Una de las críticas que se han hecho a la reforma política y electoral que se discutirá en esta legislatura en el Congreso es que avanza muy poco en materia de financiación de las campañas frente a cerrarle el paso a dineros de los privados. El propio presidente Santos previamente llegó a proponer que fuera cien por ciento estatal, pero al final la propuesta es que se mantenga mixta.
La financiación de las campañas políticas está en el ojo del huracán después de que la semana pasada el Consejo Nacional Electoral decidiera abrir investigación formal a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014 con el fin de establecer si ingresaron dineros de la controvertida firma Odebrecht.
La decisión de abrir esta investigación surgió después de que la Fiscalía hizo llegar pruebas al Consejo Nacional Electoral, que a su juicio permiten tener certeza que no solo ingresaron en 2014 dineros a la campaña de Zuluaga sino también a la del entonces presidente candidato Juan Manuel Santos.
Por ello se espera que esta semana, el organismo electoral haga lo propio con la campaña de Santos, abriendo una investigación formal a las cuentas con el fin de establecer si ingresaron dineros de la constructora brasileña.
Se ha dicho que la magistrada Ángela Hernández, a quien le correspondió este caso, tendría lista una ponencia en la que solicita aperturar una investigación formal a las cuentas de la campaña santista en 2014.
La actual norma electoral contempla la financiación mixta de las campañas, es decir, una parte el Estadio y la otra con dineros privados, que pueden ser recursos propios del candidato o donaciones que le hagan personas naturales o jurídicas.
Las únicas restricciones en esta materia es que no se puede recibir donaciones de empresas extranjeras a las campañas y no rebasar los topes de gastos que previamente fije el Consejo Nacional Electoral.
El proyecto de reforma política electoral que presentó el Gobierno al Congreso como parte de la implementación de los acuerdos de paz indica que “las campañas para la elección popular de cargos y corporaciones públicas serán financiadas preponderantemente con recursos estatales, mediante anticipos, reposición de gastos y financiación estatal indirecta de algunos rubros que incluirá, al menos, la propaganda electoral y la franquicia postal, de conformidad con la ley”.
La distribución de los anticipos se realizará el 50% en partes iguales entre todas las organizaciones políticas con candidatos debidamente inscritos.
De igual manera otra de las novedades que plantea este proyecto de ley es que el Estado garantizará el funcionamiento del servicio público de transporte el día de las elecciones.
Además establece que las campañas electorales y las organizaciones políticas no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos, ni contratar transporte de electores para la fecha de elecciones y para actos y manifestaciones públicas.
Las transacciones y movimientos monetarios de las organizaciones políticas y las campañas electorales deberán realizarse únicamente mediante los mecanismos y medios del sistema financiero
Los particulares que hagan contribuciones de cualquier naturaleza a partidos, movimientos políticos o campañas electorales también están obligados a rendir públicamente cuentas sobre el origen, volumen y destino de ellas.
Además, el Consejo Electoral implementará el Registro Nacional de Proveedores Electorales. En él se inscribirán todas las personas que suministren bienes y servicios a las campañas.
Cotos en 2014
Un total de $98.935.568.996 invirtieron nueve partidos y movimientos políticos en sus campañas al Senado en los comicios de 2014, según la Misión de Observación Electoral.
El Partido de La U gastó $15.225.900.848; el Partido Centro Democrático $16.891.232.687; el Partido Conservador $15.872.113.963; el Partido Liberal $16.212.000.195; Cambio Radical $ 9.834.398.448; el Partido Alianza Verde $ 6.038.909.956; el Polo Democrático Alternativo $ 3.510.983.470; el Partido Opción Ciudadana $ 4.901.925.506 y el Movimiento MIRA $10.448.103.923.