Un llamado al Gobierno Nacional para que supere los inconvenientes que se están presentando con el registro único de víctimas y las dificultades que se avizoran en el corto y mediano plazo con la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, hizo ayer el procurador Alejandro Ordóñez.

Considera el Jefe del Ministerio Público que el formulario diseñado para el registro único de víctimas, el cual no fue consultado para su elaboración con la Procuraduría, presenta inconsistencias que constituyen un cuello de botella para el registro de las víctimas si no toman los correctivos apropiados.

De acuerdo al análisis del Procurador, el formulario es un instrumento complejo de diligenciar, que requiere de las víctimas información que no es indispensable, que trasciende la establecida en el Decreto 4800 de 20 de diciembre de 2011, que contiene definiciones jurídicamente inexactas, que tiene un enfoque orientado especialmente a las víctimas del desplazamiento y que establece requisitos que la Ley no ha previsto.

Su diligenciamiento demanda aproximadamente entre una hora y media y dos horas, y en promedio elaboran cuatro al día, lo que retrasa la labor de registro de las víctimas, que según el documento CONPES 3712 de 2011 se estiman cercanas al millón de personas. A lo anterior se suma el hecho de que las Personerías municipales no cuentan con los recursos humanos y técnicos para el registro.

Por otra parte, Ordóñez considera esencial que el formulario esté disponible en todos los municipios y que se evalúe la posibilidad de acceder a éste a través de un sitio Web del que pudiera descargarse para su diligenciamiento, preservando las normas propias de los sistemas de seguridad, así como una dirección física donde puedan ser enviados los formularios diligenciados en el tiempo que establece la Ley.

El Ministerio Público considera necesario que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Agencia Nacional de Protección cuenten con el personal suficiente para cumplir su gestión, la cual reviste vital importancia ante las amenazas, hostigamientos, e incluso asesinatos, a víctimas y líderes de organizaciones de víctimas que se vienen presentando, porque, sin duda alguna, de la protección que se brinde a las víctimas y sus representantes dependerá el éxito o fracaso de la Ley.

Finalmente, la Procuraduría pide reglamentar lo concerniente a la manera como deben ser elegidos los representantes de las organizaciones de víctimas para que consecuentemente sea instalada la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, entidad que deberá rendir un informe al Congreso de la República dentro del mes siguiente al inicio de cada legislatura.