Uno de los proyectos de ley que objetó el presidente Santos en días pasados es el que autoriza remuneración para los miembros de Juntas Administradoras Locales, el cual está pendiente de que las plenarias del Senado y la Cámara analicen los peros del Gobierno para hacer los ajustes correspondientes o, si no los comparte, enviar el texto a la Corte Constitucional para que diga la última palabra. No obstante la Federación Colombiana de Municipios comparte que no haya sido sancionada esta iniciativa como ley por considerarla inconveniente.
El director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “ese es un proyecto que ha venido de tiempo atrás, siempre les hemos dicho a los parlamentarios que con eso no se debe hacer demagogia porque es que termina perjudicando a las comunidades locales porque no hay plata para gastar más en funcionamiento, y esto iría a incidir muchísimo en el gasto burocrático de los municipios y de las ciudades”.
Toro explicó que el factor que se contempla en el cálculo del Sistema General de Participaciones, que es el esfuerzo fiscal, “pues obviamente se cae, y tendríamos menos recursos para inversión. Tendrían que sacarse más recursos para funcionamiento y esto es una contradicción”.
Por ello Toro consideró que “hace bien el Presidente de la República en objetar ese proyecto que, repito, el palo no está para cucharas y no podemos hacer demagogia y crear falsas expectativas con los recursos que no tienen los municipios”.
Toro dijo que “personalmente y todos los alcaldes del país reconocemos el valor tan importante que tiene para la democracia, para la administración y para lograr tener una comunicación más directa entre las distintas comunidades locales y las administraciones, que hacen los ediles, pero es que el país no tiene cómo pagar”.
Añadió que si los recursos para el pago de los honorarios de los ediles salen del Gobierno central o “nos incrementan los recursos en el Sistema General de Participaciones con esa destinación, o si no nos castigan por no hacer esfuerzos fiscales importantes y gastar más en funcionamiento, pues bienvenido y plausible ese proyecto. Pero mientras esas condiciones no cambien, esto le genera unos gastos muy complicados a los municipios”.
Voces en desacuerdo
Hasta marzo próximo en sesiones ordinarias las plenaria del Senado de la República y la Cámara de Representantes se ocuparán de definir qué va a suceder con varios proyectos de ley que fueron objetados por el presidente Santos, como el que convierte a las madres comunitarias en trabajadoras del Estado y el que obliga a los municipios al pago de honorarios a los ediles, que en la actualidad se hace solo en Bogotá y unos pocos distritos.
La senadora Doris Vega, de Opción Ciudadana, lamentó que el Gobierno nacional haya tomado esta decisión. "La iniciativa está enfocada en reconocer esa labor loable y meritoria que cumplen los ediles, en pro de vigilar la prestación de los servicios y las inversiones en sus localidades. Además rescata el derecho a la igualdad, en este caso a funcionarios pertenecientes a una corporación pública".
Por su parte, el congresista conservador Eduardo Enríquez Maya manifestó que la decisión del Gobierno nacional es respetable, pero a su vez lamenta que no se haya tenido en cuenta un reconocimiento mínimo a los derechos que tienen estos servidores públicos.
En el documento dirigido al Congreso, el Ejecutivo argumenta que la objeción de inconstitucionalidad tiene que ver con el artículo 2o, que modifica y adiciona el artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, donde se vulneran los artículos 287 y 362 de la Constitución, que desconoce el derecho que tienen las entidades territoriales para administrar sus recursos, particularmente sus ingresos tributarios y no tributarios; además, dice el Gobierno nacional, no satisface los requisitos que exige la jurisprudencia, para considerar la intervención del Legislador en la destinación de los recursos que son propiedad de los municipios.
El Gobierno explica que la remuneración de los ediles implicaría nuevos gastos de funcionamiento para los municipios, y además que el impacto fiscal que genera el proyecto de ley tiene repercusiones para los presupuestos locales. Sin embargo, aduce el Ejecutivo que el reconocimiento a la labor de los ediles puede efectuarse mediante otro tipo de medidas, que sí resulten respetuosas de la autonomía territorial de los municipios.
Respecto a la objeción de inconveniencia, según el Gobierno la iniciativa genera un impacto fiscal negativo, pero no lo precisa; señala adicionalmente que no es conveniente crear nuevas obligaciones a los municipios sin antes verificar cuáles son las condiciones materiales y las fuentes de financiación que les permitirá cumplir lo advertido en la ley.