Porque al parecer en el 2012 se reunieron para conformar la terna de candidatos para la Alcaldía de la localidad sin que existiera una convocatoria legítima para ese fin, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra diez ediles de la localidad Metropolitana de Barranquilla (Atlántico).

La documentación analizada por este organismo de control evidenciaría que los ediles Frank Antonio Chapman Patiño, Ilva Orozco González, María Elena Castillo Parra, Augusto Segundo Rivero Ruiz, Carlos Mario Acuña Wainer, Heidy María Barrera Vergara, Gloria Emperatriz Guerrero Tapia, Luisa María Rojano Goez, Yovanni Francisco Vergara y Deivys Enrique Cañate Sierra se habrían reunido el 31 de mayo de 2012 en sesión extraordinaria, en una sede diferente a la oficial, con el objeto de conformar la terna que se enviaría a la alcaldesa mayor del Distrito de Barranquilla para el nombramiento del alcalde de la localidad, sin que dicha sesión hubiese sido convocada por la Junta Administradora Local o por la alcaldesa mayor.

Esta presunta vulneración de los principios que inspiran el funcionamiento de las JAL y el posible desconocimiento de sus deberes funcionales fue calificada provisionalmente por la Procuraduría Provincial de Barranquilla como falta leve, cometida a título de dolo.