La complejidad y especialidad del fuero militar y la Justicia Penal Militar, en un escenario actual de desprotección jurídica de los uniformados, exigen que este tema preferiblemente sea tratado dentro de un proyecto integral y no como se hizo, en un artículo marginal de la reforma a la Justicia.

Así lo consideró la ex ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, quien dijo que en un momento determinado policías y militares son más vulnerables frente a la Justicia de lo que son los delincuentes.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se puede explicar que, a pesar de que el actual Gobierno no ha modificado la Política de Seguridad ni disminuido la intensidad de la ofensiva militar, las Farc parecen tener más capacidad de hacer daño?

MARTA LUCÍA RAMÍREZ:Eso obviamente es una táctica que utiliza siempre la guerrilla, y es justamente la de tratar de mostrarse muy fuerte cuando ven que hay algunas posibilidades de diálogo con el Gobierno. Los mensajes que ha mandado ‘Timochenko’, al igual que los que mandó en su momento ‘Alfonso Cano’, pienso yo que han generado una reacción exageradamente optimista de parte de algunos medios de comunicación y también de pronto de algunos interlocutores oficiales y líderes políticos, y siempre ha sido típico que cuando ven la posibilidad de negociación, recrudecen las acciones terroristas para mostrar una posición de fortaleza en el caso de llegar a la mesa. En todo caso, no podemos pasar por alto la percepción generalizada de que han recrudecido sus ataques y aumentado su presencia en algunos lugares.

ENS: Al final del gobierno Uribe algunos consideraron que la Política de Seguridad Democrática había llegado a su agotamiento, y ahora con Santos le piden un redireccionamiento de la misma. ¿Usted qué piensa al respecto?

MLR:Lamentablemente es cierto que al final del anterior gobierno hubo mayores ataques y presencia de guerrilla y ‘bacrim’, como también es cierto que ya las Farc estaban empezando a aplicar la estrategia de fortalecimiento de ‘Cano’, buscando en parte que el cambio de gobierno llevara al país a pensar que, si no se había acabado con ellos en el gobierno Uribe, quizás era hora otra vez de pensar en negociar. Me parece que la Política de Seguridad Democrática no está agotada ni se debe cambiar. Justamente creo que el éxito del país está en darle continuidad a una política que tiene como propósito, primero que todo, garantizar la protección a la población, asumiendo la iniciativa de ataques permanentes a la ilegalidad y al terrorismo. Esa es una diferencia enorme con lo que había sido anteriormente la actitud defensiva de la Fuerza Pública en Colombia.

Hace 10 años, con el presidente Uribe nos pusimos el objetivo de proteger a la población, y eso significa estar en la calle, tomar la iniciativa, desarrollar proyectos y programas que de verdad permitan que los ciudadanos puedan circular libremente por todo el territorio sin tener la amenaza de secuestros, homicidios ni atentados terroristas.

Segundo objetivo muy importante, es la presencia del Estado en todo el territorio. La presencia del Estado, lo dijimos siempre, no es solamente Fuerza Militar y de Policía, sino es también especialmente presencia en materia de justicia, educación, salud, infraestructura, es decir un Estado integral que haga presencia en todo el territorio para dar bienestar a la ciudadanía y copar el espacio que ha ocupado la ilegalidad.

Por esa razón me parece que es una equivocación enorme pensar que la Política está agotada, lo que hay que actualizar son las tácticas; las prioridades en el control de algunos lugares del territorio sobre otros de acuerdo al mapa de riesgo y alertas tempranas; la Inteligencia especializada para evitar algún tipo de actividades terroristas más que otras; o la invitación a una mayor colaboración ciudadana en unos lugares y de una manera particular. Eso hay que estarlo revisando, actualizando permanentemente, pero sin cambiar jamás los ejes y los objetivos estratégicos de esa Política de Seguridad Democrática que tan buenos resultados le dio a Colombia durante unos años muy importantes, que fueron los que nos permitieron llevar a las guerrillas a un punto de quiebre y a la pérdida total de su capacidad política y de su posibilidad de movilizarse masivamente como lo hacían en el pasado en contra de la población.

Mantener el Plan Colombia, la cooperación militar y el proceso de profesionalización de nuestro Ejército, en buena hora adelantados por el Presidente Pastrana, así como reforzar la Seguridad Democrática en su etapa de consolidación sobre todo a nivel urbano, son un imperativo para los desafíos de hoy.

ENS: El senador Carlos Chavarro sostiene que en Colombia se necesita un marco legal para la guerra. ¿Qué opina?

MLR: Siempre estuve buscando cuando fui ministra de Defensa y después como Senadora en el Congreso, que hubiera una ley que recoja los elementos estructurales de esa Política de Seguridad Democrática, una ley que le dé a la Fuerza Pública las herramientas permanentes y las extraordinarias que sean indispensables para poder combatir con más eficacia a todos los grupos ilegales y terroristas de este país, porque estamos hablando hoy de las Farc, pero no olvidemos que igualmente son ilegales y terroristas el Eln, las ‘bacrim9 y todos los grupos de personas al margen de la ley que se encuentran organizados contra la vida pacífica de los colombianos.

