En la antesala de la campaña electoral para Congreso y Presidencia, y con la reelección como telón de fondo, el debate sobre si los empleados oficiales pueden participar en actividades proselitistas está abierto. Exministros, exprocuradores, exfiscales, parlamentarios, altas fuentes de las Cortes y el Gobierno, así como un exalcalde sancionado tercian en la polémica

 

Cada vez que arranca una campaña electoral y más aún cuando la posibilidad de reelección está sobre el tapete, el debate es el mismo: cómo evitar que los funcionarios públicos participen en política partidista o en actividades proselitistas abiertas.

Y cada vez que pasa una campaña, la promesa también es la misma: se proyectará una reforma, ya sea para castigar de forma más drástica a quienes desde cargos públicos hacen política partidista o, el caso contrario, para acabar con una prohibición que resulta ser ‘rey de burlas’ en el día a día de la campaña electoral.

La norma base es el artículo 127 de la Constitución, según el cual “a los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución. Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria”.

Esa prohibición se ve reflejada en el Código Único Discplinario, que es el marco normativo con el cual se juzga a los empleados públicos. Según el artículo 48 numeral 39 de la Ley 734 de 2002, dentro de las conductas que constituyen faltas gravísimas está la de  “utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley”. Por ende, al ser falta gravísima, la sanción por lo general es la destitución del funcionario al que se le compruebe esta infracción.

Es claro que estando a escasos ocho meses la cita en las urnas para elegir Congreso y a diez de la primera vuelta de los comicios presidenciales, este tema levanta mil quisquillosidades, no sólo por las cuotas burocráticas que los senadores y representantes tienen en entidades públicas del orden nacional, regional y local -y que seguramente tratarán de mover políticamente para repetir curul-, sino porque la expectativa de que el presidente Santos se lance a buscar un segundo periodo es muy alta.

Desde la misma oposición se denuncia ya que el Gobierno está poniendo los programas y presupuestos al servicio de la causa reeleccionista, señalamiento que la Casa de Nariño rechaza, precisando que no puede parar la gestión sólo porque se acercan las elecciones. Además, la misma Ley de Garantías Electorales regla qué puede o no hacer el Ejecutivo si oficializa su intención de ir por un segundo mandato.

La controversia es tan alta, que incluso un abogado de nombre Ricardo Cifuentes, presentó una acción jurídica alegando una presunta intervención en política del presidente Santos, debido a que encabezó la entrega de 455 casas gratis en Cúcuta.

Para este abogado, la posibilidad de que se elimine la prohibición de los funcionarios públicos para participar en política es un adefesio completo, “porque se rompe la equidad y la igualdad de los contendores en la arena política”.

Este tema también está sobre el tapete por cuenta de un proyecto de ley que sobre ese aspecto radicó, de nuevo, el senador Carlos Enrique Soto.

La iniciativa da vía libre para que los servidores públicos puedan hacer política de manera abierta, aunque reglamenta algunas prohibiciones.

El senador de La U manifestó que ese proyecto lo ha presentado en tres oportunidades. La iniciativa se basa en el artículo 127, que ordena al Congreso reglar de manera específica la participación en política de los servidores públicos y define de manera clara quiénes lo pueden hacer de manera activa, y quiénes solamente con el ejercicio del voto.

“Quienes no lo pueden hacer son los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, que no pueden participar en campañas como tampoco votar… Y los que pueden hacerlo de una manera pasiva, es decir votando, son el sector judicial, el sector electoral, las procuradurías, las contralorías, las personerías… Al resto de funcionarios les deja la posibilidad de participar, pero  reglando esa actividad”, explicó. 

De acuerdo con Soto lo que busca con su proyecto es que los funcionarios puedan participar en política partidista pero cuando no estén en horas laborales. “Otro aspecto que quiero precisar es que no se pueda ejercer presión sobre los subalternos para que favorezcan a determinados candidatos”, agregó.

También debe quedar bien claro que no se pueden utilizar los recursos del Estado para fines proselitistas. Soto recordó que el Congreso por más de 20 años no ha tenido la decisión de reglar este aspecto por medio de esa ley, y de allí que lo que su proyecto busca es quitarle la gran máscara a todos los servidores públicos que hacen política de manera camuflada, “con doble carátula”.

 

Visión de exprocuradores

 

¿Debería permitirse la participación en política partidista de los funcionarios públicos? EL NUEVO SIGLO consultó con exprocuradores, senadores, dirigentes políticos sancionados por esta infracción y otras voces con el fin de ahondar sobre el debate.

Según el exprocurador Jaime Bernal Cuellar “hoy tienen prohibición ciertos funcionarios públicos... Me parece que como regla general es una buena medida, especialmente para ciertos servidores como es el Ministro de Justicia, por ejemplo”.

Dijo que la norma es tan flexible, que lo que se debe es revisar algunos puntos para saber quiénes verdaderamente pueden hacer política siendo servidores públicos y quiénes no, “porque la misma función no compagina con las intervenciones en política, como es el ejemplo de los administradores de justicia”.

