Esta semana la plenaria de la Cámara aprobaría en su cuarto debate,  salvando su primera vuelta, el proyecto de reforma constitucional que fortalece el fuero penal militar.

La iniciativa hace que todos los delitos que cometan los uniformados como parte del servicio sean conocidos por tribunales castrenses, con excepción de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y un listado de siete conductas más.

El proyecto sería aprobado sin ninguna modificación a pesar de las advertencias que han hecho organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, entre estas últimas Human Rights Watch (HRW) y la propia Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacdh), quienes consideran que de esta forma se abre la puerta a la impunidad frente a los delitos que cometan militares y policías, además de que los mal llamados falsos positivos pasarían a jueces militares.

La iniciativa que presentó al Congreso el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, revive parte de la reforma al fuero penal militar que tumbó la Corte Constitucional el año pasado por vicios de trámite.

El proyecto de acto legislativo No. 167 de 2014 Cámara – 022 de 2014 Senado establece que de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares.

Fija que en ningún caso lo Justicia Penal Militar o Policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales.

En su tránsito en sus dos primeros debates en Senado el proyecto tuvo a cuestas las críticas de organizaciones de derechos humanos como HRW y de la Oacdh, al alertar que esta norma abriría la puerta a la impunidad porque conductas por fuera de la ley en que cayeron uniformados, como los falsos positivos,  irían a parar a manos de la justicia castrense.

En ese sentido la Oacdh advirtió al final de octubre pasado sobre este proyecto y otro que presentó el Gobierno para que la Justicia Penal Militar sea independiente del mando, que “distorsionan el DIH porque en vez de promover su aplicación como marco de protección mediante prohibiciones para la guerra, tal y como prevén los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, es usado como causal de justificación de varias  conductas en materia penal, y en relación con uno solo de los actores del conflicto”.

La semana anterior y en la antesala del último debate de la primera vuelta de la reforma al fuero penal militar, el responsable para las Américas de HRW, José Vivanco, dijo que el Gobierno colombiano con este proyecto y dos más que cursan en el Congreso sobre este sistema pretende blindar a los uniformados frente a delitos violatorios de los derechos humanos que han cometido en el desarrollo del conflicto armado.

"Lo que persigue la reforma es que cualquier hecho que se produzca en el campo de batalla, y todo se produce en el contexto de hostilidades, esté amparado por unas órdenes que le dan un barniz de legalidad para proteger a todos los asesinos que participan en estas ejecuciones", aseguró Vivanco.

<INTERTIT>No habrá impunidad

En el marco del debate que se le dio a este proyecto en la Comisión Primera de Cámara, los partidos de la Unidad Nacional defendieron la iniciativa por considerar que es necesaria para otorgar seguridad jurídica a los uniformados en la lucha que libran en el conflicto armado, pero además con la tranquilidad que dicen tener de que por esta vía no habrá impunidad de hechos ocurridos como los falsos positivos ni a futuro.

Sin embargo, la oposición al Gobierno encarnada en el Polo Democrático y los independientes de la Alianza Verde son contrarios a este proyecto. Germán Navas (Polo) afirmó que podría abrir paso a la impunidad y que no brinda claridad sobre el tratamiento de casos como falsos positivos y las violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Por su parte, la representante Ángela Robledo (Alianza Verde) expresó que la ampliación fuero militar borra de tajo los avances de la ley 1719 de 2014, frente a violencia contra mujeres y niñas en territorios de guerra, ya que los delitos sexuales, en su opinión, podrán ser juzgados por la Justicia Penal Militar.

Sin embargo en dicha sesión el ministro Pinzón fue enfático al señalar que los falsos positivos jamás se incluirán en las materias de conocimiento de la Justicia Penal Militar. Sostuvo además que se trata de un mandato del presidente de la República, para lo cual se ha estructurado una norma que expresamente en ese sentido se orienta, y en la cual además la Fiscalía tiene un papel decisivo, y ha señalado que hay una garantía adicional y es que el fiscal también ha dicho públicamente que nunca permitirá que un falso positivo pase a la Justicia Penal Militar.