El cambio de estrategia operacional, el relevo ministerial, los rumores sobre una tropa ‘tenida’ para actuar por temor a ser ‘empapelada’ por falsas denuncias y la promesa de un nuevo sistema de defensa técnica de los uniformados, configuran un escenario complejo para el viejo anhelo castrense de redimensionar su ámbito especial de juzgamiento penal y disciplinario.
LAS CONTROVERSIAS que se tornan cíclicas son aquellas que nunca se resuelven y, por lo mismo, a cada tanto saltan a la primera plana, se discute sobre ellas y de un momento a otro vuelven al cajón del olvido.
Eso es, precisamente, lo que le pasa al fuero militar. En la campaña presidencial del año pasado fue un tema clave. El entonces candidato Juan Manuel Santos decía que era indispensable fortalecer la defensa de los militares y la Justicia Penal Militar. Más frontal era la aspirante conservadora Noemí Sanín, quien sostenía que “la Justicia Penal Militar es una parte vital de un Ejército fuerte. No existe en el mundo un Ejército fuerte sin fuero militar”. Incluso Gustavo Petro, que defendía los colores de un partido de izquierda como el Polo, coincidía en que "el soldado y el policía deben tener derechos dentro de la Fuerza Pública, y esos derechos tienen que ver con el debido proceso". Otros de los nombres en contienda como Antanas Mockus y Germán Vargas Lleras también se manifestaban a favor de fortalecer las garantías de juzgamiento a los uniformados.
Paradójicamente el asunto de redimensionar el fuero militar se atravesó en la campaña presidencial, pues, si bien es cierto que en el gobierno Uribe muchas veces el Jefe de Estado anunció que era necesario crear un sistema técnico de defensa judicial para la Fuerza Pública, esta idea nunca se concretó, salvo algunas medidas parciales.
Es más, las reformas a la Justicia Penal Militar estuvieron dirigidas tanto a que esta fuera más transparente y objetiva para investigar, juzgar, condenar o absolver a los militares y policías sindicados, así como para definir su ámbito jurisdiccional. En ese proceso, ya fuera por vía constitucional, legal y jurisprudencial, la mayoría de los casos empezaron a ser remitidos (incluso mediante múltiples choques de competencia) a la Justicia Ordinaria, pues se trataba de delitos que no tenían nada que ver con actos del servicio o implicaban graves violaciones de los derechos humanos.
Así, al tiempo que un sinnúmero de uniformados pasaban a órdenes de la Fiscalía y jueces ordinarios, y varios ex altos oficiales fueron procesados y condenados por casos tan sensibles para el estamento castrense como la recuperación del Palacio de Justicia, la insatisfacción en las filas fue en aumento.
Sin margen
Para nadie es un secreto que a Uribe, que tenía en la Fuerza Pública el alfil clave para apuntalar su Política de Seguridad Democrática, le quedaba muy difícil volver a fortalecer el fuero militar, toda vez que la presión de las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, era muy fuerte sobre el Estado colombiano, más por la forma en que fue quedando al descubierto la alianza macabra entre algunos sectores aislados de las Fuerzas Militares con los grupos paramilitares.
La cuestión se complicó aún más cuando estalló el escándalo de los ‘falsos positivos’, es decir cuando se reveló que algunas unidades militares valiéndose de engaños contactaron a desempleados, drogadictos, delincuentes y otras personas prometiéndoles trabajo en otras zonas del país, pero una vez allí fueron asesinados y luego presentados como guerrilleros o paramilitares dados de baja en combate.
Así las cosas, aunque Uribe Vélez repetía a cada tanto que había sectores de la izquierda radical, de ONG y ‘mandaderos’ de la guerrilla interponiendo falsas denuncias por presunta violación de derechos humanos contra los soldados, oficiales y suboficiales de las unidades castrenses y policiales más efectivas en el combate de los ilegales, poco pudo hacer para retornar el fuero militar a las características de años atrás.
Ya con Santos en la Casa de Nariño, muchas instancias colombianas consideraban que, acorde con sus promesas de campaña y más aún habiendo ocupado el Ministerio de Defensa, una de las prioridades del nuevo Gobierno sería aterrizar una reforma al sistema de juzgamiento de los uniformados, pero hacerlo más garantista y replicar la llamada ‘guerra jurídica’ contra la Fuerza Pública.
Sin embargo, aunque tanto Santos como el titular de Defensa Rodrigo Rivera anunciaron que trabajarían en esa dirección, poco hicieron en este primer año de gestión. Es más, a medida que la situación de orden público y seguridad rural y urbana se fue deteriorando, comenzó a rumorarse en círculos castrenses que había una ambiente de desmoralización entre las tropas y que en muchos casos los comandantes de las unidades en el terreno, preferían no operar para evitarse luego denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos.
