Legislador que no tenga riesgos de seguridad deberá pagar cambio de carro de su propio bolsillo.

La millonaria licitación por 70.000 millones de pesos que pretendía adjudicar la Dirección Administrativa de la Cámara para el arrendamiento de 215 carros con destino a los representantes, fue frenada ayer por el presidente de la corporación Simón Gaviria, del Partido Liberal.
De esta manera, al menos en la Cámara, se cayó de nuevo el proceso de proveer vehículos a los congresistas a través del sistema de renting.
La decisión hace parte de un paquete de medidas que se adoptarán, gracias a un acuerdo interinstitucional firmado ayer mismo por Gaviria con el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo.
El documento establece además que la Cámara no seguirá administrando armas ni chalecos, y condiciona la adquisición de nuevo armamento a una petición expresa de la Policía Nacional.
“Se le cierra el paso al 'amiguismo' en la asignación de vehículos. El tema ya no estará en manos de la Dirección Administrativa. De ahora en adelante será la Policía Nacional la que establezca en qué casos realmente se requiere asignar vehículos por razones de seguridad y para ello se usará al máximo el parque automotor disponible”, explicó el representante Gaviria.
Según Gaviria, “el representante que no tenga problema de seguridad y que quiera carro nuevo, deberá pagarlo de su bolsillo. Para eso ya hemos contactado a concesionarios y entidades financieras para realizar en la primera quincena de noviembre una feria de libranza para que los congresistas y demás funcionarios interesados adquieran su vehículo, con cargo a su salario”.
Actualmente la Dirección de Protección de la Policía Nacional, por petición expresa de la Presidencia de la Cámara, adelanta una inspección técnica de los vehículos para establecer la necesidad real de vehículos. Así mismo, se le solicitó a la Contraloría General llevar a cabo una auditoría integral al parque automotor.
“De esta forma”, afirmó Gaviria, “tendremos certeza de la cantidad de vehículos que pueden seguir prestando el servicio de protección. En otras palabras, hoy estamos blindando este proceso y garantizando cero corrupción y cero despilfarro”.
De acá en adelante, como consecuencia del acuerdo entre Presidencia de Cámara y la Policía Nacional, cualquier proceso de adquisición de bienes o servicios para la protección de representantes se hará única y exclusivamente por petición expresa de la Policía: “Así lo haremos, por ejemplo con armas y chalecos. La Cámara no está para comprar ni administrar armas. Eso es labor de la Policía”.