La Procuraduría General de la Nación, a través de su Regional Bolívar, formuló pliego de cargos en contra de Arcesio Pérez Bello, en su condición de alcalde de Magangué (Bolívar) para la época de los hechos; y los entonces concejales del municipio Fejed AlÍ Escobar, Carlos Arrieta Serpa, Jaime Bedoya Cárdenas, Luis Chacón Muñoz, Marlon Díaz Pérez, Abraham Dovales Lozano, Daniel Franco Pérez, Anastacio García Mendoza, Candelaria Hernández Hernández, Vladimir Ilich Macías Mejía, Mónica Marsiglia Martínez, Adonis Pabuena Rodelo, José Javier Roenes Galvis, Sara Valdelamar Baldovino y Miguel Ángel Villamizar.

Concejales y alcalde son investigados por aprobar y sancionar, respectivamente, el Proyecto de Acuerdo 028 de 2010, posteriormente Acuerdo Municipal 019 de 2010, por medio del cual se autorizó al primer mandatario de Magangué (Bolívar) a ampliar por trece (13) años el término de la concesión otorgada para la prestación de servicios de aseo urbano: barrido recolección y transporte de residuos sólidos en zonas determinadas.  

A la fecha de autorizar y sancionar el referido, los concejales y el alcalde carecían de competencias para otorgar dicha aprobación, puesto que el municipio de Magangué había sido descertificado por la Superintendencia de Servicios Públicos para la administración de los recursos destinados para la prestación del servicios de agua potable y saneamiento básico, y por tanto no era posible que asumiera nuevos compromisos.      

La ampliación se dio cuando faltaban diez (10) años para el vencimiento del término original del negocio jurídico, por lo que los entonces servidores podrían estar incursos en falta disciplinaria.

La falta posiblemente cometida por alcalde y concejales de Magangué (Bolívar) fue calificada provisionalmente por el Ministerio Público como gravísima a título de dolo.