El juez español Pablo Ruz deberá decidir si envía a juicio al Barcelona y a su expresidente Sandro Rosell por las supuestas irregularidades fiscales cometidas en el fichaje de su estrella brasileña Neymar, como ha pedido la fiscalía.

José Perals Calleja, fiscal de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, considera que hay indicios de que el fichaje del astro brasileño costó más de los 57 millones de euros declarados públicamente, según su escrito enviado al juez.

Además, pide que se investigue al actual presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, como imputado por un presunto delito fiscal en el ejercicio del año 2014 que podría ascender a 2,845 millones de euros.

La petición del fiscal llega apenas unas semanas después de que Bartomeu decidiera adelantar las elecciones a la presidencia azulgrana.

La fiscalía considera que en total “el coste de adquisición del jugador se estima en 82.743.485 euros” divididos en distintos contratos que sirvieron para su fichaje, pero se ocultaron con otros conceptos.

Debido a ello, el Barcelona dejó sin pagar como impuestos un total de 12.148.696 millones de euros, con lo que el coste total del jugador ascendió a 94,8 millones de euros, según un cuadro de la Agencia Tributaria española incluido en el escrito fiscal.

El cuadro detalla las cantidades pagadas por el fichaje y las que el club dejó sin pagar como impuestos, según la Hacienda Pública.

En su declaración ante el juez en julio de 2014, Rosell reiteró que el fichaje de Neymar costó 57 millones de euros, 17 de los cuales se pagaron al Santos, club de procedencia del delantero brasileño, y 40 a la compañía N&N, propiedad del padre de Neymar.

Según el fiscal, Rosell y el Barcelona habían llegado a un acuerdo con Neymar para su fichaje en 2014 una vez que estuviera libre, pero en 2013 decidieron adelantar el fichaje, ofreciendo más dinero al jugador y teniendo que pagar su traspaso al Santos.

El fiscal insiste en que Rosell ocultó las cifras reales del fichaje y que también "ideó la operación de tal manera que el Barcelona no tributara a la Hacienda Pública las remuneraciones" derivadas de esos contratos, pese a que el club fue advertido por una empresa auditora “del riesgo que suponía el tratamiento fiscal de la operación”./AFP