Un estatuto legal me parece que es absolutamente indispensable, entre otras cosas para que no se diga que la Política de Seguridad es exitosa dependiendo de quien sea la persona que esté al frente del Gobierno o al frente del Ministerio de Defensa. La Política de Seguridad, para que sea exitosa, tiene que ser una política de Estado y tiene que comprometer la acción interinstitucional de las distintas áreas del Estado. Por esa razón estamos en mora de que esta ley tenga tránsito en el Congreso. Nosotros la presentamos en el año 2002, desafortunadamente la tumbó la Corte por un error de procedimiento de parte del entonces presidente de la Cámara; pero después en el año 2007 como Senadora volví a presentar este proyecto de ley y desafortunadamente el Congreso no le dio el trámite porque no contó en ese momento con el impulso del Gobierno. Estando hoy el presidente Santos, habiendo sido él ministro de Defensa, sí que sería importante que asuma como prioridad expedir una ley de Seguridad y Defensa Nacional en la agenda legislativa que comienza en el mes de marzo. Tengo mucha confianza en que el ministro Pinzón lidere ese proyecto en el Congreso.

ENS: ¿Qué tan cierto es que actualmente hay desmoralización de la tropa por falta de seguridad jurídica?

MLR:No tengo ninguna duda de que eso tiene mucho de cierto, sin que por ello acepte que se diga tan ligeramente que la Fuerza Pública ha dejado de combatir. Para nuestros soldados y policías es tremendamente desmoralizador saber que en un momento determinado son ellos mucho más vulnerables frente a la Justicia que lo que ésta resulta para los delincuentes.

Cada vez que vemos en las noticias cómo los delincuentes de este país tienen tratamientos preferenciales y subrogados penales que les permiten unas sanciones irrisorias, casi que unas penas apenas simbólicas, como lo hemos visto con todos los que han estado condenados por paramilitarismo, que les dan condenas de seis o de siete años que en realidad se convierten en condenas de dos años; o cuando los miembros de grupos terroristas pagan condenas de escasos cinco años si es que pagan alguna, cuando no es que salen a hacer política o a convertirse en hombres de negocios y académicos. Por el contrario, un agente del Estado, militar o policía, cuando son condenados reciben condenas de 30 o de 40 años, como acabamos de ver en el caso del coronel Plazas o en el caso del general Uscátegui, a pesar de todas las inconsistencias de las pruebas en su contra, hasta el punto que el mismo Gustavo Petro como Senador denunció ese proceso injusto. Eso lleva a que evidentemente se sienten muy vulnerables desde el punto de vista de la seguridad jurídica y creo que el error que se cometió, de haber reducido la cobertura del fuero militar y haber debilitado la Justicia Penal Militar, es imperdonable, y no entiendo por qué después de cinco o seis años todavía no se ha corregido.

Creo que los militares de Colombia y los policías merecen tener, como los militares de cualquier país del mundo, una justicia especializada, una justicia técnica y por supuesto una justicia que inclusive sea mucho más rigurosa, mucho más exigente que la justicia ordinaria, pero que sea una justicia que, precisamente por su especialidad y su conocimiento técnico, les dé a ellos también las garantías del debido proceso y de la presunción de inocencia que merecen los militares en Colombia.

Son personas que están combatiendo permanentemente y, precisamente, el estar en actividades de combate exige que quien los juzgue y quien instruya esos procesos sean personas con perfecto conocimiento de la operacionalidad, de la jerarquía y de la obediencia debida que tienen los miembros de la Fuerza Pública.

Un soldado o un policía no puede simplemente decirle al superior que no cumple una orden, porque es una insubordinación, y eso también es un delito militar; entonces por esa razón se requiere esa Justicia Penal Militar y ese fuero militar con todos los controles necesarios para evitar que haya violaciones a los derechos humanos y que haya impunidad frente a cualquier eventual violación de los mismos por parte de un uniformado.

ENS: ¿En ese sentido, está de acuerdo con que un artículo que fortalece el fuero militar haga parte de la reforma a la Justicia o hubiera preferido que este tema fuera tratado en otro proyecto que se ocupara de una reforma integral?

MLR: Yo hubiera preferido un proyecto de ley independiente, justamente porque es un tema que por su especialidad, por su complejidad, requiere un tratamiento integral, no un artículo marginal dentro de una reforma a la Justicia. El tratamiento integral de la Justicia Penal Militar podría disponer que haya fiscales civiles y jueces militares, con lo cual habría más tranquilidad en cuanto a la independencia del investigador. Ameritaría que se presentara como un proyecto independiente, siempre y cuando tenga, obviamente, el impulso por parte del Gobierno y el trabajo prioritario al interior del Congreso, para lograr que realmente se convierta en una ley de la República.

Me parece que dejar desprotegidos a nuestros militares y nuestros policías rayaría con la irresponsabilidad, porque el día de mañana jamás podríamos perdonarnos que Colombia vaya a retroceder en la guerra contra el narcotráfico, contra la guerrilla y contra los paramilitares por cuenta de esa debilidad jurídica y del temor que ella genera hoy en nuestros militares.

Yo sé que tenemos militares totalmente comprometidos, totalmente dedicados a esa lucha contra la ilegalidad, pero también creo que en un momento determinado, si ellos, ante ciertas operaciones, dejan de actuar por la duda que pueden tener sobre las consecuencias jurídicas para ellos, estaríamos llevando a Colombia al precipicio, y eso no podemos de ninguna manera permitirlo.

Por esa razón creo que el trámite debe ser ágil y tiene que ser un asunto absolutamente prioritario. Tengo plena confianza en que el Gobierno tiene también ese compromiso de sacar adelante el tema del fuero penal militar y la Justicia Penal Militar y en la medida en que se tenga un proyecto independiente e integral, yo creo que eso le dará mucha tranquilidad a las personas defensoras de los derechos humanos y sobre todo a la sociedad colombiana, pues obviamente existen razones sobradas para exigir que no haya impunidad en los delitos que eventualmente pueda cometer un uniformado en Colombia y que se esclarezcan hasta sus últimos responsables casos tan aberrantes y vergonzosos para Colombia, como el de los falsos positivos.