 6 de abril), sería la primera vez que el Presidente de la República y el Alcalde de Bogotá serían elegidos casi de forma paralela y con un mismo escenario político imperante.

¿Puede esta última circunstancia mejorar la coordinación entre el Gobierno nacional y el Distrital? Nadie lo sabe, pero lo que sí resulta claro es que se debe aprender de los errores y lo que ha pasado en los últimos dos años por los desencuentros entre el gobierno Santos y el mandato Petro es insólito, pues el choque de las políticas a los que terminó afectando directamente fue a los bogotanos que, por ejemplo, no pudieron acceder en la forma como el Ministerio lo tenía previsto al programa de las casas gratis ni a las metas de construcción de otra clase de unidades residenciales.