La justicia española rechazó extraditar a Argentina al expolicía franquista Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', reclamado en el marco de una investigación sobre los crímenes de la dictadura española.

Como ya hizo la semana pasada con otro presunto torturador, la Audiencia rechazó la extradición por prescripción.

"Me parece un horror, la impunidad de ayer la estamos pagando con la impunidad de hoy", reaccionó indignado Acacio Puig, de 65 años, una de las víctimas del franquismo que ante la imposibilidad de hacer oír su voz en España llevaron hace unos años sus denuncias a la justicia argentina valiéndose de la jurisdicción universal.

Esto condujo a la apertura en 2010 por la jueza María Servini de Cubría de una investigación por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" durante la dictadura (1939-1975) y la guerra civil española (1936-1939).

La magistrada argentina reclamó en noviembre la extradición de González Pacheco, de 67 años, miembro destacado de la brigada político-social franquista, y del exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 75 años, por presuntas torturas a varios detenidos a finales de los años 1960 y principios de los 1970.

El viernes la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, ya había rechazado extraditar a Muñecas Aguilar, considerando que los delitos que se le imputan prescribieron.

El mismo argumento fue alegado ahora para rechazar la entrega de González Pacheco, calificado por el diario El Mundo como el "inspector más temido de la policía política de Franco", y que según este rotativo conservador vive una apacible vida de jubilado en un céntrico barrio madrileño.

Los "14 delitos de tortura cometidos entre febrero de 1971 y septiembre de 1975" por los que lo reclama la justicia argentina "estarían prescritos a los diez años, según la legislación española", consideró la Audiencia, señalando que "las denuncias por estos hechos se interpusieron en 2010 y 2012, por lo que el periodo de prescripción está ampliamente cumplido", precisó la fuente judicial.

Pese a reconocer que los hechos que se le imputan constituyen "tortura a detenidos por un grupo determinado, aislado y concreto de funcionarios policiales", el tribunal negó que éstos sean delito de lesa humanidad "al no constar que las torturas fueran parte de un ataque sistemático y organizado de ataque a un grupo de la población".

Una opinión que no comparten las víctimas. "Constituyen crímenes de lesa humanidad, algo que no es por tanto factible que prescriba", afirmó Puig, pintor e ilustrador, que afirma haber sido detenido y brutalmente apaleado por González Pacheco y sus compañeros a principios de 1973 tras descubrir en su casa "un almacén de propaganda antifranquista".

No obstante, la Audiencia Nacional "no aprecia que las torturas por las que se reclama a González Pacheco guarden relación con los asesinatos y desapariciones forzadas a que se circunscribe el procedimiento argentino, que se perpetraron tras el 17 de julio de 1936", fecha del alzamiento militar que llevó a la guerra civil española.

Sin embargo, las víctimas recuerdan a los expolicías por sus durísimas palizas, acompañadas a veces de picanas eléctricas, durante los largos días en que estuvieron detenidos sin informar a familiares ni abogados.

"Nos desnudaban del todo, en un momento dado nos vistieron con unos monos mojados, pero sobre todo nos daban palizas", explicaba en diciembre a la AFP Manuel Blanco, de 68 años, exmiembro del Partido Comunista de España Marxista Leninista y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota.

"Palizas y palizas y palizas y palizas, permanentemente", recordaba con motivo de la primera comparecencia de González Pacheco y Muñecas Aguilar ante la Audiencia Nacional.

Conminada insistentemente por la ONU a investigar los crímenes del franquismo, durante el que se estima desaparecieron 114.000 personas y fueron robados unos 30.000 niños, España entreabrió tímidamente una puerta para permitir que por primera vez la justicia oiga a las víctimas.

En las vistas de extradición de los dos expolicías, el fiscal Pedro Martínez, aunque insistió en que sus presuntas torturas prescribieron hace tiempo, propuso que las autoridades argentinas presenten una denuncia contra ellos en España.