Colombia encara el dilema de equilibrar la paz con la justicia, al cabo de casi medio siglo de conflicto armado, cuando los delegados en el diálogo del gobierno y la guerrilla se preparan para abordar la participación política, el tema más difícil de la agenda, según analistas.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan a cabo desde 2012 un proceso de paz con una agenda que contempla el desarrollo rural, la participación política, las drogas ilícitas, el abandono de las armas y las víctimas.

A punto de concluir la discusión sobre el desarrollo agrario, que será retomada el 15 de mayo tras una pausa en las conversaciones, deben pasar en las próximas semanas a debatir la participación política de esa guerrilla.

"En este punto tendrán que empezar a abordar la situación judicial de los integrantes de las FARC", dijo a la AFP Federico Andreu, experto de la Comisión Colombiana de Juristas.

Y la polémica ya está abierta en Colombia, con posiciones contrastantes entre el Fiscal Eduardo Montealegre y el Procurador Alejandro Ordóñez.

Montealegre es partidario de aplicar una justicia transitoria para resolver el conflicto entre "el derecho a la paz y el derecho de las víctimas a verdad justicia y reparación".

Para ello hay ya un camino abierto, con el marco jurídico para la paz, una reforma constitucional aprobada el año pasado que permite la suspensión del cumplimiento de penas a los jefes guerrilleros que se desmovilicen.

Pero Ordóñez considera que ese mecanismo es sinónimo de impunidad, pues "privilegia a los victimarios y sacrifica a las víctimas".

El Procurador además ha recordado que el país tiene compromisos internacionales "que no puede desconocer".

Desde 2002 Colombia adhirió a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad y genocidio, y desde 2009 para crímenes de guerra.

Las Naciones Unidas, a través de su representante en Colombia Fabrizio Hochshild, ha advertido que no apoyará una amnistía a crímenes de lesa humanidad.

Aunque los principales comandantes de las FARC han sido ya condenados en ausencia por diversos delitos, la Fiscalía ha aclarado que ninguno enfrenta cargos por crímenes de lesa humanidad.

Voluntad y responsabilidad política

Cristian Boelkel, especialista en el tema de Colombia del centro Crisis Group, considera que para encarar la participación política de la guerrilla debe haber voluntad.

"Sin esa voluntad va a ser muy difícil, pues ambas partes deben estar dispuestas a aceptar responsabilidad política en la violencia generada por el conflicto", dijo a la AFP.

Aunque reconoce que el "panorama es bastante complejo", Boelkel propone buscar un camino en el que confluya la "justicia, la verdad, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición".

Para Andreu "la piedra en el zapato son los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra", porque advierte: "hay obligación de castigar".

"Hay que buscar una solución en la que se respete las obligaciones internacionales de Colombia y el Estado de derecho", puntualizó.

"La historia de otros procesos demuestra que tarde o temprano la sociedad empieza a pedir cuentas", dijo, al señalar los casos de las dictaduras militares en Chile, Argentina y Uruguay.

Aunque todavía no se han concentrado en ese tema, las FARC rechazan ser juzgadas por los tribunales en Colombia.

"Ninguna autoridad moral tienen los victimarios y sus tribunales para juzgarnos", dijeron sus delegados la semana pasada en una declaración leída en La Habana, tras declararse víctimas del Estado colombiano.

En el inicio de la década de los noventa Colombia amnistió a los integrantes de la guerrilla nacionalista M-19, algunos de cuyos miembros han llegado al Congreso y otros cargos de elección popular, como el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Entre 2003 y 2006, las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, derecha) se desmovilizaron gracias a una ley que les garantizó penas máximas de ocho años de cárcel, a cambio de la confesión de sus delitos, incluidos los de lesa humanidad, y la reparación a las víctimas.

Aunque un 63% de los colombianos aprueba las tratativas con las FARC, el 67% está en contra de que puedan participar en política, según una encuesta divulgada a principios de mes.