Optimista pero cauto, así se mostró el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, tras conocer la decisión de la Superintendencia de Sociedades. “Yo espero que el Gobierno tome la decisión de proteger los intereses de los ganaderos colombianos”, expresó.

 

El viernes se reunieron, a instancias de los medios de comunicación, los miembros de la junta directiva del Fondo Nacional del Ganado (FNG) buscando llegar a un acuerdo, situación que se vio frustrada tras la decisión de abandonar el recinto por parte del viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Pablo Pineda.

 

Tras dicha reunión, el ambiente era de incertidumbre y solo hasta hoy 18 de abril la entidad se pronunció anunciando la suspensión, solicitud que fue presentada por el promotor de la sociedad junto a varios acreedores, explicando que el plazo es el que se requiere para lograr finiquitar los procesos de negociación del acuerdo.

 

La decisión era la única carta que tenía el Gobierno para proteger al ministro de las decisiones que ha venido tomando con respecto al tema, en especial el no haber sometido a votación una propuesta de 6 de los miembros de la junta, a la que se suma el voto de Unaga. Es decir, hay un mandato de 7 de 9 de los integrantes de la junta ordenándole al Ministerio en su condición de administrador del FNG firmar el acuerdo y reorganizar financieramente a Friogán.

 

El plazo de poco más de un mes, según el dirigente gremial, “se le debe agradecer a la Superintendencia, que tomó una decisión que agradecemos los ganaderos y que nos permite enfrentar de mejor manera lo que consideramos un futuro lleno de retos, pero también de oportunidades”.  

 

Se tiene previsto que el próximo lunes 25 de abril se reúnan nuevamente los miembros de la junta directiva del FNG, un espacio en el que se podrán exponer de nuevo los argumentos del Acuerdo de Acreedores presentado el viernes.

 

“Podemos decir que esta vez nos salvó la campana, pero para evitar que se repita un escenario como este es necesario que el Gobierno llegue con ideas claras sobre la forma en la que habría que proceder si realmente tiene la intención de salvar la empresa”, aseguró el presidente de Fedegán.

 

El expediente dado a conocer por la Superintendencia es claro en el sentido de al representante legal de la sociedad que deberá estar al día con las obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso de reorganización, así como con las obligaciones por concepto de seguridad social, retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales y retenciones efectuadas a trabajadores.

 

De igual manera, la finalidad de la suspensión, agrega el expediente, es la de concretar el proceso de negociación del acuerdo, que se ha visto limitada por  los distintos intereses de las partes avocadas al proceso de reorganización.