La continuidad de las tensiones entre Cataluña y el gobierno de Madrid podrían tener un efecto sobre la proyección del crecimiento económico de España para este año, advirtió este viernes el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Europa, Poul Thomsen.

"No puedo hacer comentarios sobre problemas internos" de España, señaló Thomsen durante una conferencia de prensa, pero añadió que "si se prolonga la incertidumbre, eso podría tener un peso sobre el crecimiento, y obviamente queremos evitarlo".

En su último Panorama Económico Mundial, el FMI proyectó para este año un crecimiento de 3,1% para la economía de España, y de 2,5% en el próximo año. Estas previsiones son superiores al promedio de las economías desarrolladas de Europa, que el FMI estimó en 2,1% para este año.

Thomsen insistió este viernes en que el país ha exhibido progresos en materia económica y afirmó que "España ha tenido una recuperación robusta" después de la fuerte crisis de 2009.

Sin embargo, en esta misma jornada la vicepresidente del gobierno conservador español, Soraya Sáenz de Santamaría, alertó que la continuidad de la crisis en Cataluña podría obligar a una revisión a la baja en las proyecciones de crecimiento.

"Si no hubiera una pronta solución a este asunto, nos deberíamos ver obligados a una baja de las expectativas de crecimiento económico para el año 2018", que eran del 2,6%, dijo a la prensa la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.

"Cuando se instala la incertidumbre, la factura siempre la pagan los ciudadanos de Cataluña, las empresas y los trabajadores", insistió la vicepresidenta, instando a Puigdemont a volver a "la normalidad institucional".

Ya el jueves, la agencia calificadora Standard and Poors había advertido incluso del riesgo de "recesión" en Cataluña.

El martes, el presidente Carles Puigdemont dejó en suspenso la declaración de independencia de Cataluña ante el Parlamento regional, para propiciar una mediación internacional en su pulso con Madrid.

La maniobra choca con la posición del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que se opone de plano a cualquier tipo de mediación, y el miércoles envió un requerimiento al dirigente catalán para que clarifique si declaró o no la secesión.

Puigdemont tiene hasta el lunes para contestar. Si no lo hace o asegura haber proclamado la República, deberá rectificar antes del jueves 19 de octubre, o de lo contrario el ejecutivo central aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite arrebatar competencias al gobierno regional e incluso suspenderlo.

Desde el ultimátum, Puigdemont se encuentra entre dos fuegos: el de los empresarios, que prevén una "catástrofe" económica en caso de secesión, y el del ala dura del independentismo.

El ala dura presiona

El partido de extrema izquierda CUP, aliado clave del gobierno separatista catalán, instó este viernes a Puigdemont a levantar la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña, ante la amenaza de Madrid de arrebatarle competencias.

"Sólo a través de la proclamación de la República seremos capaces de respetar lo que la mayoría expresó en las urnas" en el referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre, señaló este partido en una carta al presidente regional.

Según el ejecutivo regional, en la consulta del 1 de octubre un 90% de los votantes apostaron por el sí a la independencia, y aunque solo participó un 43% del censo, el presidente se comprometió a aplicar el resultado.

Puigdemont recibió el jueves por la noche una advertencia similar de la Asamblea Nacional Catalana, una asociación secesionista con un fuerte poder movilizador en las calles.

"Ante la negativa del Estado español a cualquier propuesta de diálogo, ya no tiene ningún sentido mantener suspendida la declaración de independencia", señalaron en un comunicado.

En los últimos días, y ante la incertidumbre reinante, numerosas empresas de relumbrón sacaron su sede social de Cataluña, como los bancos CaixaBank y Sabadell, Gas Natural, la gestora de autopistas Abertis o la editorial Planeta.