Armando González
Periodista de El Nuevo Siglo
Tipificar la violencia sexual dentro del conflicto armado como crimen de lesa humanidad en los casos que así lo ameriten, es uno de los puntos clave de un proyecto de ley radicado ayer en el Congreso.
Se trata de la iniciativa “por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”.
Los representantes Ángela Robledo e Iván Cepeda, del Partido Verde y el Polo Democrático, respectivamente, así como la defensora delegada para los derechos de la niñez, la juventud y la mujer, Pilar Rueda, con el apoyo de organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos nacionales, organizaciones de derechos humanos internacionales, la Bancada de Mujeres del Congreso y diferentes bancadas y legisladores, radicaron la iniciativa.
“La violación y la violencia sexual sistemática contra las mujeres se han constituido en una táctica explícita y sistemática de guerra dentro del conflicto armado colombiano. Una forma de ‘calmar’ a las tropas, de ‘premiarlas’; pero también una práctica para humillar al enemigo y convertir a las mujeres en botín de guerra”, afirmó Robledo.
Cepeda anunció que “la iniciativa propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de casos de violencia sexual, con fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas en cuanto a su libertad, formación e integridad sexuales”.
Impunidad y CPI
En septiembre del año pasado, la directora para América Latina de Amnistía Internacional (AI), Susan Lee, le dijo a EL NUEVO SIGLO que la situación de impunidad frente estos casos le podría abrir la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional.
Lee hizo el comentario a propósito del informe de AI titulado “Eso es lo que nosotras exigimos: Que se haga justicia”, según el cual las autoridades les siguen negando a las sobrevivientes de la violencia sexual sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
“La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para abrir una investigación cuando es invitado por un Gobierno, o cuando un Estado no puede o no quiere asegurar que haya justicia para crímenes de lesa humanidad”, anotó Lee; y agregó: “En la medida en que el Gobierno colombiano no pueda o no quiera asumir esto pues abre la posibilidad de que la Corte Penal Internacional intervenga”.
En 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a 12.732 en 2000. Sin embargo, sólo 109 de estos casos fueron clasificados como relacionados con el conflicto, lo que pone de relieve la invisibilidad de estos crímenes.
Incluso cuando la mujer reúne el coraje necesario para denunciar un caso de violación o de violencia sexual, éste rara vez se investiga efectivamente.
Aguja en el pajar
En enero el extraditado narcotraficante Miguel Ángel Mejía, alias Pablo Arauca o el Mellizo, admitió haber esclavizado y prostituido a menores de edad mientras fungió como jefe paramilitar.
Mejía respondió así a la imputación de Janeth Niño, fiscal 22 de Justicia y Paz ante el Tribunal Superior de Bogotá, siendo la primera ocasión en la que la Fiscalía formula cargos por violencia sexual dentro del conflicto armado. La imputación cobija también a otros 9 desmovilizados del bloque Vencedores de Arauca, cuyo comandante era Mejía.
Compromiso sin concretar
En noviembre, con motivo del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que “quien agrede a una mujer nos agrede a todos, agrede el sentido de la dignidad humana, agrede la estructura de la familia, daña un miembro fundamental de la sociedad, a su capacidad de crecer, a su capacidad de aportar, de sembrar prosperidad”.
“Este es un compromiso formal, un compromiso radical, porque quien agrede a una mujer asesina el futuro”, agregó.
Pero, precisamente, el clamor de las organizaciones de mujeres es que ese compromiso se concrete.
Por ejemplo, las organizaciones que hacen parte de la campaña “Violaciones y otras violencias: Saquen Mi Cuerpo de la Guerra”, han manifestado la necesidad de que se adopten medidas urgentes y efectivas para prevenir y eliminar la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado.