El uso desmedido e inadecuado que algunas entidades de la administración de Gustavo Petro realizan del Decreto 777 de 1992 para justificar procesos de contratación directa, y así evadir licitaciones, concursos públicos y otras modalidades de selección objetiva reglamentadas en la contratación estatal, fue advertido por la Veeduría Distrital.

El Decreto 777 de 1992 puede ser utilizado cuando se trate del impulso de actividades de interés público por parte de una entidad privada sin ánimo de lucro, acordes con el plan de desarrollo.

La Veeduría Distrital encontró que algunas entidades como las Secretarías de Integración Social,  Desarrollo Económico y Educación, así como el Instituto Distrital de Turismo, están apelando a esta figura para celebrar contratos cuyo objeto corresponde a la ejecución de programas propios de la entidad estatal.

El organismo de control señaló que la ejecución de actividades y programas propios de cada entidad a través de terceros implica la existencia de una contraprestación directa a su favor y por tanto no puede utilizarse esta modalidad de vinculación para realizarla.

La veedora distrital Adriana Córdoba explicó que cuando una entidad pública requiera contratar con una ONG, fundación o cualquier entidad sin ánimo de lucro es para fomentar una actividad propuesta por esta última y no para impulsar actividades propias de la entidad distrital.

El estudio del ente de control preventivo revela que durante el primer semestre de 2013 las entidades y alcaldías locales suscribieron un total de 473 convenios por cerca de 148.000 millones de pesos bajo esta modalidad contractual y en el 2012 fueron 349 por cerca de 185.000 millones de pesos.

De los 473 convenios suscritos en el primer semestre de 2013 sólo el 17 por ciento fueron celebrados de manera adecuada, mientras que en el 2012 fue el 4 por ciento, lo que refleja una mejora en el uso adecuado del Decreto 777.

La Veeduría Distrital señaló que la Secretaría de Integración Social ejecutó 102.529 millones de pesos por medio de estos convenios, incrementando la celebración en 174 (226 por ciento), al pasar de 138 en 2012 a 312 en 2013, de los cuales sobresalen las inversiones en: primera infancia (165 contratos) y los comedores comunitarios (132). La Secretaría también acudió al Decreto 777 para adelantar programas propios, como adulto mayor y personas con discapacidad.

Precisamente el organismo de control explicó que una de las entidades sin ánimo de lucro que mayores convenios y montos ha celebrado es la Corporación Construyendo Amor con Amor, que suscribió 13 convenios con la Secretaría de Integración Social. Al constatar su objeto social con las actividades a desarrollar, sí corresponden al objeto del contrato, pero su celebración es inadecuada porque se trata de programas de la entidad distrital.

Si bien el Instituto Distrital para las Artes (Idartes) hizo uso adecuado de esta figura en la mayoría de sus contrataciones por más de 13.000 millones de pesos, el ente de control llamó la atención sobre 16 convenios que fueron celebrados para formación artística en apoyo al programa de jornada única de la Secretaría de Educación Distrital (SED). La Veeduría Distrital considera que no deberían realizarse a través de este proceso, pues hace parte de las funciones de la SED.

Por citar otro ejemplo sobre el uso inadecuado del Decreto 777, la Secretaría de Desarrollo Económico celebró un convenio de 5.500 millones de pesos en el programa de financiamiento para el emprendimiento y el fortalecimiento de las unidades productivas de confecciones del Barrio Policarpa, que al ser un programa propio de la entidad, no debería adelantarse con este esquema de contratación.

En cuanto a las Alcaldías locales, el ente de control destacó la reducción significativa de estos convenios con entidades sin ánimo de lucro al pasar de 153 en 2012 a 21 en 2013. Sin embargo, encontró altos montos en las contrataciones en Ciudad Bolívar, localidad que suscribió tres convenios por más de $3.000 millones de pesos destinados a la formación técnica de la localidad, equivalente al 57 por ciento de su ejecución presupuestal.