Fortalecen relación con Altas Cortes | El Nuevo Siglo
Jueves, 4 de Octubre de 2012

Con el fin de fortalecer las relaciones entre el Ministerio de Justicia y las Altas Cortes ayer se instaló la Comisión del Proceso Oral y Justicia Pronta, una instancia que es presidida por la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y cuyo objetivo fundamental es estudiar y recomendar estrategias que mejoren los procesos de la justicia y la acerquen más al ciudadano.

 

“Esta Comisión fue creada con la finalidad de que las tres ramas del poder público trabajen conjuntamente para garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la administración de justicia. El día de hoy, tengo el gusto de instalar por primera vez, desde su creación legal, esta Comisión que debe consolidarse como una instancia para que podamos discutir y hacer seguimiento a las diferentes iniciativas encaminadas a garantizar aquello que los ciudadanos demandan: una justicia inmediata”, dijo la Ministra.

 

Durante la primera reunión se trataron temas referentes a los avances en la implementación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, avances en la implementación del Código General del Proceso, en el proyecto de digitalizar la justicia y en los planes de descongestión judicial.

 

La jefe de la cartera de Justicia destacó que tras ponerse en marcha, esta Comisión será un buen mecanismo institucional para la colaboración armónica y la articulación entre las diferentes ramas del poder público para aunar esfuerzos en procura de una mejor administración de justicia.

 

La Comisión del Proceso Oral y Justicia Pronta está conformada por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, los presidentes de las comisiones primeras de Senado y Cámara, representantes de la academia y de la sociedad civil.

 

Una de las funciones principales de esta comisión es: estudiar y recomendar las medidas necesarias para hacer efectivos los procesos orales y la política de descongestión judicial, establecidos en la Ley 1285 de 2009, entre otras.