Al parecer los terrenos donde permanecen los indígenas, desde hace 30 años, ubicados en la vía Riohacha -  Santa Marta, serían propiedad de particulares.

Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que no se puede adelantar acciones de desalojo, puesto que existe confrontación entre dos títulos de propiedad. En caso de la comunidad, estos adquirieron títulos de los predios mediante una sentencia judicial que profirió un juzgado de Riohacha.

Por ahora, los aborígenes no serán desalojados y un juez ordinario estudiará la legalidad de los títulos de las partes.