Un trabajo intensivo deberá emprender el Gobierno nacional en las regiones fronterizas si es que quiere ponerlas a tono con el desarrollo que se vive en la mayor parte del país. Son muchas las necesidades en materia de infraestructura y de servicios básicos, al tiempo que el Plan Fronteras que viene desde el anterior gobierno es calificado como pañitos de agua tibia.

Colombia comparte fronteras terrestres y marítimas con 11 países. Un total de 13 departamentos, 77 municipios y 12 corregimientos componen las fronteras, con una población cercana al 10% (3,9 millones) del total de los colombianos. El 94,5% se concentra en las fronteras con Venezuela y Ecuador (2.759.000 y 969.000 respectivamente), el 69% habita zonas urbanas y un 21,6% pertenece a algún grupo étnico (indígenas, raizales y afrocolombianos). 

Sin embargo, debido a la inexistencia de una política integral para las regiones de fronteras y una oferta institucional que reconozca sus características y realidades, se han profundizado las desigualdades y desequilibrios con respecto al resto del país, afectando su desarrollo e integración. En la actualidad 90% de los municipios fronterizos presentan un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y reportan condiciones socioeconómicas menores al promedio nacional, según el Plan Fronteras para la Prosperidad, promovido por la administración Santos y que le dio continuidad al Plan Fronteras del gobierno de Álvaro Uribe.

Con el Plan Fronteras para la Prosperidad se busca priorizar el desarrollo social y económico de las poblaciones de frontera, mejorando la capacidad institucional por parte de los diferentes ministerios y agencias del Estado.

Igualmente, el actual Gobierno se ha propuesto que la política de fronteras sea de largo plazo, por lo que incluyó a las fronteras en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, lo que debe redundar en posicionar estas regiones en las agendas públicas y sectoriales, logrando intervenir en los planes plurianuales y proyectos de inversión.

Del dicho al hecho…

Los resultados del Plan Fronteras para la Prosperidad aún no los ven los millones de colombianos que habitan en esas regiones y se mantienen los niveles de pobreza, desempleo y deficiencias en materia de salud, educación y servicios públicos.

Incluso esa fue una de las principales preocupaciones que manifestaron las regiones al presidente Juan Manuel Santos en la pasada cumbre de gobernadores, adelantada en febrero anterior en San Andrés.

Al respecto el representante a la Cámara, Óscar Fernando Bravo, quien fue invitado a esa cumbre porque hace un tiempo fue autor de un proyecto para reformar la Ley 191 de 1995 (Ley de Fronteras), dijo que “al Presidente se le expuso por parte del Gobernador de Nariño (Raúl Delgado Guerrero), que fue nombrado por los demás gobernadores para ese tema, todas las dificultades económicas, de seguridad y hasta de políticas que tienen las fronteras frente a nuestros países vecinos en razón de todas las diferencias que en todos órdenes hay”.

Bravo explicó que en esa oportunidad, los gobernadores y los parlamentarios presentes le propusieron al Jefe de Estado “que es necesario reformar la Ley de Fronteras. En eso está trabajando la Federación Colombiana de Gobernadores y con nuestra contribución, a efecto de darle una nueva estructura a la atención que el Estado colombiano debe darle en todas las materias a las zonas de fronteras”.

Además producto de este diálogo del Presidente con los gobernadores se acordaron dos compromisos en ese sentido: la formulación de unos documentos Conpes por cada frontera para concretar en un término inmediato unas inversiones para desarrollar el sector de salud, educación e infraestructura y, segundo, hacer ajustes al proyecto de reforma al Código Departamental que estudia el Congreso, con los aportes de los gobernadores. Para tal fin se convino la conformación de una subcomisión integrada por 10 mandatarios regionales.

Aunque aún los gobernadores no han entregado su propuesta sobre la reforma al Código Departamental se acordó que incluirá un capítulo sobre fronteras para fortalecer dichas entidades territoriales para la gestión de su desarrollo y las relaciones transfronterizas con los gobiernos locales de los países vecinos.

Propuesta de gobernadores

La propuesta que presentaron los gobernadores para reformar la Ley de Fronteras incluye:

Plazo inmediato:

1.   Incluir la situación de frontera como uno de los criterios para la asignación de los recursos del punto adicional del CREE en educación (el déficit de educación en regiones de frontera es de hasta 82%)           

Agricultura: el 57% de cultivos ilícitos se encuentran en estos territorios.

Salud: los cordones fronterizos en su totalidad tienen la característica de zonas dispersas para la atención en salud.

 2.   Concertación, presentación y trámite de un nuevo proyecto de Régimen Departamental con un capítulo especial de fronteras, que entre otros, incluya la creación de un Fondo de compensación y desarrollo fronterizo y de la Agencia Presidencial para las Fronteras, como un consejo directivo integrado por el Presidente de la República, los ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores, DNP, DIAN y representantes de gobernadores y alcaldes de frontera.

 

 Mediano plazo: desarrollo normativo de la política de fronteras, que entre otros aspectos, considere transferencias específicas del Sistema General de Participaciones para municipios del cordón fronterizo.

 

Nariño y Putumayo

En la frontera sur del país con Ecuador, de casi 600 kilómetros, que cubre Nariño y Putumayo, son muchas las carencias que tienen sus habitantes en materia de inversión social e infraestructura, especialmente en este último departamento.

En Nariño el cruce fronterizo con Ecuador se hace a través del puente Rumichaca, que conecta a las poblaciones de Ipiales y Tulcán, por donde se mueve una importante actividad comercial, que no fue interrumpida a pesar del rompimiento por cerca de dos años de las relaciones diplomáticas entre los dos países como consecuencia de un ataque en 2008 de la Fuerza Pública colombiana a un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano.

