Negándose a comparecer ante el tribunal por un ante juicio de mérito en su contra, la funcionaria tildó de “circo” y “peor que el golpe de Estado de Carmona” al Gobierno, que nombró una vicefiscal para que la sustituya, en caso de ser apartada del cargo
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, la funcionaria chavista de mayor rango que se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, rechazó comparecer ante la máxima corte de justicia y está a las puertas de su destitución.
"No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada", anunció Ortega ante la prensa en el Ministerio Público, acompañada de fiscales y otros colaboradores.
En ausencia de la fiscal, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno- celebró una audiencia de casi tres horas y se acogió a un lapso de cinco días para determinar si cometió "faltas graves" para su remoción.
"No he cometido delitos ni faltas y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo", sentenció Ortega, quien aseguró que buscan callarla para que no siga diciendo "verdades como que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional".
Ante los magistrados, el diputado oficialista Pedro Carreño argumentó su solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal, a quien acusa de "mentir" cuando afirma que no avaló la elección de 33 magistrados en 2015 por el anterior Parlamento de mayoría chavista.
"Ella le vendió el alma al diablo (...). Tuvo precio, le pasó como traidora lo mismo que a Judas, que lo compraron por 30 monedas de plata", dijo Carreño, acuerpado en la sesión por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, y el contralor Manuel Galindo, ambos chavistas.
Carreño pidió al TSJ evaluar la salud "mental" de Ortega y la semana pasada logró que la corte le prohibiera salir del país y congelara sus cuentas y bienes.
Apoyada por chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, responsabilizándolo de romper el "orden constitucional" por fallos del TSJ que socavaron al Parlamento, hoy bajo control opositor.
Controvertida sustituta
Poco antes de la audiencia, el TSJ designó como vicefiscal a la abogada chavista Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos por acusaciones de violar derechos humanos. Sustituiría a Ortega si fuese destituida.
"Ya sabemos que desde el día de hoy va a operar mi remoción. Si el TSJ decide removerme de mi cargo, no me quedará otra que colaborar a restablecer la democracia", aseguró Ortega.
La arremetida en su contra caldeó aún más la crisis política del país, sumido en el colapso económico y en una ola de protestas que deja 91 muertos en tres meses.
Un manifestante de 25 años falleció en Táriba (estado Táchira, oeste), en bloqueos de calles realizados en todo el país que, nuevamente, derivaron en disturbios.
La oposición, sin ceder, reiteró su apoyo a Ortega y tildó de "usurpadora" a la vicefiscal. "En cualquier país donde existiese siquiera un atisbo de justicia, en vez de (ser) vicefiscal estaría presa por hampona", señaló el diputado opositor Henry Ramos Allup.
Ortega recibió también respaldo desde el exterior. La Asociación Internacional de Fiscales condenó el procedimiento judicial abierto, que tildó de "arbitrario". Una destitución de la fiscal "radicalizará la crisis" y hará más evidente "el uso político del TSJ y la fractura del bloque de poder", dijo a AFP el jurista José Ignacio Hernández.
Solo el Parlamento tiene facultad para removerla, pero sus decisiones son desconocidas por el TSJ, que lo considera en desacato desde que la oposición asumió su control en enero de 2016.
"Lo hice y lo seguiré haciendo"
La fiscal fue acusada ante el TSJ tras su rotundo rechazo a una Asamblea Constituyente convocada por Maduro.
Para Ortega, la Constituyente -que según los oficialistas será un "suprapoder" con facultad de anular el Parlamento y destituir a la fiscal- violenta la democracia y destruye el legado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
La fiscal consideró el antejuicio como un "golpe de Estado más grotesco" que el del empresario Pedro Carmona, quien anuló los poderes públicos en la breve intentona contra Chávez en 2002.
Para el politólogo Luis Salamanca, Ortega busca quitarle al gobierno "la legitimidad que da Chávez". "Por eso buscará sacarla del juego. El gran peligro que tiene Maduro es que se le 'orteguice' (fracture más) lo que le queda del régimen", dijo Salamanca.
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La ofensiva en diez frases
1. "Hay una ruptura del orden constitucional (es la) acusación que hice y que hoy sigo haciendo".
2. "Venezuela se encuentra en un limbo constitucional".
3. "Estamos frente a acciones de barbarie, promueven (los oficialistas) la violencia, promueven el odio, incitan a la insurrección armada".
4. "Se ha desmantelado el estado de derecho, se ha venido abajo (...) Aquí lo que tenemos es un terrorismo de Estado".
5. "La democracia puede ser arrasada por factores políticos atrincherados en el poder que se escudan en las fuerzas coercitivas del Estado para contener el descontento popular".
6. "La falta de legitimidad de origen de los magistrados (del TSJ) afecta su idoneidad, su imparcialidad".
7. "Existe parcialidad de los tribunales para los casos que amenazan la estabilidad del oficialismo (...) Quieren anular cualquier disidencia que aparezca".
8. "No perdamos la esperanza, esa es la principal intención de aquellos que quieren adueñarse del país y gobernar sobre las ruinas".
9. "No voy a convalidar un circo (audiencia de antejuicio) que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor".
10. "Defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida".
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