Aunque el Gobierno y la cúpula militar y policial siempre negaron en los últimos doce meses que hubiera una especie de pasividad operativa -‘brazos caídos’- en las tropas y mandos de unidades en el campo de combate, las hipótesis que la confirmaban empezaron a generalizarse. Y ello dio origen a hablar de una especie de “guerra jurídica” generalizada contra las tropas que era instigada desde sectores de la extrema izquierda y personas que actuaban como fachada de las Farc, el Eln e incluso de las bandas criminales y rezagos de los grupos paramilitares, con el fin de ‘empapelar’ a los uniformados y neutralizar su efectividad operacional.
“Conflicto armado”
La cuestión se complicó todavía más cuando el Gobierno decidió reconocer, en el texto del proyecto de Ley de Reparación a Víctimas, que en Colombia existe un conflicto armado interno (y no una “amenaza terrorista” como sostuvieron en el mandato Uribe).
Sobrevino entonces una fuerte polémica sobre lo que implicaba reconocer el conflicto armado, y si ello podría dar lugar a legitimar de alguna manera el accionar de la guerrilla o abrirle paso a un estatus de beligerancia.
En medio de ello varios analistas y sectores castrenses indicaron que si progresaba la idea de reconocer la existencia del conflicto, con mayor razón se imponía la necesidad de volver a redimensionar el fuero militar, pues si se aceptaba que había un clima de guerra interna, la Fuerza Pública debía tener las garantías jurídicas para enfrentarla sin temor a que sus acciones operativas en el campo de combate terminaran siendo juzgadas por instancias civiles que no entendían la realidad puntual y escenarios que se dan en una confrontación armada.
Sin embargo, no se proyectó ninguna iniciativa en concreto para reformar el fuero militar. Es más, del tema se volvió a hablar por dos circunstancias muy distintas. De un lado, cuando se comenzó a ambientar la necesidad de hacer un nuevo “marco legal para victimarios” que permitiera ofrecer una salida jurídica atractiva para desmovilizar guerrilleros, integrantes de las bandas criminales al servicio del narcotráfico (bacrim) –compuestas por paras no desmovilizados o reincidentes- y hasta a posibles narcotraficantes. Todo ello bajo el supuesto de la que la Ley de Justicia y Paz no sólo había evidenciado muchos problemas para su aplicación, sino porque no cobijaba delitos cometidos después de 2005.
Algunos de los impulsores de crear una especie de Ley de Justicia y Paz II indicaron que allí podría ofrecerse algún tipo de gabela penal o penitenciaria a los militares y policías condenados por delitos graves relacionados con el conflicto. De inmediato se alzaron varias voces de militares en ejercicio, pero sobre todo retirados, advirtiendo que no se podía meter en un mismo saco y medir con el mismo rasero a integrantes de la Fuerza Pública con guerrilleros, paramilitares y delincuentes de otras calañas.
El segundo ámbito en el que el tema del fuero militar volvió a ponerse sobre la mesa fue el de los balances que se hicieron en los últimos meses por los 20 años de la Constitución de 1991. Cuando se analizó lo que había pasado en paz y guerra, no pocos analistas indicaron que la Carta creó un Estado muy garantista en materia de derechos, el mismo que muchas veces riñe con la realidad de un país con un conflicto armado interno.
Defensa técnica
Y lo último en esta larga cadena de circunstancias alrededor de esta cíclica polémica, se dio el pasado 7 de agosto, cuando el propio Jefe de Estado, al anunciar una reingeniería a la estrategia operacional militar para enfrentar el cambio táctico de la guerrilla y otros grupos ilegales, urgió poner en marcha una revisión de la normatividad y acelerar la implementación de un sistema eficaz y amplio de defensa técnica y jurídica para los miembros de la Fuerza Pública.
“He pedido al Ministro de Defensa que de inmediato se ponga en marcha una revisión de la normatividad para que se ajuste a esos principios en el caso de los soldados profesionales y, en general, para que se acelere la implementación de un sistema eficaz y amplio de defensa técnica que vaya desde la promoción de una ley de Defensa Técnica hasta la creación de unos servicios mucho más eficaces y justos de defensa legal”, dijo.
Recordó que como Ministro de Defensa fue implacable en la defensa de los derechos humanos y en la insistencia en que la Fiscalía y la Rama Judicial hicieran investigaciones rápidas, para que se conociera la verdad de los hechos y para sancionar a los que fueran hallados culpables.
