Tras tresaños de recopilación de pruebas e información, la Procuraduría le formuló pliego de cargos al exalcalde Samuel Moreno y a la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Liliana Pardo, por la forma como se realizó la cesión del contrato de la calle 26 para la adecuación de la vía al sistema Transmilenio.

Según el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, el material recaudado incluye testimonios entregados en otras investigaciones que lleva a cabo la justicia penal en el carrusel de la contratación.

El contrato 137 de 2007, que se suscribió por 315.580 millones de pesos, con un plazo estimado de 86 meses y un anticipo equivalente al 30 por ciento, registró incumplimientos que fueron de conocimiento tanto de Pardo como de Moreno, dando lugar al estudio de alternativas tales como la caducidad o la cesión del mismo, solución por la que finalmente optó el IDU.

Según el Ministerio Público, la cesión “al parecer, se realizó con maniobras de amenazas y engaños al cedente, encauzadas, entre otros, a través de funcionarios del IDU”, en particular de Pardo, “lo que demuestra, hasta este momento procesal, el interés ilegítimo”, tanto de Moreno, “quien estuvo presente además en el acto de cesión”, como de la funcionaria “en que se cediera el contrato a quienes ellos habían previsto con anterioridad”.

Además, el contrato cedido fue objeto de modificaciones que generaron el cambio en el plazo de ejecución y el valor que los precios se variaron y la modificación de la forma de pago y la Administración, imprevistos y utilidades al incluir los llamados factores de contingencia.

Encontró la Procuraduría que las modificaciones generaron sobrecostos de alrededor  190.270 millones de pesos, monto que benefició al Grupo Empresarial Vías de Bogotá que recibió este dinero por la cesión del mismo. El presupuesto correspondía al IDU y a los fondos de Transmilenio, es decir, constituían bienes del Estado.

Así mismo se habría repotenciado el contrato en más de 150.000 millones de pesos, con la singularidad de que la firma concesionaria no cumplía con los requisitos de ley, por cuanto los balances financieros no respondían a los parámetros fijados por el IDU al momento de la cesión.

De otra parte, el Grupo Empresarial Vías de Bogotá SAS no devolvió 28.081 millones de pesos al IDU por concepto del valor legalizado amortizable del contrato, ya que Pardo, presuntamente determinada por Moreno, omitió la aplicación de la amortización a los pagos realizados por dicho monto al grupo empresarial.

Por posible violación al principio de transparencia (desviación o abuso de poder), detrimento del patrimonio público y desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa, contemplados en la Constitución y la Ley, la Procuraduría calificó provisionalmente como gravísimas, cometidas a título de dolo, las presuntas faltas de los ex funcionarios.