Francia confirmó su intención de reducir en 2015 su déficit público a 3% del PIB, cumpliendo la exigencia de Bruselas, a costa de un plan de rigor sin precedentes en el país y criticado por parte de la mayoría de izquierda.

El anunció de las previsiones presupuestales hasta 2017 se hace en momentos en que la acción del gobierno socialista es cuestionada incluso en sus propias filas, tras la rotunda derrota sufrida por la izquierda en las elecciones municipales de marzo.

El nuevo primer ministro, Manuel Valls deberá convencer a su propia mayoría parlamentaria de la pertinencia de su política de rigor.

El ministro de Finanzas Michel Sapin, acompañado por el secretario de Estado del Presupuesto, Christian Eckert, presentó el miércoles el "programa de estabilidad", previsiones plurianuales a las que se someten desde el año pasado todos los países de la zona euro.

El ministro confirmó la intención de Francia de reducir el déficit público a 3% del Producto Interno Bruto en 2015, tras una etapa de 3,8% en 2014. Sapin afirmó que el retorno al 3%, umbral de tolerancia en la zona euro, "no es una cuestión de fetichismo o de sumisión".

En 2013, el déficit público de Francia fue 4,3% del PIB.

El texto de ese programa será sometido al voto de la Asamblea Nacional (Cámara Baja) el martes próximo y será enviado después a la Comisión Europea.

Ésta dirá dentro de un mes si cree o no en esa estrategia. Francia está sometida desde principios de marzo a la vigilancia de Bruselas, como España e Irlanda, después de haber sido autorizada a aplazar dos veces el objetivo de 3%.

Paralelamente, Francia espera una reactivación del crecimiento basada en una mejora de la coyuntura internacional, en particular con el aumento de sus exportaciones, pero también gracias a su política de reducciones de impuestos y de aportes sociales.

El gobierno espera un crecimiento del PIB del 1% en 2014, y una progresión regular del mismo hasta llegar a 2,25% en 2016 y 2017.

- 50.000 millones de recortes -

Para convencer a la Comisión Europea, vigía de los compromisos presupuestarios, Francia avanza otra cifra: 50.000 millones de euros de recortes.

"50.000 millones de economías en 2015-2017 con respecto al ritmo natural de evolución, es lo que se necesita para reducir la progresión de los gastos públicos al ritmo de la inflación, y es lo que nos permitirá proseguir la reducción de los déficits sin aumentar los impuestos", prometió el ministerio de Finanzas.

Ya muy criticado dentro del Partido Socialista, ese plan de recortes concierne la protección social en 21.000 millones, los servicios del Estado en 18.000 millones y las colectividades territoriales en 11.000 millones. Afecta en particular las subvenciones sociales, incluyendo las jubilaciones, y prevé asimismo el congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos.

El gobierno argumenta que esos recortes "se articulan" con el previsto "pacto de responsabilidad y de solidaridad". Es decir una reducción de 30.000 millones de las cotizaciones patronales, a los que se agregan más de 10.000 millones de reducciones fiscales (de aquí a 2017) para las empresas y 5.000 millones de medidas sociales y fiscales para las familias. El ejecutivo espera que todo ello permita crear 200.000 puestos de trabajo y un aumento del crecimiento de medio punto.

El primer ministro Manuel Valls recibió el martes una vez más a diputados socialistas que, sin cuestionar el monto del plan, desean que se modifique el reparto de los esfuerzos y que estos sean menos duros para los funcionarios y para los jubilados que tienen las pensiones más bajas.

Estas medidas se deciden después que la izquierda sufrió una rotunda derrota en las elecciones municipales de marzo, en las que la extrema derecha logró un avance histórico.