Al menos cuatro delitos (peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos) le serían imputados por la Fiscalía a la contralora Sandra Morelli.

La alta funcionaria es investigada por el millonario arrendamiento de unas oficinas en el occidente de Bogotá, donde funciona actualmente la Contraloría.

Argumentando falta de garantías y compromisos adquiridos con anterioridad, Morelli no asistió a la diligencia de interrogatorio ante el despacho del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, programada ayer.

La Fiscalía, con base en un informe realizado por la Auditoría General de la Nación, investiga presuntas irregularidades en el mencionado contrato que ascienden a más de 76.000 millones de pesos.

Desde 2011, cuando llegó al cargo, Morelli quiso cambiar de sede tras considerar que el viejo edificio donde funcionó por años la Contraloría ya no cumplía los requisitos técnicos. Por ello alquiló una sede en un nuevo edificio contiguo al Centro Comercial Gran Estación, al occidente de Bogotá, donde la Contraloría paga mensualmente más de 2.500 millones de pesos en arriendo.

Ahora se espera que el vicefiscal Perdomo decida la nueva fecha en que se realizará la diligencia de interrogatorio.

“Si la Fiscalía la citó a interrogatorio seguramente tendrá elementos de juicio para hacerle imputación. Ahora nos toca esperar una nueva diligencia”, dijo el exfiscal Mario Iguarán, apoderado de Morelli.

Para la Fiscalía, hay indicios que señalan que Morelli pudo haber incurrido en conductas delictivas durante el trámite del cambio de sede de la entidad y por eso decidió abrir un programa metodológico.

El principal detalle del caso es que según los investigadores del CTI que llevaron a cabo las indagaciones, la Contralora le habría pagado al propietario de las oficinas ubicadas en el Centro Comercial Gran Estación, dos meses de arriendo sin haber utilizado el inmueble.