Ante un juez penal del circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, la fiscal 3° delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá acusó a la excoordinadora de sistemas de la seccional de justicia de la capital del país, Yolima García Garavito, y a la administradora de empresas y también excoordinadora de los sistemas de los juzgados, Diana Fernanda Santos Rubio.

La fiscal señaló que a las exfuncionarias se les acusa de haber incurrido presuntamente en los delitos de falsedad ideológica en documento público y daño informático.

Según lo establecido, las acusadas fueron quienes durante el reparto de una acción de tutela sobre el caso Corelca, la direccionaron para que le correspondiera al Juez 29  Civil Municipal de Bogotá, quien  aceptó la tutela sin tener en cuenta la territorialidad del caso, pues se trataba de un proceso de Cartagena y de Barranquilla, inclusive haciendo caso omiso a las advertencias que sobre el caso había realizado la empresa Corelca y la misma DIAN.

En lo que tiene que ver con la actuación del Juez 35, quien actuó en segunda instancia, este obvió las advertencias que había de otros organismos y dio luz verde a la actuación del Juez 29, favoreciendo a los tutelantes, para que se pudieran apropiar de manera ilegal de los terrenos que había cedido Corelca a 64 familias.

Sobre la historia del litigio, la fiscal del caso señaló que a raíz de las obras de extensión de redes eléctricas de alta tensión que proyectó la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca), en sectores rurales del municipio de Mompox, para los años 1998 y 1999, por los menos 64 familias campesinas por cuyos predios pasaron las redes se vieron afectadas, interponiendo estas una demanda contra la empresa electrificadora.

Posteriormente para resarcir a los damnificados, la entidad optó por ceder un terreno cerca de la ciudad de Cartagena siendo escogido el predio de 34 hectáreas, denominado Mamonal, 12 de las cuales correspondían a una isla, considerada reserva forestal.

Por gestión del abogado de las víctimas se realizaron escrituras con dos propietarios falsos, las cuales se tramitaron ante el juez de Mompox, la registradora de Cartagena (Bolívar), el notario de Barranquilla (Atlántico), y el exgerente de Corelca, quienes dieron su aval a los documentos, pese a las advertencias de la Oficina de la DIAN y la propia empresa Electrificadora.

Para los años 2008, y 2009, se le concedió la propiedad a dos particulares, que negociaron el predio con una entidad de Ingenieros.

Los investigados causaron un detrimento patrimonial al Estado en suma cercana a los 14 mil millones de pesos, valor del predio  Mamonal cedido a las familias afectadas.

En la actualidad las dos exfuncionarias acusadas permanecen con detención domiciliaria, después de la decisión de una juez en segunda instancia, quien les impuso la medida el 29 de enero pasado.