Bernal dijo que es bueno mirar que esa participación no vaya a obstaculizar lo que es la función pública, porque el funcionario se dedica a hacer política y no cumple su tarea como empleado oficial.

Para el también exprocurador Edgardo Maya Villazón la situación es distinta, al punto que opina que esa prohibición es la medida más hipócrita que puede haber.

“Esa es una norma que históricamente se impuso durante el Frente Nacional para acabar la lucha partidista que había entre liberales y conservadores. Esa ya es una época superada que tiene más de 50 años”, dijo.

Expresó que hoy por hoy ya es una norma que no está de acuerdo con la civilización política de un país que ha ido avanzando, a tal punto que es la única norma que queda de las antiguas prohibiciones.

“Lo que pasa es que si tenemos al primer mandatario haciendo política, no entiendo por qué le van a prohibir a los demás servidores públicos hacer política”, señaló.

Para el exfuncionario lo que se debe hacer es limitar la participación de los servidores públicos y que los bienes del Estado no estén al servicio de las campañas políticas.

Para otro extitular del Ministerio Público, Carlos Gustavo Arrieta, la solución está en diferenciar el nivel de funcionarios y analizar qué es lo que se llama “hacer política”.

“Si estamos hablando de política para promover las ideas, sus principios o sus obras, eso es distinto. Pero la idea de que un funcionario pueda hacer política activa es distinto, no me parece conveniente para el país”, indicó.

Arrieta sostuvo que se debe mantener la norma constitucional, aunque interpretándola con más flexibilidad, porque no se puede pretender “que si un ministro está de viaje y asiste a una plaza pública en una manifestación, de golpe dicen que está participando en política… Hay que (interpretar la norma) con racionalidad, pero no eliminarla totalmente”. 

 

Exfiscales y exministros

 

La visión de los penalistas también da muchas luces sobre este debate. Según el exfiscal Alfonso Gómez Méndez regular esa participación de funcionarios en política es menos malo que lo que ocurre hoy “donde todos participan, desde el propio Presidente, y por debajo de la mesa”.

“Hay que partir de la base de que la prohibición que existe hoy en día se ha convertido en una farsa, porque todos los funcionarios, desde el Presidente de la República, de una u otra forma participan en política… Creo que sería más sano que claramente se diga que sí pueden intervenir y se establezcan las condiciones para evitar que se haga uso indebido del poder, del presupuesto o los contratos para incidir en la elección”, dijo el exfiscal.

Para el exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, la prohibición debe mantenerse tal como está, “por muchas razones, pero especialmente porque (de reformarse) empezaría entonces el servicio público, que debe ser visto y trabajado como un fin, a considerarse un medio para hacer política. Eso me parece que afectaría en materia grave el servicio público…”.

También señaló que permitir la participación en política partidista de funcionarios públicos crea unas situaciones de desigualdad e injusticia a la hora de hacer política, sobre todo para quienes no tienen a su favor los medios y las gabelas que sí poseen quienes están en el servicio público.

Quienes han estado en la orilla electoral y luego pasaron a cargos públicos, tienen una visión realista de este debate.

Por ejemplo, el exministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio sostiene que en la actualidad hay muchos funcionarios participando en política y lo están haciendo de una manera ilegal. Pero consideró “que la democracia nuestra ya está lo suficientemente madura para que los funcionarios puedan participar, pero con limitaciones muy claras, como que no puedan utilizar nada que se relacione con su cargo para beneficiar una determinada campaña o candidatura”.

Valencia Cossio reitera que la prohibición no tiene objeto y señaló que es preferible que se haga política abiertamente pero con prohibiciones expresas.

“Me parece que no vale la pena sostener esa prohibición, porque de todas maneras los funcionarios hacen política, participan en política, y es mejor que se haga de frente y abiertamente, porque eso permite hacer el otro control, que es que no se vayan a utilizar los recursos del Estado o las funciones o el poder que tiene cada uno”.

Otro que también ha estado en las tres orillas es Horacio Serpa: ha sido Procurador, ministro y dirigente político. Él es de la idea de que los funcionarios públicos sí puedan participar en política. “La función pública es, esencialmente, una función política, entonces (con la prohibición) lo que se obliga es a los funcionarios públicos a hacer política a escondidas. Claro, eso debe tener un buen reglamento, ese tema ya fue discutido en la Asamblea Nacional Constituyente”, anotó.  

 

Congreso dividido

 

En el Congreso las opiniones también están divididas. El senador conservador José Darío Salazar recalcó que la participación en política de los funcionarios públicos es muy complicada porque, sin ninguna duda, estos empleados tienen cierto poder en sus manos, por ejemplo aquellos que manejan presupuesto. “Me parece que se puede correr el riesgo de que se pongan los bienes del Estado, los bienes del municipio, al servicio de una campaña”, precisó.

Por lo tanto, el congresista considera que las prohibiciones deben quedar tal y como están.

Para el representante a la Cámara Buenaventura León es claro que la Constitución sí contempló la posibilidad de que los funcionarios públicos hicieran política, salvo en algunos casos, como aquellos empleados que tienen cargos de jurisdicción. “Pero hoy de manera oculta todos los funcionarios hacen política, esa es una realidad que se encuentra en el país”, agregó.