“Pero ahora no nos podemos ir al otro extremo, dejando sin una debida protección legal a nuestras tropas y permitiendo que, con una simple sindicación, sean retirados de las filas”, anotó.
Puso el ejemplo de lo que está ocurriendo con los soldados profesionales, que son retirados del servicio a los 60 días de ser objeto de una simple acusación. “Eso es absolutamente inaceptable porque viola los derechos sagrados a la defensa y a la presunción de inocencia”, expresó el Mandatario.
Finalmente dijo que esos lineamientos de revisión de la estrategia y ajustes en los procedimientos tomarán un tiempo para su debido estudio e implementación, pero que espera que a fin de este año ya haya avances sobre la materia.
Esa tarea le fue ordenada a Rodrigo Rivera, pero como esta semana se produjo su sorpresivo relevo, ahora le corresponderá implementarla a Juan Carlos Pinzón, quien por ya haber sido Viceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación y conocer de cerca la realidad de las tropas, se espera que pueda aterrizar la orden presidencial de forma rápida.
La diferencia
Obviamente, después de todo lo que ha pasado en los últimos años y de ver cómo un sinnúmero de investigaciones contra militares y policías pasaron a conocimiento de la Justicia Ordinaria, ya que se consideró que los delitos imputados no se cometieron con ocasión o en relación con el servicio, en las filas castrenses hay poco optimismo sobre lo que pueda pasar con la creación del nuevo sistema de defensa técnica para los uniformados.
Es más, no pocas voces en los mandos de la Fuerza Pública, que por obvias razones no pueden expresar su opinión de forma abierta, consideran que no se puede confundir dos escenarios circunstanciales muy distintos.
“Lo que se está urgiendo es el fortalecimiento del fuero militar para poder actuar con suficiente margen, lo que no significa nunca patente de corso para violar la ley o los derechos humanos… Debe entenderse que estamos en un país que tiene un conflicto armado interno y en el que existe una estrategia de guerra jurídica para neutralizar a las tropas… Eso es muy distinto a la creación de un sistema de defensa técnica de los uniformados, pues allí no necesariamente se recupera el fuero del juzgamiento del uniformado, sino que se le apoya con abogados y costos en los procesos que llevan los jueces civiles y no la Justicia Penal Militar”, precisó un alto mando del Ejército, que pidió la reserva de su nombre.
Pero la cuestión es más complicada aún, porque además de la debilidad del fuero militar, tanto en lo penal como en lo disciplinario, a los integrantes de la Fuerza Pública les preocupa la forma en que otro ‘fuero’ que tenían se está empezando también a restringir.
Se trata de la posibilidad de que aquellos uniformados condenados (incluso por delitos que no tuvieran que ver con actos del servicio) pudieran pagar sus penas no en cárceles ordinarias sino en prisiones militares. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar a medida que la prensa reveló escándalos como el que se destapó a finales del año pasado en la cárcel militar en Tolemaida, en donde los internos gozaban de beneficios y gabelas excesivas. En otras guarniciones, los condenados o sindicados se fugaron y sus crímenes terminaron en la impunidad.
Conceptos
Pero esa disyuntiva no es aislada. Todo lo contrario, si se consulta a los generales y altos mandos retirados queda en evidencia que la urgencia de ellos es el fuero militar más que el sistema de defensa técnica. EL NUEVO SIGLO hizo esa tarea en los últimos meses.
Por ejemplo, el ex ministro de Defensa y general en retiro del Ejército, Rafael Samudio Molina advertía a este Diario tiempo atrás que era necesario hacer una revisión a fondo de la Constitución, sobre todo en la parte del fuero militar.
“El fuero militar es un problema por tal y como está redactado, con la interpretación y la jurisprudencia de las Cortes… El fuero militar existe, pero en una forma gaseosa, porque en la práctica no existe. Es decir, no hay fuero militar, nada es con relación al servicio de acuerdo con la interpretación que dan las Cortes y los jueces de la República”, precisó.
De acuerdo con el ex ministro, tal como está hoy la legislación constitucional “es inoperante, porque se dice que eso no hace parte de la función. Entonces hay un combate o de pronto un exceso en un choque armado o lo que sea, entonces se dice que no es del servicio y el uniformado pasa la Justicia Ordinaria, es decir, no hay fuero”.
Precisó que esa norma debe modificarse para que se aclare constitucionalmente que “con relación al servicio” es todo lo que esté sujeto a una orden de operaciones. “Creo que eso tiene que quedar claro, aunque las Constituciones no deben ser casuísticas. Sin embargo hay que buscar alguna forma para que se corrija”.