El representante a la Cámara por Nariño, Óscar Bravo, dijo que “hay zonas donde se aprecia más la educación ecuatoriana con unas escuelas mejor dotadas, técnicamente mucho más modernas que las nuestras, hay zonas de nuestra frontera en Nariño donde se aprecian más las carreteras ecuatorianas, que todas son pavimentadas. Hay superautopistas de cuatro y seis calzadas, mientras que nosotros tenemos una vía espantosa entre Popayán y Pasto, y muy angosta entre Pasto y Rumichaca”.

Bravo dijo también que ni siquiera Colombia ha sido capaz de poner la parte que le corresponde para reconstruir el puente de Rumichaca, “que es un puente que francamente da vergüenza para ser fronterizo. De manera que el abandono es el mismo de hace muchísimos años”.

En cuanto al Plan Fronteras para la Prosperidad, el representante Bravo dijo que “eso ha servido para muy poquitas cosas, para llevar un computadorcito, para llevar cosas menores, pero no ha solucionado estructuralmente el problema de abandono que sienten las zonas de frontera”.

Añadió que “le estamos pidiendo al Gobierno colombiano que vuelva los ojos a las fronteras, que son parte importante de este país, que son las zonas más peligrosas porque requieren una estabilidad social y política con los vecinos. Hasta ahora ese Plan Fronteras ha sido paños de agua tibia y no una solución estructural”.

En tanto que el cruce fronterizo por el departamento de Putumayo está ubicado en el municipio de San Miguel sobre el río del mismo nombre, y aunque no tiene la misma dimensión comercial del paso por Ipiales, hay un activo intercambio, que tiende a formalizarse con la puesta en marcha del Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), ubicado en territorio del vecino país, en el cual compartirán su labor entidades de los dos países, como la DIAN, en el caso nuestro.

Sin embargo, al tiempo que se instala la institucionalidad en la zona, no pasa lo mismo con la infraestructura en San Miguel. Al respecto el alcalde de este municipio, Carlos Julio Rosas, dijo que “los municipios fronterizos son nuevos, no tienen todavía todos los servicios básicos, carecemos de muchas cosas”.

Precisamente el hecho de no tener acueducto hizo que este municipio perdiera la oportunidad de beneficiarse con el programa de las 100 mil viviendas gratis que adelanta el Gobierno nacional. Sus habitantes se abastecen del vital líquido por medio del sistema de aljibes.

El alcalde Rosas dijo que el  municipio tiene varios proyectos de desarrollo como son los de agua potable y energía, salud, y están a la espera de que se puedan viabilizar a través del Plan Fronteras para la Prosperidad.

Igualmente San Miguel tiene carencias en materia de vías pavimentadas. Una que construyó Ecopetrol, le faltan 3 kilómetros por asfaltar. En tanto que hay un proyecto para conectarse con la Troncal de la Selva por medio de una carretera de 80 kilómetros, pero igualmente existe el problema de la financiación de la obra.

Arauca

El municipio de Arauca, capital del departamento de igual nombre, se conecta con la localidad de El Amparo en Venezuela por medio del puente internacional José Antonio Páez.

A diferencia de otros municipios fronterizos colombianos, Arauca cuenta con una buena infraestructura de servicios gracias a las cuantiosas regalías que recibió producto de la explotación petrolera. Sin embargo en adelante verá una reducción muy importante en los ingresos que recibe por cuenta de la reforma a las regalías.

El alcalde de Arauca, Luis Emilio Tovar, señaló que la situación para el comercio en el municipio es complicada porque “nosotros vendemos bienes y servicios aquí en Colombia, pero esos mismos bienes y servicios los podemos conseguir también en Venezuela, y contamos con la desgracia de que el precio del bolívar frente al peso es muy inferior. Entonces, la gente de Arauca prefiere irse a San Cristóbal a hacer sus compras y le sale todo muchísimo más barato. Lo que quiere decir que quien se está lucrando, quien está ganando en el negocio son los dueños de los comercios en la frontera con Arauca”.

Esta situación da pie para que muchos colombianos subsistan por medio del contrabando de productos de primera necesidad como arroz y azúcar.

Tovar dijo que las recientes medidas que tomó el Gobierno del vecino país hicieron que el bolívar subiera de precio con relación al peso, lo que ha influido para que a medias se reactive el comercio de Arauca.

El Burgomaestre hizo un llamado al Gobierno nacional “a hacer presencia institucional mediante la compensación de los recursos que se sustrajeron para el centro del país con las regalías”.

Chocó

Por su parte total abandono se vive por parte del Gobierno central en la frontera con Panamá, indicó el representante a la Cámara por Chocó, Carlos Alberto Escobar. “La situación es bastante crítica, hay mucha desatención en primera instancia del Gobierno Nacional, del Estado”.

El Parlamentario indicó que en el caso del municipio de Juradó, en la frontera con Panamá, hay abusos de las autoridades panameñas con los pescadores, “los toman presos, no los dejan trabajar, los tildan de narcotraficantes, y eso que existe la Infantería de Marina y la Policía, pero no es suficiente”.

Escobar dijo que la situación económica de los habitantes de esta región es precaria y los servicios públicos deficitarios. “Tengo conocimiento que el Gobierno nacional abrió una licitación para la construcción de una planta de aguas residuales, pero el servicio es deficiente”.

Añadió que la atención en salud en esta región fronteriza, como en el resto del departamento, es pobre.