Un diálogo nacional abrió el Departamento Nacional de Planeación, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para obtener insumos que permitan vigorizar la figura del inspector de Policía como agente del Estado en la resolución de conflictos.     

El objetivo es entender cómo los inspectores atienden los conflictos, cómo se articulan con instituciones departamentales y locales y cuáles son las fortalezas y debilidades en materia normativa, capacidad operacional, y el papel que juegan en la arquitectura institucional de la seguridad, justicia y convivencia ciudadana.

Con ese propósito se realizó en Villavicencio, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación y con la Gobernación del Meta, la primera mesa departamental de inspectores de policía de esa región del país, en la que participaron 40 de los 53 inspectores y corregidores.           

En tres sesiones de trabajo se buscaba identificar cuáles son los conflictos que atienden los inspectores de Policía, a través de cuáles medios y mecanismos, así como establecer las redes de articulación del inspector con las autoridades locales y las entidades territoriales, e identificar los problemas del rol que desempeñan dichos agentes.

El evento responde a la labor que viene adelantando el Departamento Nacional de Planeación, orientada a brindar elementos técnicos para la formulación de políticas públicas y el diseño institucional en esta materia en el escenario rural, dijo Gabriel Cifuentes Ghidini, de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG) de la entidad.       

A los inspectores y corregidores de Policía, figura creada con la Ley 23 de 1991 (reglamentada en el Decreto 800 de 1991), les corresponde dirimir o gestionar los conflictos que emergen entre particulares o vecinos por asuntos de la cotidianidad que afectan la convivencia ciudadana.

Entre ellos están los lanzamientos por ocupación de hecho, la restitución de bienes de uso público, perturbaciones a la tenencia de un bien, problemas de convivencia como riñas por escándalos, amenazas entre vecinos, basuras y entrega de inmuebles.