Una demanda que podría frenar las negociaciones para la fusión de UNE y Millicom, fue aceptada ayer por el Juez 16 Administrativo Oral de Medellín.

Dicha aprobación está en trámite ante las superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades y Financiera, tras la firma realizada por representantes de ambas empresas el pasado 2 de octubre.

La admisión de la demanda se efectúa tras una acción popular instaurada por el Sindicato de Profesionales (Sinpro) contra EPM solicitando la nulidad del negocio, teniendo en cuenta la amenaza contra varios derechos colectivos emanados de esta fusión.

La primera amenaza, de acuerdo con los demandantes, es contra el patrimonio público, dado que el actor seleccionado (Millicom) no es el más idóneo, pues no tiene las suficientes garantías y la solidez para custodiar el patrimonio público, tal y como se ha demostrado con la experiencia ya conocida de Colombia Móvil (Tigo) en la cual son socios Millicom, la ETB y EPM.

Asimismo, señala el comunicado, la moralidad administrativa es otro de los derechos colectivos amenazados con esta fusión, puesto que el proceso de negociación ha vulnerado los principios constitucionales de transparencia e igualdad, al no hacerse el proceso de democratización de propiedad establecido en la Ley 226 de 1995 (enajenación de la propiedad accionaria estatal), es decir, el mismo proceso que hoy se adelanta con la venta de Isagen.

De otra parte, los trabajadores indican que con la fusión se amenaza la universalidad del servicio de las tecnologías de la información y la comunicación, pues con el nacimiento de EPM (Acuerdo 058 de 1955), el Municipio de Medellín (su dueño) le entregó la responsabilidad del acceso universal de la telefonía (que posteriormente se amplió a los servicios de Tic), mientras que en el Acuerdo 17 de 2013 del Concejo de Medellín, esta responsabilidad se le transfiere a la Subsecretaría de Servicios Públicos del Municipio de Medellín, que no tiene ni los recursos ni las competencias para el desarrollo del acceso universal a las TIC’s.

Adicional a esta demanda de nulidad del negocio, cursan otras dos ante el Juzgado 28 Oral Administrativo de Medellín contra la nulidad del Acuerdo 17 de 2013 del Concejo de Medellín, instauradas de forma independiente por el Colectivo ciudadano MedellínNosUne y Sinpro, y por el Sindicato Unigeep (Unión Sindical Grupo Empresarial EPM).