A su turno, el senador Carlos Ferro, de La U, recordó que la actual norma “establece que usted como funcionario público puede militar en un partido político, participar y votar. Lo que no puede es influenciar en la decisión de otros en política”.

Para el senador Edgar Espíndola todo depende de en qué nivel se estaría eliminando la prohibición, aunque admitió que hoy en día todos los funcionarios hacen política.

Entre tanto el senador liberal Guillermo García Realpe cree que efectivamente se debe eliminar la prohibición, pero exceptuando a los que tengan jurisdicción, mando y a disposición presupuesto.

El senador conservador Hernán Andrade señaló, por su parte, que se debe quitar ese velo de la hipocresía de la no intervención en política de los funcionarios. “Este proyecto (que elimina la prohibición) no ha pasado en el Congreso por el tabú que se conserva sobre la participación en política. En este país el único que puede hacer política en periodo electoral, con chequera en mano, con todo es el Presidente de la República”.

Para Andrade lo mejor es regular la normatividad respectiva y ampliarla a otros funcionarios para que puedan participar en política, como se hace en otros países. 

El expresidente del Senado, Roy Barreras, también es partidario de eliminar la prohibición y advierte que lo que se debe garantizar es “que no haya abuso de poder y se quite la cortina vieja, para que todo sea transparente”.

A nivel regional, el debate sobre hasta dónde debe permitirse a quienes trabajan para el Estado hacer política partidista, también es intrincado.

Por ejemplo, Rubiel Muñoz, expresidente de la Asamblea del Valle del Cauca, manifestó que la prohibición actual es comparable a cuando en el país se consumía alcohol y se fumaba a escondidas. “La doble moral en Colombia es precisamente decir que el funcionario no participa en política, pero todos saben que funcionario hace política… Me parece que hay que buscar una manera de regular esa participación por medio de una norma que garantice el equilibrio entre todos pero que se quite la doble moral”. 

 

Altas esferas

 

¿Y qué opinan en las más altas esferas del Estado respecto a flexibilizar la prohibición de que los empleados oficiales participen activa y abiertamente en campañas y actividades proselitistas de partidos y candidatos?

EL NUEVO SIGLO consultó al Consejo de Estado al respecto. Un magistrado, que pidió reserva de su nombre, opinó que más allá del alcance de la reforma, lo más conveniente es que a los funcionarios encargados de los temas de justicia se les mantenga  la prohibición.

“En la Rama Judicial es saludable que haya esa prohibición, porque es una función abnegada, pero ya en los otros sectores que son un poco más de expresión política, la participación en política es un derecho fundamental, por eso no lo veo tan malo”, indicó el magistrado, reiterando que, por encima de todo, es pertinente para mantener la credibilidad de la justicia.

En donde la idea no suena ni siquiera un poco, es en el alto Gobierno. Una muy alta fuente del Ejecutivo le dijo a un periodista de este Diario que no se considera oportuno que se tramite en época electoral una iniciativa de ese estilo, aunque admitió que “en términos teóricos es mejor eliminar las prohibiciones que no puedan ser controladas”.

 

Habla un destituido

 

Obviamente este análisis no estaría completo sin la voz de quienes han sido blanco de sanciones y destituciones por presunta participación en política partidista.

Uno de los más sonados casos en este aspecto es el del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, a quien el año pasado la Procuraduría General lo sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 12 años por -según el Ministerio Público- haber violado como funcionario público la Ley de Garantías e influido en procesos electorales de carácter político ostentando el cargo público. El fallo de segunda y última instancia precisó que el alcalde intervino "en actividades propias de los partidos y movimientos políticos, e influyó en procesos electorales de carácter político partidista, en un periodo electoral en el que se exige la mayor imparcialidad de todos los funcionarios y servidores del Estado".

A Salazar se le puso en la mira porque en la antesala de la elección de alcaldes, gobernadores y otros cargos regionales y municipales, denunció que grupos ilegales estaban obligando en Medellín a votar por el entonces candidato y rival del grupo del alcalde, Luis Pérez. Aunque sí se evidenció que hubo presiones, para la Procuraduría con sus afirmaciones "Salazar decidió influenciar el proceso electoral y filtró información a los medios de comunicación".

Consultado por EL NUEVO SIGLO, Salazar dijo que “la figura de la prohibición en política es obsoleta. Lo que se debe es prohibir de manera drástica el uso de recursos públicos para favorecer candidatos. Considerar ilegal expresar opiniones va contra otros principios constitucionales como la libertad de expresión”.

Como se ve, este es un debate tan complejo como desgastante. Y dado que ya la campaña electoral está enrutándose a la recta final, y teniendo en cuenta que el Gobierno ni su coalición de Unidad Nacional tienen el proyecto del senador Soto dentro de sus prioridades para esta última legislatura, la polémica seguirá abierta por mucho tiempo más, como ocurre con tantas polémicas irresolutas en Colombia.