La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la señora María Susana Portela Lozada, en su condición de alcaldesa de Florencia (Caquetá), quien habría celebrado varios contratos sin contar con la debida autorización del Concejo Municipal de esa ciudad.

Señala el pliego de cargos que el cabildo habría otorgado facultades para celebrar convenios y contratos hasta el 28 de febrero de 2013. No obstante, la alcaldesa suscribió 17 convenios y contratos estatales entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

Para el Ministerio Público es claro que la señora María Portela estaba plenamente advertida que la autorización y reglamento otorgado por el Concejo para celebrar contratos y convenios estaba vigente hasta febrero de 2013, “motivado por la necesidad de tener consolidado de manera definitiva el presupuesto de este año fiscal y establecer la distribución del mismo con base en las necesidades de Florencia”. 

La Procuraduría reconoce las facultades que tienen los alcaldes como primeras autoridades administrativas, pero en ese sentido advierte que existía un acuerdo que imponía un límite temporal relacionado con el ajuste que para ese momento se hacía del presupuesto que regiría la vigencia fiscal de 2013, el cual fue sancionado por la propia alcaldesa tras considerarlo ajustado al ordenamiento jurídico.  

En consecuencia, la funcionaria pudo desconocer el principio de economía propio de la contratación estatal, pues posiblemente desconoció el acuerdo municipal que regía esta materia.

La falta fue calificada provisionalmente por la Procuraduría como gravísima a título de culpa grave.