Mecanismos  más severos para combatir a aquellos que pretenden utilizar las vías de hecho para impedir el regreso de los campesinos a sus tierras en Antioquia y en el resto del país se establecieron ayer en Apartadó.

“Los propietarios con tierras adquiridas de buena fe no tienen por qué temerle a la restitución. El Estado les brinda garantías. Rechazamos tajantemente las vías de hecho. Para ese efecto, las autoridades militares y de policía se mantienen atentas a reaccionar, y la Fiscalía está comprometida a investigar a aquellos que obren al margen de la ley. Actualmente existen varias denuncias sobre las que se está trabajando”, indicó Ricardo Sabogal, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

En el encuentro, Sabogal ratificó que la entidad repudia los intentos de desestabilización que se han presentado en el Urabá Antioqueño, al mismo tiempo que celebra la ayuda y el compromiso de las fuerzas militares y de policía a la hora de mantener el orden y la tranquilidad en torno al correcto desarrollo de la restitución de tierras.

“Con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hacemos justicia para aquellos que fueron despojados por actores armados ilegales. En esta zona quienes tomaban las decisiones, antes, eran los actores armados ilegales. Ahora, no. Las decisiones las toma un juez de la República, que escucha a las partes y luego de un debate legal, termina decidiendo. Las sentencias de los jueces y magistrados de restitución se cumplen”, dijo.

Sabogal insistió en que la ocupación de predios no se puede hacer sin la orden de un juez de restitución de tierras: “El que se robó la tierra tendrá que devolverla. Las autoridades tomarán cartas en el asunto y seguirán trabajando por el control territorial. Muchas de estas tierras que fueron despojadas ahora están pobladas por campesinos, el Gobierno está atendiendo sus casos y dando soluciones. Vamos a hacer valer todas las sentencias de los jueces, como corresponde a un estado de derecho”.

Por su parte, el general Luis Eduardo Martínez, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, aseguró que la institución realiza un seguimiento a las denuncias hechas por los reclamantes de tierras sobre intimidaciones y amenazas. En este sentido, el oficial afirmó que todo el peso de la ley caerá sobre los responsables.

“Acá esta la Fuerza Pública con todo, para garantizar la seguridad de los ciudadanos rurales a la hora de regresar a sus parcelas. Para lograr esto, adelantamos un fuerte trabajo interinstitucional. Trabajamos  mancomunadamente para que los campesinos puedan vivir tranquilos en sus tierras”, sostuvo el general Martínez.

A su turno, Germán Robles, procurador delegado de restitución de tierras, afirmó que la Procuraduría acompaña el proceso de modo riguroso a fin de evitar que se sigan presentando invasiones de predios en el Urabá Antioqueño.

“Es un tema complejo, pero, afortunadamente, las entidades tienen la voluntad de trabajar para solucionar el tema. Hay compromiso de cada una de ellas. Adelantaremos un trabajo de socialización con las comunidades y especialmente con los líderes que están viviendo esta situación”, precisó Robles.

El funcionario señaló que el órgano de control no permitirá que quienes tienen medidas de protección por parte del Estado, aprovechen estas para fines al margen de la ley.

“Tenemos compromisos ante las instancias judiciales, con procesos penales y con el estudio de casos de las personas que están siendo protegidas por el Estado, quienes están liderando situaciones no convenientes para la restitución y que están utilizando los medios que el Estado les brinda para generar acciones en contra de la ley”, aseguró Robles.