Satisfactoria resultó la jornada del taller de acompañamiento psicosocial y acceso a la justicia con enfoque étnico, dirigida a mujeres víctimas de la violencia de género, realizada entre el 15 y el 17 de noviembre en el municipio de Chigorodó (Antioquia), con el apoyo de ONU Mujeres y la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ONIC.

En total se atendieron 39 mujeres, entre ellas 10 afrocolombianas y 29 indígenas de las comunidades Embera Katío y Embera Chamí, todas habitantes de diferentes puntos del Urabá Antioqueño, dándoles a conocer las herramientas sicosociales y los principales mecanismos de justicia transicional, el empoderamiento frente a temas de justicia, verdad y reparación en el marco del conflicto armado y del conocimiento de acceso a las rutas y procedimientos que les permita hacer un goce efectivo de sus derechos y afrontar la reconstrucción de su proyecto de vida y así fortalecer el tejido social que se vio deteriorado por los efectos del conflicto armado.

La jornada contó con el respaldo de los gobernadores de las comunidades nativas de Polines, Chigorodocito, Saundó, Guapá Alto, Jaikerasabi y El Dos, Apartadó, y obtuvo una masiva participación de las mujeres afrocolombianas del sector del sur de Urabá, concentradas en Pavarandó, Bajirá, Riosucio y en los municipios del Eje Bananero.

Uno de los objetivos del taller es concretar las metodologías para el registro de los casos, el cual permitirá garantizar el tratamiento sicológico y judicial de las víctimas. Para ello, se contará con la ayuda de intérpretes y cuidadoras de niños avaladas por las comunidades indígenas, para no trasgredir su ideología y tener la información precisa de estas personas.

Las intérpretes tendrán ejercicios paralelos de autocuidado a cargo de las sicólogas de ONIC, el Plantón, Fupad y el Ministerio de Justicia, siendo este un proceso que requiere un trato diferente, con el fin de darles apoyo antes y durante la jornada.

Con apoyo de la Fiscalía, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y la Defensoría del Pueblo se realizará la respectiva denuncia de casos y el proceso pertinente para acercar aún más el sistema judicial a todos los rincones del país.

Informe gubernamental

Así mismo, el Gobierno nacional presentó a la conferencia  un informe donde reporta avances importantes en materia normativa y de política pública en favor de las mujeres, orientadas a permitir su empoderamiento, a superar las condiciones que generan inequidad, además de la erradicación de la violencia y discriminación contra las mujeres. Este mismo informe reconoce el papel protagónico de las mujeres en la consolidación de la paz en Colombia, además de identificar los retos urgentes que debe superar el país en materia de medidas de atención y justicia para las mujeres víctimas de violencia.

Por su parte, la Cepal alerta sobre aspectos críticos en materia de derechos humanos para las mujeres en América Latina y el Caribe como la violencia, la falta de ingresos propios y suficientes, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, las dificultades para decidir libremente sobre su vida sexual y reproductiva y la insuficiente representación en los espacios de poder.

Una de las cifras más preocupantes presentadas por el informe de la Cepal hace referencia a que cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujeres.

Por esta razón, este organismo invita a todos los gobiernos de la región para aplicar medidas innovadoras y efectivas para garantizar los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe.

Acciones de prevención

La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior continuó con el ciclo de capacitación sobre las acciones preventivas contra la violencia sexual desde la institucionalidad y la sociedad civil, dando así cumplimiento al mandato de la Corte Constitucional que ordenó al Gobierno establecer medidas que acaben de una vez por todas con los factores que inciden en la intimidación sexual en el conflicto armado y estructural de género, y el desplazamiento forzado.

“La idea es conocer el tema y actuar para prevenir. En el marco del conflicto armado, según el registro único de víctimas para el año 2015, las cifras estaban en 13 mil víctimas  de violencia sexual del conflicto”, manifestó Claudia Mojica, asesora de género de la dirección de Derechos Humanos, del Ministerio del Interior en el desarrollo de la socialización del Diagnóstico de violencia sexual dirigido a funcionarios públicos en la capital de la República.

Este tipo de ejercicios permite avanzar en la erradicación de la violencia de género relacionada con el ciclo vital, la raza, la etnia, la discapacidad, la identidad feminista y las orientaciones sexuales no hegemónicas.