Fiscalía también investiga crisis en Yopal | El Nuevo Siglo
Jueves, 27 de Marzo de 2014

La jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías de delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Gloria Elsa Arias Rangel, anunció las acciones que adelanta la entidad para investigar si la problemática ambiental que enfrenta hoy el departamento de Casanare, se puede deber a acciones u omisiones de las empresas que operan en la región o de las autoridades ambientales, encargadas de otorgar las licencias para el uso de fuentes hídricas.

Entre las hipótesis que maneja la Fiscalía además del calentamiento global, se investigan la situación se deriva de algunas acciones contra el medio ambiente por parte de empresas petroleras y agricultoras (arroceros y palmicultores).

“Se ha venido adelantando investigación penal con ocasión a la situación que viene ocurriendo en el departamento de Casanare, concretamente en Paz de Ariporo, la vereda Caño Chiquito, Centro Gaitán, Normandía y las Guamas teniendo en cuenta las muertes de los animales, que se han presentado en los últimos días”, afirmó la fiscal Arias.

Se conformaron 3 equipos de trabajo integrados por expertos, entre los que se encuentra un cartógrafo, un ingeniero ambiental, un ingeniero químico, un ingeniero forestal, un camarógrafo, un antropólogo, un geólogo, un topógrafo, y un fotógrafo judicial para obtener material de prueba que permita analizar y adelantar las investigaciones de la situación.

Un grupo en Bogotá realiza inspecciones al lugar e investiga todos los elementos probatorios que emiten las autoridades entre ellos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las Cámaras de Comercio y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entre otras.

Asimismo se encuentra un equipo de trabajo en Yopal que a partir del día de ayer realiza inspección a la Corporación Autónoma de la Orinoquía, Corpo Orinoquía, en donde también se recolecta toda la información de carácter administrativo.

En la inspección en zona en el departamento, con un equipo de más de 20 servidores públicos además de los peritos, el CTI y la Policía Nacional se están recogiendo entrevistas de las autoridades nacionales, departamentales y municipales así  como a los campesinos, finqueros y habitantes de la zona.

“Cuando se cuente con toda la información se realizarán los cruces respectivos para determinar posibles responsables o no de la situación que está ocurriendo” afirmó la jefe de la Unidad.

Como parte de la obligación constitucional que tiene la Fiscalía de investigar en contexto, la entidad está uniendo todos sus esfuerzos para llegar al esclarecimiento de esta situación para determinar si existen responsables.