Samudio también advirtió que el fuero disciplinario para los militares tampoco existe. “Los comandantes militares tienen atribuciones disciplinarias, pero cuando la Procuraduría General aplica el poder preferente, le quita las investigaciones. Entonces el fuero disciplinario se cercenó, por así decirlo, con el Código Disciplinario Único”.
También meses atrás el ex comandante de las Fuerzas Militares, general (r), Manuel José Bonnet Locarno, dijo que “el fuero militar en Colombia existe, está en la Constitución y de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional. Lo que pasa es que últimamente lo han ido acabando pero de manera ejecutiva y, digamos, de manera anticonstitucional, como en el caso del ex director de la Escuela de Caballería y coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega; el ex comandante de la Décima Tercera Brigada, general Jesús Armando Arias Cabrales; y del general (r) Iván Ramírez, entre otros militares. Estos oficiales tienen derecho al fuero militar y debieran ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, pero terminan en manos de fiscales y de jueces”.
A su turno, el general (r) Álvaro Valencia Tovar advirtió sobre maniobras para afectar la operatividad y moral de las tropas. “La guerra jurídica y política existe en Colombia, es innegable, es parte de todo un montaje para desprestigiar a la Fuerza Pública y con ese desprestigio afectar también a la credibilidad del Gobierno nacional”, dijo.
Para el ex comandante de la Fuerza Aérea y presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Militares de la Reserva Activa, general (r) Héctor Fabio Velasco, la Constitución no representa lo que debía ser, “la desconocen y la violan frecuentemente a su arbitrio. Tal es el caso del fuero militar, definido y consagrado claramente en los Artículos 221, 250 y 234 y 256…”.
Entretanto, para el ex comandante del Ejército, general en retiro Harold Bedoya Pizarro, el problema radica en el ordenamiento constitucional que planteó la Carta del 91. “Se acabó con la Justicia Penal Militar, se acabó con la Inteligencia, se acabó con el fuero militar y con las funciones de Policía Judicial en la propia Constitución…”, precisó.
¿Entonces?
Hoy es claro que para la Fuerza Pública redimensionar el fuero militar es urgente, no porque estén pidiendo que si un uniformado comete delitos como una violación, conduce borracho o incurre en un homicidio en su tiempo de descanso (incluso utilizando un arma oficial) deba ser llevado ante la Justicia Penal Militar.
No. Todo lo contrario, ya existe una conciencia muy alta en el estamento castrense sobre esa diferenciación entre lo que es un delito común que no tiene nada que ver con el servicio ni se comete con ocasión del mismo. Hoy por hoy, cuando se presenta esta clase de situaciones, son los propios comandantes de Fuerza los que excluyen de las filas al sindicado y remiten de inmediato el caso a la Fiscalía y la Procuraduría.
El problema radica en aquellos casos en donde se trata de delitos cometidos en servicio pero que terminan en la Justicia Ordinaria, sin que fiscales y jueces tengan la suficiente preparación de lo que es una acción de combate ni el experticia para evaluar objetivamente el escenario operacional, los códigos de acción que allí se manejan, las circunstancias especiales a que se ven sometidos los uniformados para tomar una decisión o ejecutar determinada acción en cuestión de segundos.
Muchas veces la remisión de los casos a la Jurisdicción Ordinaria es casi automática, sin antes evaluar detenidamente lo que pasó o si se trata de una denuncia temeraria. Es más, los uniformados quedan suspendidos por largos meses mientras se adelantan las pesquisas y pasan necesidades tanto él como sus familias, al tiempo que la Fuerza Pública pierde hombres que requiere para operar.
Es evidente que si Colombia acepta que tiene un conflicto armado interno, debe tener una legislación acorde para enfrentar esa realidad, y entre ellas está un fuero especial de investigación y juzgamiento de la Fuerza Pública, no para institucionalizar la impunidad, como lo quieren hacer ver macabramente muchos sectores radicales, sino para que toda operación típicamente castrense en la que se pudo incurrir en una violación a la ley, sea evaluada y calificada por expertos en reglas y códigos de combate.
Sin embargo, del dicho al hecho hay muy trecho. Y por más que este sea un tema recurrente en los últimos años, no se ve que en el corto plazo el gobierno Santos, el mismo que reconoció la existencia del conflicto, se la juegue por una redefinición del fuero militar, por más que se diga que las tropas se abstienen de operar en muchos casos para evitarse luego investigaciones e intrincados procesos.
Por lo mismo, bien se podría decir que así se avance ahora en un sistema de defensa técnica de los uniformados, que implica más un apoyo en abogados y costos procesales, el fuero militar seguirá siendo lo que hasta ahora ha sido: una más de las tantas polémicas cíclicas nunca resueltas en Colombia.