La agencia de calificación financiera Fitch anunció el martes que ha puesto bajo vigilancia negativa la deuda de largo plazo de Japón, y amenaza con bajarle la nota como ya lo hizo su competidora Moody's la semana pasada.

El archipiélago tiene actualmente la nota A+, pero podría ser revisada a la baja en la primera mitad de 2015 "en función del plan presupuestario del próximo gobierno y de sus proyecciones económicas", explica la agencia en un comunicado.

Esta amenaza de sanción que enarbola Fitch es una advertencia a las autoridades japonesas y, particularmente, al primer ministro, el conservador Shinzo Abe, en vísperas de las elecciones legislativas anticipadas.

Abe decidió convocar a los ciudadanos a las urnas dos años antes de lo previsto para "preguntarles sobre la continuación de su política económica", denominada abenomics, tras decidir posponer un nuevo aumento del IVA.

"La decisión del gobierno japonés de aplazar hasta el 2017 una subida de la tasa al consumo, inicialmente prevista para octubre de 2015, constituye un factor negativo" para la nota, justifica la agencia.

El aplazamiento supone, según Fitch, que será "prácticamente imposible lograr el objetivo anunciado de reducir el déficit presupuestario primario en la proporción prevista" para el ejercicio de abril de 2015 a marzo de 2016.

Tampoco ayudará a eliminar el déficit primario ni a estabilizar la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB) en 2020/2021, "salvo en el caso que un futuro gobierno esté dispuesto a imponer en el periodo de 2015 a 2021 un control presupuestario más estricto" a más largo plazo, insiste la agencia.

"El factor clave de la nota soberana es el ratio alto y creciente de la deuda pública de Japón", aduce la agencia, que estima que la deuda bruta de las administraciones públicas niponas será el 241% del PIB a finales de 2014, frente al 184% de finales de 2008.

La agencia considera que posponer la entrada en vigor de una segunda subida del impuesto al consumo "no hace más que reforzar las dudas sobre el compromiso de las autoridades a logar el objetivo de consolidación presupuestaria", pese a que el simple aumento del IVA no hubiera bastado para reducir el déficit primario a un nivel que permita estabilizar la deuda.